Sobreprecios: Los fiscales pidieron imputar a Huichaqueo y a Gilardino

RAWSON (ADNSUR) - El fiscal Omar Rodriguez informó que “presentamos un escrito de apertura de investigación en el marco de la causa por presuntos sobreprecios durante la emergencia climática en Comodoro por el temporal ocurrido en marzo del año pasado. Aclaró que "todavía no tiene fecha pero hasta que notifiquen a todas las partes, tomará una semana y 10 días”. Según se anunció, pidieron cinco imputaciones en la causa, dos de ellas para Leticia Huichaqueo y Alberto Gilardino.

El fiscal indicó que “la concreta imputación es defraudación. Todavía no hemos imputado respecto al sobreprecio. Lo que surgió de la investigación es que en algunos casos la mercadería no ingresaba y sí lo hacían las facturas sin mercadería. Esa factura se armaba un expediente, se autorizaba, abonaba a un proveedor y este proveedor retornaba ese dinero a los funcionarios”.

Al respecto, sostuvo que “800 mil pesos es el perjuicio probado en esta instancia; no quiere decir que ese monto sea la totalidad de la defraudación. Tenemos la sospecha de que la defraudación es más grande”.

“Pedimos la apertura de investigación para (Diego) Correa, (Diego) Luthers, (Alberto) Gilardinio, (Leticia) Huichaqueo y Marcelo Suarez”, informó el fiscal e indicó que “en los expedientes son pocas las firmas de Huichaqueo, aparece en uno respecto a comprar carne en el marco de la emergencia y tenemos la hipótesis de que esa carne no ingresó porque los galpones no tienen heladera u equipo de frío. Y desde Comodoro, las entrevistas que tomamos y donde la responsable de la delegación, Alicia Dubreuil recibió ni vio nunca carne en el lugar”.

Respecto a la responsabilidad de los comerciantes, informó que “manejamos varias hipótesis, el proveedor aparece como víctima de la exigencia de un funcionario infiel que exige la entrega de una factura como condición de cobrar lo que se le adeudaba. Es decir que se entregaba esa factura no cobraba lo que el Estado adeudaba”.

El fiscal explicó que el delito “no tiene una pena muy alta; el mínimo es de 3 años. De manera que las personas sin antecedentes, a futuro podrían recibir una condena en suspenso. No tenemos elementos para decir peligro de entorpecimiento de fuga; si los hubiera a futuro, lo pediríamos de inmediato”.

“Eventualmente podría haber empresarios imputados. Por ejemplo, un proveedor contrató con el Estado por un monto de 10 millones, 6 millones y medios se originaron el 30 de junio del año pasado. Era pasto y leña y cuando averiguamos dónde lo habían adquirido, nos encontramos con que las empresas donde supuestamente compraron no existen y en los domicilios fiscales y legales hay constituidos 200 empresas más del país, por lo que sospechamos que era un grupo de Córdoba que se dedicaba a vender facturas truchas”, informó.

En cuanto a la operatoria en caso de los funcionarios, detalló que “todas las contrataciones ingresaban por la unidad de gobernador. Allí se elegían a los proveedores, y se exigía en el caso concreto, la entrega de una factura sin mercadería o dinero a cambio de que el proveedor pueda seguir cobrando los pagos. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social se elevaba un memo a Correa y Gilardino para ser autorizado. Lo que aparecía era que desde la Subsecretaría se compraba la mercadería cuando en realidad era desde la Unidad del gobernador. Una vez que todas las facturas eran entregadas a Luthers, las remitían a la Subsecretaría de Desarrollo Social, armaban el memo, lo volvían a elevar a la Unidad de gobernador y Ministerio de Coordinación y le daban ingreso formal. Luego continuaban el trámite hasta ser pagado”

“Respecto a Huichaqueo, a instancias de ella le exigían a la responsable de depósito firmar los remitos cuando ella nunca lo había revisado. Ella firmaba y en los expedientes aparecía como que esa mercadería había ingresado cuando nadie controló”, sostuvo.

A su vez, sostuvo que “se quedaban con plata de la emergencia para paliar lo que sufrían los ciudadanos de Comodoro y parte de esa plata iba a algún funcionario”.

Finalmente, informó que en el caso de Gilardino “en principio tenemos elementos para sostener que él tenía conocimiento porque los dos decretos del gobernador de entonces tenían que ver con la responsabilidad de Gilardino en la contratación y compra de productos en el marco de la emergencia”.