Se contactó por videollamada con la menor que lo denunció por violación y le dictaron prisión preventiva

Durante la mañana de este pasado miércoles, el juez Alejandro Rosales, dispuso la aplicación de la prisión preventiva, por el plazo de tres meses, contra un sujeto de 57 años, imputado como presunto autor del delito de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y en contexto de la ley de protección integral contra la mujer. 

En este marco, se informó que la madre de la víctima, denunció al sospechoso, en la Comisaría de la Mujer, luego de que el último lunes, el procesado, intentó establecer contacto con la adolescente, mediante una video llamada. Asimismo, refirió que el imputado, habría permanecido estacionado en su vehículo, en inmediaciones del establecimiento escolar, al que concurre la víctima.         

Ante el incumplimiento de las órdenes impuestas por un tribunal revisor de Comodoro Rivadavia, en noviembre de 2021, se resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, respecto de la medida de coerción.

En la audiencia de revisión de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, la fiscal Rita Barrionuevo, indicó que la madre de la víctima, presentó una denuncia por desobediencia, en la comisaría de la mujer.

En ese sentido, refirió que la denunciante, manifestó que el imputado intentó contactar a la víctima, mediante una video llamada de la red social WhatsApp. A ello, agregó, que también había observado al sospechoso, cuando permaneció estacionado en su vehículo, en inmediaciones del establecimiento educativo al que asiste la menor.

En consecuencia, los representantes de la fiscalía, solicitaron al juez de turno, que autorice una orden de allanamiento y secuestro de elementos de interés para la investigación. La diligencia judicial, se realizó en el domicilio del procesado, y estuvo a cargo del personal de la División Policial de Investigaciones (D.P.I) y el Área de Criminalísticas de la fiscalía.

Por otra parte, dos funcionarios policiales, brindaron información respecto de sus intervenciones, en la recepción de la denuncia y la orden de allanamiento. Así las cosas, Barrionuevo, requirió que se revoquen las medidas sustitutivas impuestas en la apertura de investigación, realizada el 25 de noviembre de 2021.

La fiscal, peticionó que se le imponga la prisión preventiva, al sospechoso. El plazo requerido, para la aplicación de la medida, fue hasta la realización de la audiencia preliminar de juicio. Sus fundamentos, se basaron en la existencia de elementos de convicción suficiente para sostener que el imputado es (con el grado de probabilidad que requiere esta etapa) autor del hecho punible. Luego, enumeró y detalló, los elementos con los que cuentan en el equipo de investigadores.

También, desarrolló los riesgos procesales, vinculados al peligro de fuga por la pena en expectativa y por la gravedad del hecho. Asimismo, la investigadora, se refirió sobre el comportamiento del imputado durante el proceso.

A su turno, el abogado Marcelo Catalano, del Ministerio de la Defensa Pública, consideró que la parte acusadora, no presentó fundamentos suficientes, para que se haga lugar a la revocatoria de las medidas sustitutivas. Por otra parte, consideró que el proceso no penal está en riesgo. También, sostuvo que no se acreditó, que su asistido vulnerara las reglas de comportamiento impuestas.

Luego de un cuarto intermedio, el magistrado, repasó los planteos efectuados por las partes durante el acto judicial. En este contexto, Rosales, refirió que se ha evidenciado que el imputado, no tiene la intención de acatar, ni aceptar, las medidas de menor intensidad, impuestas por el tribunal.

Así las cosas, resolvió revocar las medidas sustitutivas y dispuso la aplicación de la prisión preventiva contra el imputado, por el término de tres meses o hasta la realización de la audiencia preliminar.

El caso

 Los investigadores, indicaron que el primer hecho de abuso, ocurrió durante el mes septiembre de 2020, en una oficina de un centro comunitario ubicado en el barrio “Parque 21 de junio”.

En tanto, en octubre de ese mismo, el imputado, agredió nuevamente a la menor de edad. En esa ocasión, el ataque se registró en el domicilio de la víctima.

Asimismo, la fiscalía, sostiene que, en noviembre de 2020, el agresor, utilizó su vivienda, para atacar por tercera vez a la adolescente.