Sorpresa por el pedido de sobreseimiento de funcionarios públicos en la causa Emergencia Climática de Comodoro

Antes del inicio del juicio para juzgar posibles delitos cometidos en la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de los ex funcionarios públicos involucrados, entre los que se encontraban Abel Boyero y Rubén Palomeque, por los trabajos realizados para retirar el barro arrastrado hacia distintos sectores de la ciudad por el temporal de lluvia ocurrido hace 7 años. Ahora, los jueces deben resolver si hacen lugar al pedido y avanzan sólo con el proceso en contra de los empresarios involucrados, que también podría verse alterado y eventualmente resolverse por una vía alternativa.

Tras el planteo, que pareció tomar por sorpresa a jueces del tribunal conformado para iniciar el juicio, luego de un extenso proceso de investigación sobre las tareas de retiro de los miles de toneladas de barro acumuladas en la ciudad, durante la catástrofe climática de 2017, el juicio quedó en espera.

La acusación original, que en su momento llevó adelante el ex fiscal Héctor Iturrioz, apunta a probar una presunta defraudación en contra del Estado municipal, ya que para la causa llegó a juicio con la hipótesis de que empresarios y funcionarios que debían controlar los trabajos aceptaron sobre costos, o facturas de trabajos no realizados efectivamente, en perjuicio del municipio.

Según pudo saber ADNSUR a través de fuentes judiciales, la fiscalía, representada ahora por Adrián Cabral y con la anuencia del fiscal jefe Marcelo Cretón, planteó que "no tiene prueba suficiente para demostrar que los funcionarios imputados fueron cómplices de los demás acusados, es decir los contratistas, en las maniobras defraudatorias", según confiaron las fuentes consultadas.

A partir de ese criterio, los fiscales retiraron la acusación para los funcionarios y pidieron su sobreseimiento. Además, anticiparon su intención de cambiar la acusación para los empresarios imputados, ya que, según pudo saberse, "dieron a entender que con ellos estaban negociando no celebrar el juicio, pactando una salida alternativa", según confió a esta agencia un observador cercano al proceso.

Por eso, el tribunal pasó a deliberar cuál será el criterio a adoptar, para definir si aceptan el planteo de la fiscalía o si deciden seguir adelante con el juicio tal como llegó planteado, aunque sin acusación de la fiscalía será difícil llevar adelante el proceso. 

Por otra parte, si cambia la acusación contra los empresarios involucrados, el caso podría encauzarse a través de una suspensión de juicio a prueba o juicio abreviado, según el tenor del tipo delictivo que finalmente terminen sosteniendo los fiscales.

En ámbitos tribunalicios había sorpresa porque es la primera vez que se da una divergencia de criterios tan marcadas, ya que es la misma fiscalía que en su momento acusó y sostuvo el proceso contra los 13 imputados, la que ahora dice no tener pruebas suficientes.

Por eso, los jueces del tribunal deberán resolver primero si son competentes para tomar una decisión y en segundo lugar, cuál es el criterio a seguir en un caso como éste. Una de los observadores consultados planteó también su extrañeza al indicar que “la Municipalidad es la parte perjudicada, pero no fue consultada por los fiscales antes de tomar esta decisión”.

ITURRIOZ: “LA FISCALÍA NO TIENE GANAS DE HACER EL JUICIO"

El actual ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, fue el fiscal que llevó adelante la investigación previa hasta llevar a juicio a empresarios y ex funcionarios públicos, por lo que expresó hoy su total desacuerdo con el planteo de los fiscales, de quienes, dijo, "no tienen ganas de hacer el juicio".

 "Es una sorpresa nada de nada grata por mí -dijo el ministro-, sólo yo sé el trabajo que se hizo para llegar al juicio en esa causa, en la que tuvimos una cantidad de ribetes que extendieron demasiado los tiempos, con planteos ante la Cámara penal en dos oportunidades y en ambas se sostuvo el criterio de que había probabilidad suficiente de que los hechos imputados sean ciertos", señaló Iturrioz, en diálogo con Actualidad 2.0.

