Por falta de personal, un juez sólo investiga causas con penas mayores a tres años
Ocurrió en el Juzgado de Instrucción que conduce Eduardo Quelín, en función del “excesivo” cúmulo de trabajo y “carencia de personal". La fiscalía confirmó que la decisión era ilegal y ahora dieron intervención al Tribunal Superior de Justicia.
LAS HERAS (ADNSUR) - El fiscal de Las Heras, Ariel Candia informó a través de una serie de emails que el juez de Instrucción, Eduardo Quelín, había dictado una resolución en la cual resolvía que, en función del “excesivo” cúmulo de trabajo y “carencia de personal”, solo debían pasar a despacho aquellas causas en trámite, en las cuales se estuvieran investigando delitos cuyas penas previstas sean mayores a tres años de prisión.
Este fue el mecanismo que varios estrados utilizaron durante los primeros años del gobierno de Alicia Kirchner, cuando el Poder Judicial mantuvo una fuerte disputa por los fondos y la “Ley de enganche” para asignar aumento salarial, pero el Ejecutivo se negó. Los paros eran una constante, al igual que las retenciones de tareas, por lo que se reprogramaron juicios y en muchos casos se decidió atender solo a aquellas causas con detenidos.
Aunque la misiva del juez lasherense se da en un contexto bien diferente, dispuso que las restantes causas quedaran “reservadas en el sector de letra de cada Secretaría, situación que debía mantenerse así hasta el ingreso del nuevo personal y debiendo pasarse a despacho de manera excepcional y solo en los casos en que algún justiciable lo solicite formalmente”, indicó La Opinión Austral.
Cuando el fiscal de Cámara, Carlos Rearte recibió el email, sostuvo que lo que había resuelto Quelín “no se ajusta” a las normas, sobre todo a las atribuciones y deberes que tienen los jueces y juezas de Instrucción ni tampoco al Código procesal Penal. Además, el fiscal de Cámara sostuvo que la idea del juez, de ocuparse solo de algunos casos porque no tiene personal, “no se encuentra ajustada a derecho”.
El caso llegó al Juzgado de Recursos, a cargo de Miguel Ángel Meyer, que la semana pasada determinó dar por tierra con la decisión de Quelín, y en base incluso a una Acordada del Tribunal Superior de Justicia dictada en noviembre de 2011, le ordena que revoque su resolución, al tiempo que pide que una copia vaya para el máximo tribunal “a los efectos de su conocimiento y a los efectos que estime corresponder”.