Piden investigar a una ex fiscal en los casos Antillanca y Colihuinca
Se trata de Mirta del Valle Moreno, que en ambos expedientes actuó como fiscal antes de su ascenso.
RAWSON - El Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el envío al Ministerio Público Fiscal de Trelew de dos denuncias contra la actual jueza Mirta del Valle Moreno, para que se investigue si cuando fue fiscal cometió algún delito en los casos Antillanca y Colihuinca. La propuesta fue del consejero y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, y avalada por unanimidad.
Moreno fue severamente cuestionada por las familias de los policías condenados por la muerte de Julián Antillanca y por el padre de Rodrigo Colihuinca. Esas presentaciones las firmaron Griselda Cristina Escudero, Sara Beatriz Navarrete, Andina Jaqueline García, Carlos Omar Sandoval, Laura Soledad Córdoba y Juan Edelmiro Colihuinca.
En la última sesión del cuerpo en Rawson, los reclamos en contra de la exfiscal no prosperaron como para habilitar un jury de enjuiciamiento. Fueron declaradas inadmisibles pero igualmente el cuerpo demostró preocupación por los episodios relatados por los familiares.
Un obstáculo insalvable es que en el medio de las denuncias, Moreno concursó y pasó de fiscal a juez. Este dato obligó a revisar con cuidado los reglamentos disciplinarios. Es que un jury debería juzgarla por una función que ya no cumple. Según la mayoría del Consejo es un impedimento, pese a que algunos de sus miembros opinaron que el trabajo de Moreno no fue bueno en ambas pesquisas.
Pfleger advirtió sobre la gravedad de que pudieran haberse manipulado pruebas en alguno de los casos. Oscar Massari, por su parte, explicó que aunque es correcto no habilitar un Tribunal de Enjuiciamiento para Moreno, “si hay prueba suficiente habría que hacer la denuncia penal”. Y Eduardo Pinsker consideró que si hubo una “infracción grave” de Moreno, “no puede quedar saneada ni liberada de responsabilidad” sólo porque ya dejó la función.
El consejero Claudio Mosqueira admitió lo “complejo de la causa” y graficó que “debemos poner las barbas en remojo para un futuro”. Héctor Carmelino, Horacio Crea, Mosqueira, Oscar Massari, Martín Iturburu Moneff, Martín Montenovo, Rafael Lucchelli y Jorge Gutiérrez votaron por la no admisibilidad de las denuncias; Pinsker, Pfleger, Julio Aristarain y Mario Glades, en cambio, opinaron en minoría que pese a que Moreno cambió de trabajo, las presentaciones no se pueden archivar.
Definida esta votación, Pfleger explicó: “Yo he disentido en el contenido de los hechos que han sido puestos de manifiesto, y en la insinuación de que esos hechos constituyen delito propongo al Consejo que el contenido de la denuncia se remita al fiscal de turno para que él considere su investigación”. Esta solución intermedia se aprobó por unanimidad.
En el caso de la muerte de Julián Antillanca, a Moreno la acusaron de haber direccionado la investigación de modo tendencioso en contra de los policías condenados. “Obvió e ignoró elementos de prueba que podrían haber llevado a líneas investigativas más puntuales y certeras para dar con los verdaderos autores del homicidio”, dice la denuncia.
PADRE
En cuanto a la muerte de Rodrigo Colihuinca, la familia de la víctima le reprocha a la actual jueza que el día que el cadáver se halló en un descampado de Trelew, no fue al lugar del hecho ni ordenó preservar las pruebas ni dirigir la recolección de evidencias. También criticó a Moreno por su pelea interna con el entonces jefe de fiscales de Trelew, Eduardo Maza, cuando nadie quería hacerse cargo del caso.
Sobre el reclamo del padre de Rodrigo, la Comisión de Admisibilidad reflexionó: “Resulta claro el dolor en el que se encuentra inmerso el denunciante, no sólo por la pérdida de un ser querido y las circunstancias que rodearon el hecho, a lo que se sumó la no obtención de una respuesta judicial respecto a la real ocurrencia del hecho”. Aunque el reclamo familiar no basta para un jury, es “necesario y pertinente” decirle a Colihuinca que “no se agotó la posibilidad de descubrir la verdad”: todavía puede ir al Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito para saber el estado de la causa y pedir una resolución fundada.
Fuente: Jornada