Ricardo Soiza, exdirector general del Ministerio de Desarrollo Social, consiguió llegar a la fecha de su juicio por la estafa con planes sociales bajo el régimen de prisión domiciliaria. Esta decisión se produce luego de 14 meses de encarcelamiento y tras la negativa de la fiscalía a concederle la libertad al cumplir 70 años.
Desde julio de 2023, Soiza había permanecido en prisión preventiva después de las primeras formulaciones de cargos en su contra. Esta medida fue confirmada en varias ocasiones, motivada por la necesidad de resguardar el proceso judicial y evitar que Soiza influyera en otros coimputados o testigos.
A pesar de las solicitudes del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien argumentó que Soiza podía recibir los cuidados médicos que necesita en la comisaría, la jueza Carina Álvarez atendió los argumentos de la defensa y decidió conceder la prisión domiciliaria por razones de salud.
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Con respecto al estado de salud del exfuncionario, la jueza impuso restricciones en la divulgación de información para proteger su intimidad. Además, Soiza tiene prohibido el contacto con otros imputados o testigos y deberá cumplir con controles policiales diarios.
La causa que involucra a Soiza investiga a un grupo de exfuncionarios y empleados del Poder Ejecutivo, acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas en la administración y cobro de planes sociales mediante cheques y tarjetas de débito.
Con información del MPF bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.