Iturrioz recordó que en su momento, dos juezas diferentes compartieron el criterio de la fiscalía, lo que fue ratificado por la Cámara, al rechazar los planteos de las defensas para pedir el sobreseimietno de imputados o de intentar una vía alternativa para suspender el juicio a prueba.

"La verdad que me sorprende esta postura de los fiscales, que sin haber intervenido en la investigación y sin haber realizado la acusación, ahora entienden todo lo contrario -enfatizó, sin disimular su molestia-. Más aun por el pedido de sobreseimiento, cuando la doctrina exige que para esto el Ministerio Público Fiscal debe tener absoluta certeza negativa, es decir deben estar convencidos de que el delito no se ejecutó o que quienes se sindican como autores no son responsables penalmente. Yo estuve 5 años con la causa y estoy convencido de que el delito se cometió y que los que fueron sindicados son los autores son los culpables, pero en un tiempo muy corto alguien entendió lo contrario".

En ese marco, Iturrioz planteó su expectativa de que el tribunal "no acoja esta petición y se celebra el juicio, porque lo menos que se merece la ciudadanía comorense es conocer qué pasó en las circunstancias de 2017 y conocer si quienes deberían cuidarla distrajeron fondos del erario público para sus propios intereses, o no".

"UNO DE LOS FUNCIONARIOS ERA SOCIO DE EMPRESAS CONTRATADAS"

Para Iturrioz, las irregularidades quedaron demostradas durante el proceso de investigación, al referir que uno de los ex funcionarios involucrados, Abel Boyero, figuraba como socio de dos de las empresas contratadas para realizar los trabajos, en referencia a 'Golfo San Jorge' y 'Sudamerican Energy'.

"¿Cómo pueden decir que no hay un acuerdo turbio, que no se puede comprobar la complicidad? Yo creo que es no tener ganas el juicio -insistió Iturrioz-.No me queda otro razonamiento".

El ex fiscal y actual ministro había asegurado, durante el proceso, que el perjuicio estimado en contra del municipio alcanzó los 900.000 dólares, lo que fue cuestionado desde la defensa.

"Es curioso que hayan cuestionado esa cifra, porque ellos ofrecieron una cifra millonaria para la reparación y evitar la elevación a juicio", indicó.

El funcionario anticipó que en caso de que se confirme el sobreseimiento, planteará una denuncia en contra de los fiscales, aunque insistió en su seguridad de que “los jueces van a rechazar esta pretensión de la fiscalía”.

EL VATICINIO DEL ABOGADO DEFENSOR QUE SE CUMPLIÓ

Guillermo Iglesias, abogado defensor de Abel Boyero, había anticipado en diciembre último que “cuando un nuevo fiscal analice el caso, la acusación va a cambiar”. Así lo había expresado en declaraciones reflejadas por ADNSUR, al vaticinar que cuando un nuevo fiscal (en reemplazo de Iturrioz, que en aquel momento asumía como ministro) tomara el caso, adoptaría un criterio diferente.

Además, Iglesias había cuestionado la acusación de Iturrioz, de quien llegó a decir que "come calculadoras en vez de carne", refiriéndose a la cifra de 900.000 dólares que, según el abogado, “no tiene fundamento razonable”, al señalar que en el expediente “no hay una sola pericia contable que respalde ese monto”.

En relación a su defendido, sostuvo que Boyero está implicado en la causa porque firmaba los consolidados de deuda. Según detalló, el trámite administrativo de la percepción de esos montos pasaba por varias áreas: primero por Servicios a la Comunidad, luego por Infraestructura (que era la que Boyero manejaba), después al área contable, luego finanzas y finalmente, el Tribunal de Cuentas.

“Si el Tribunal de Cuentas hacía alguna observación, se la mandaba al área de servicio a la comunidad para corregir”, precisó Iglesias en aquel momento, al insistir en que "no era parte de la función de Boyero estar en el terreno controlando cómo se estaban haciendo los trabajos". Según afirmó, "hay una división de roles y por eso mi defendido, al igual que el intendente, no puede ser considerado culpable por la inconducta de otros”.