TRELEW - Un marinero de Rawson será desalojado de cualquier vivienda que ocupe y lo dejarán en situación de calle por reiterados episodios de violencia familiar, obstruir la justicia y no pagar las cuotas alimentarias de su hijo de mayo, junio, julio, agosto y setiembre. El menor es discapacitado. Además, el hombre será arrestado por cinco días. Quienes lo alojen deberán pagar multas diarias de 10 mil pesos o también serán desalojados.

El juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, sentenció que “a un progenitor que no contribuye a los gastos de vivienda de su hijo corresponde directamente imposibilitarlo, con el auxilio de la fuerza pública, de que pueda utilizar esos mismos bienes materiales”. La Brigada de Investigaciones informará diariamente el lugar de residencia de J. para echarlo de donde sea que se aloje.

Las personas que lo cobijen serán castigadas con multas diarias de $10.000 o serán también desalojadas. “La ciudadanía tiene el deber de colaborar con la administración de justicia, especialmente cuando existe un fuerte interés colectivo en el cobro de la cuota alimentaria de un niño de corta edad que padece una grave condición en su salud, y en el cese de la violencia que sufre con su madre y abuela”.

El niño, de cuatro años, padece de una malformación severa del sistema nervioso central: una disfunción valvular. Fue a cirugía y pagaron su abuela y su pareja. El padre “está completamente desvinculado del niño”, dice el fallo.

Su abuela, la Sra. T., exigió el aumento de la cuota alimentaria. El hombre nunca hizo su descargo por la situación de violencia familiar y de género originada en la falta de pago.

“Visto su desinterés en dar explicaciones y ejercer su derecho de defensa, valoro su silencio como un elemento de convicción suficiente para tener comprobado que no existe ninguna circunstancia económica que le impida pagar”, explicó el juez.

Ni siquiera presentó una propuesta de pago para que su hijo tenga alimentos. “Develó en definitiva que su única intención es burlar el curso de la justicia, y obstruir que el niño pueda solventar sus necesidades”.

El nene vive con su madre, abuela materna y la pareja de ella. Cuenta con una pensión de $4.000 y va al jardín de infantes; su madre está desocupada y su abuela es beneficiaria del Programa de Empleo Padres de Familia, con un ingreso mensual de $350; su conviviente es trabajador autónomo y cobra $11.500.

“La inconducta del alimentante compromete el derecho de su hijo a un nivel de vida adecuado y es una manifestación de violencia económica hacia él, la madre y la abuela, que se inserta en el contexto de maltrato grave que ejerció sobre ambas mujeres”, explicó Alesi.

  1. ya tiene prohibición de acercamiento a la familia. A su expareja la trompeó en la boca, la empapó con alcohol en gel y la corrió con un encendedor, pateándola y burlándose de la agresión ante su suegra.

También cobró subsidios para su hijo que no llegaron a destino. Hasta rompió vidrios de la vivienda y ofreció dinero a terceros para que dañen el vehículo de la pareja de la abuela.

Alesi consideró que “estas mujeres al cuidar a S., deben afrontar el costo de la crianza, educación y cobertura de tratamientos por su especial condición de salud sin la contribución del padre”.

El ingreso de la familia la coloca debajo de la línea de pobreza, con un notable deterioro en su calidad de vida. “Aparece así la denominada feminización de la pobreza, es decir, el predominio de las mujeres con respecto a los hombres en la población empobrecida, con empeoramiento de sus condiciones de vida y violación de sus derechos fundamentales, ocasionada por la violencia patrimonial ejercida por el moroso alimentario”.

El fallo argumenta la dureza de la medida en que “la falta de una reacción enérgica contra el incumplidor revelaría la ineficacia del Poder Judicial, o peor aún, una normalización o minimización de la violencia familiar y de género”.

“Si el Poder Judicial no desincentiva estas conductas violatorias de derechos humanos básicos del niño y las mujeres encargadas de su cuidado, la ciudadanía podría pensar que el incumplimiento de la cuota alimentaria es una práctica tolerada por los jueces”.

“El incumplimiento corriente de las sentencias revela que el Poder Judicial no puede explicar su existencia, con el descrédito y desesperanza de una comunidad perpleja por semejante burocracia judicial”, admitió.

“Espero que el apercibimiento sea suficiente para que el Sr. J. reflexione con profundidad y modifique radicalmente su conducta. Si no sucede, experimentará inmediatamente en carne propia las privaciones materiales que hace sufrir a su hijo”. La idea es que “el moroso alterne entre la cárcel y la calle, colocándolo en una situación de vulnerabilidad”.

El fallo sintetiza la situación de J. con una frase: “Las llaves de la celda y de la casa están en su propio bolsillo”.

Fuente: Jornada

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