Procesaron a 24 personas por los incendios en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos

El juez de garantías, Gustavo Castro, procesó a los 24 imputados por los desmanes, incendios, daños y robos que se produjeron el día 16 de diciembre pasado durante las movilizaciones en contra de la ley de zonificación minera. Entre ellos hay dos menores que no estuvieron en la audiencia

“Hasta el momento hay elementos suficientes que permiten presuponer de que se produjeron delitos”, dijo al momento de resolver el juez de garantías. El plazo de investigación es el que establece el Código Procesal Penal, de seis meses.

El fiscal general, Fernando Rivarola, objetó que el 16 de diciembre del año pasado, “el día más álgido de los disturbios”, se advirtió “una ausencia de una estrategia de seguridad que debió ser planificada por las más altas autoridades”.

Rivarola expuso que hubo una “ausencia total o al menos en número suficiente de agentes del orden que debían velar por la seguridad de los ciudadanos y de los bienes -públicos y privados- en el ejido urbano de la ciudad capital”.

“Todo el radio céntrico de la ciudad de Rawson, lugar de asiento de los edificios centrales de los tres poderes del Estado provincial, quedó prácticamente a merced de los manifestantes”, dijo el fiscal Rivarola.

Para el fiscal de la causa, esto hizo que se generara “la oportunidad para que grupos minúsculos, mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente en contra de la sanción de la ley, tomaran fuerza y de modo desorganizado, improvisados y sin ningún tipo de planificación previa, emprendieran una sucesión de acciones violentas.

MOVILIZACIONES

Desde temprano, se movilizaron a Rawson columnas de manifestantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partidos de izquierda y vecinos autoconvocados, que repudiaron el accionar de la Justicia frente a las protestas del "No a la Mina".

Entre los manifestantes se encontraba el ex dirigente de ATECh, Santiago Goodman, quien acaba de ser condenado por el incendio de la Legislatura ocurrido durante las protestas docentes de septiembre del 2019.

LOS INCENDIOS

Rivarola describió que los atacantes “arrojaron elementos contundentes con el propósito de desplomar los vidrios de los edificios públicos, para luego ingresar en los mismos e iniciar focos ígneos, valiéndose de los recursos existentes en las oficinas (hojas, libros, carpetas) así como saquear las cosas del lugar (computadoras, matafuegos, botellones de agua)”.

Rivarola expresó que “a medida que estos grupos no encontraban resistencia, la efervescencia fue creciendo tomando la vía pública a su antojo y emprendiendo, con elementos rudimentarios, contra los edificios públicos”.

Así fueron atacadas "la casa de Gobierno, la comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura, el Juzgado Federal, las oficinas de SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado, aunque también algunos comercios y propiedades privadas”, expuso el fiscal.

QUIÉNES SON LOS IMPUTADOS

Los imputados por diversos delitos que se investigan son: Nicolás Alejandro Díaz, Lourdes Molina Leguiza, Mauricio Vargas, Brian Díaz, los menores L.M. y G. V., Lucas Espinoza, Jonathan Quiñilaf, Miguel Parsons, Gustavo Colín, Fernando Díaz, Alexis Altamirano, Aldo Tacumán, Daniel Andrade, Kevin Catalán, Walter Saez, Bruno Felices, Damián Díaz, Maximiliano Terán, Agustin Ibañez Acuña, Jeremías Barroso, Jonathan Silva, Fernando Mariana y Walter Colazurdo.

Según consignaron desde prensa del MPF, la audiencia fue accidentada en cuanto a la posibilidad de su publicidad, teniendo en cuenta que en principio sería a puertas cerradas por estar imputados dos menores de 18 años de edad.

A último momento, al no concurrir ambos, se habilitó la sala, aunque ya era tarde para la presencia de periodistas y fotógrafos, debido al inicio del debate. En el exterior un centenar de manifestantes se hicieron oír en defensa de los imputados.