Provincia avanza con la compra de 25 pistolas taser para la Policía

RAWSON (ADNSUR) - El Gobierno Provincial avanza con la compra de las primeras 25 pistolas Taser, armas de electroshock que serán distribuidas entre el personal policial del Chubut. Además, se apeló la decisión judicial por la cual se impide la publicación de las identidades con una fotografía del rostro de violadores condenados.

Días atrás el Ministerio de la Defensa Pública emitió un dictamen con advertencias en el caso de que las autoridades provinciales avancen en la adquisición de pistolas Taser. Según el análisis no pueden incorporarse cualquier tipo de armas de electroshock y pidió dictar una reglamentación precisa sobre el uso de las mismas. A esto el ministro de Gobierno respondió con la insistencia de la compra de armas eléctricas y aseguró que desde la Defensa Pública se busca generar mala predisposición hacia su uso.

Massoni confirmó que ya se ha armado todo el instrumento jurídico para la adquisición de 25 pistolas Taser que se van a utilizar en Chubut. Reconoce el dictamen de la Defensoría pero aclara que no tiene nada que acotar. “No es que hay una oposición al manejo de las armas, sino que nos dicen que hay que tener determinado cuidado, en qué momento se utiliza y esto es lógico”, dijo. 

El ministro confirmó que la implementación “conlleva a una capacitación sobre cuándo se utiliza este tipo de arma porque es un arma electrónica. Sí me llama la atención el lenguaje que utilizan en la Defensa, como para generar una muy mala predisposición hacia esta herramienta, que no va a permitir que exista, lo que a la Defensa le encanta es ir y presentar en los tribunales que es violencia institucional”.

"Esta arma neutraliza a la persona y yo prefiero que a una persona la neutralicen y la esposen sin poner en peligro a los efectivos policiales, a terceros y a ellos mismos, a que tenga que venir un policía y ejercer una violencia para vencer la violencia de este posible delincuente, que en muchos casos se da con hay golpes y fracturas”.

Massoni reaccionó ante el uso de la palabra “picana”, es el “término que ellos utilizaron, picana, por lo que no tienen conocimiento de lo que es un Taser si lo llaman picana. Entiendo que está dicho a propósito como lo dicen, porque quieren sembrar este disgusto que les da una herramienta que les va a quitar trabajo, porque no van a tener tanto trabajo buscando la violencia institucional por parte de la fuerza policial. El Taser lo que hace es emprolijar los procedimientos”.

Adelantó el funcionario que “como primera medida se distribuirá a los grupos que están en la calle fundamentalmente como Canes, Infantería, que son aquellos que toman intervención en situaciones que son complicadas, no tanto de prevención, sino que deben ingresar y generar acciones. Lo mismo que GEOP”.

Igual aclaró que los efectivos policiales no dejan el arma convencional sino que van a portar las dos armas. “El Taser nos va a posibilitar el elemento que no teníamos entre la palabra y la tonfa y va a ser para todos los efectivos. La idea es que cada uno de los policías porte un Taser”.

CARAS DE CONDENADOS 

Otro frente de conflicto generó la decisión de publicar los datos con fotografías de violadores condenados en Chubut. Desde la Defensoría Pública se opusieron a la mediad y realizaron las presentaciones judiciales correspondientes que le dieron la razón. Es por eso que el ministro Massoni confirmó que se apeló la sentencia y se insistirá con la decisión.

En diálogo con Jornada, aseguró que “hay que terminar con esta política mal llamada garantista, que lo único que hace es defender los derechos de los criminales y no los de la sociedad. Estoy convencido de eso y es por lo cual iniciamos este tipo de proyecto”.

“Hay una confusión por parte de la Defensoría. Están mezclando porque dicen que a estas personas, si nosotros publicamos su fotografía, la estamos estigmatizando y no permitimos que se rehabilite socialmente. Lo que nosotros estamos buscando es otra cosa. Nos posicionamos en el lugar de defender a la ciudadanía y entendemos que advirtiéndoles, la ciudadanía va a tomar aquellos mecanismos preventivos que hagan a la seguridad de sus familias”.

“Estoy tan convencido de esto que me parece que hay una confusión profunda en cuanto a que los juicios y las condenas son públicas, y todo el mundo ve la cara de la persona a la que se condena, pero no quieren que esté en una aplicación”, afirmó el ministro quien asegura además que “en realidad se le está cercenando el derecho a la ciudadanía a conocer”.

“En principio arrancamos con los delitos más aberrantes que tiene el Código Penal, pero, con posterioridad, tienen que estar las caras de todos los que tengan condena firme. Todos debemos saber quién vive al lado nuestro, no podemos privarle a la ciudadanía a través de la ignorancia para que no pueda tomar las medidas preventivas del caso, porque de lo contrario el Estado sería responsable”.

“Si un violador tiene condena firme, que tiene un alto porcentaje de reincidencia en ese delito, y yo Estado no se lo digo y su hija sale a caminar y sufren un delito por parte de la misma persona, ¿quién es el responsable? Si el Estado sabía que estaba ahí y tomo la opción de no anunciarle a la ciudadanía que tome recaudos”, justificó.