Tragedia en el río Manso: Parques Nacionales se refirió a la mujer que murió practicando rafting
Parques Nacionales confirmó que el prestador a cargo de la actividad no contaba con habilitación y violó los protocolos de seguridad.
Una excursión de rafting en el río Manso, cerca de San Carlos de Bariloche, terminó en tragedia con la muerte de Silvia Mónica Trejo, una turista de 61 años oriunda de Quilmes, provincia de Buenos Aires. La actividad era dirigida por Ismael Cisterna, un prestador inhabilitado, según confirmaron autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi.
De acuerdo con Dámaso Larraburu, intendente del parque, Cisterna operaba ilegalmente desde abril de este año, cuando venció su habilitación y no cumplió con los requisitos para renovarla. Además, utilizaba el nombre de la comunidad mapuche Huenchupan para ofrecer sus servicios turísticos, lo que ya había generado conflictos internos y denuncias por parte de la propia comunidad.
“La semana pasada protagonizó una discusión con personal de Uso Público de Parques porque no quería regularizar su situación. Esto derivó en su desalojo del área protegida. Sin embargo, continuó operando de manera clandestina, lo que lo convierte en responsable de este lamentable episodio”, señaló Larraburu.
El grupo liderado por Cisterna emprendió la actividad alrededor de las 16, un horario poco habitual para las excursiones de rafting, que suelen realizarse al mediodía. La embarcación volcó en un tramo del río, y aunque los demás ocupantes fueron rescatados, Trejo fue arrastrada por la corriente más de 400 metros.
Según testigos, uno de los kayaks de apoyo logró sacarla del agua y se le practicaron maniobras de RCP. Sin embargo, la mujer sufrió un infarto y falleció antes de que llegara la ambulancia.
Otro elemento que agrava el caso es que Cisterna no dio aviso inmediato del incidente, como exige el protocolo. Fue un guía de rafting de la zona quien alertó a las autoridades, lo que permitió la intervención de la policía y los bomberos recién horas después.
Parques Nacionales secuestró cinco gomones pertenecientes al prestador, que ahora están a disposición de la fiscalía para pericias. El fiscal Francisco Arrien, a cargo de la investigación, busca determinar si hubo negligencia o imprudencia, además de analizar una posible responsabilidad penal por la falta de habilitación y el incumplimiento de los protocolos.
La tragedia puso en evidencia las falencias en los controles de actividades turísticas en áreas protegidas. “Con más de 700.000 hectáreas bajo nuestra jurisdicción, es imposible supervisar todas las operaciones ilegales,” reconoció Larraburu.
Con información de La Nación, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.
