Un director del STJ de Chubut a juicio oral: lo acusan de falsificar actas en un concurso

Fue primicia de ADNSUR y finalmente este martes se confirmó otro escándalo institucional que afecta al Superior Tribunal de Justicia, ya que un alto funcionario será sometido a juicio: se trata del Director de la Oficina de Asistencia y Control de la Justicia de Paz, Daniel Omar Tejero, por la presunta comisión del delito de “falsedad ideológica” en un Concurso de Oposición y Antecedentes para un cargo de auxiliar del Juzgado de Paz de Gastre.

La denuncia la realizó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, ante la Fiscalía de Puerto Madryn, debido a la sospecha de que podrían haber fraguado actas y firmas en un concurso para acceder a un cargo en el Poder Judicial. La causa fue elevada a juicio oral y podría conformarse el primer jurado escabinado (o mixto) de la historia, según confirmó a ADNSUR el Fiscal Jefe de Puerto Madryn, Alex Williams.

Repasó todos los antecedentes y señaló que "el caso se origina a principios de este año por una denuncia del doctor Daniel Báez, que es ministro de Superior Tribunal de Justicia y me pidió recepcionarla y en aquel momento esa denuncia surgía a partir de personas que lo habían contactado de la localidad de Gastre que por lo menos habría una sospecha de la realización de un concurso que no respetó las reglas básicamente de lo que el concurso debía tener y cumplir, que era para un Auxiliar dentro del Juzgado de Paz de esa localidad".

Explicó que "se presentaron una serie de postulantes, se cumplieron con una serie de requisitorias, pero al momento de designar a la persona para obtener el cargo, para sorpresa de varios de los concursantes se designó una persona que de los pasos anteriores estaba relegada en el orden de mérito y luego de la exposición oral se convierte, digamos pasa al primer puesto y a la designación".

Ante la denuncia "pedimos la información detallada de lo que era el concurso, quién debería tomarlo, bajo qué modalidad, tomamos las entrevistas, recolectamos la documentación, lo que encontramos por lo menos a mi criterio, claramente un funcionamiento que no cumplía con la requisitoria que el mismo Superior Tribunal de Justicia había determinado para el concurso y que en mi criterio, y así lo hice en la acusación, implicaba desde lo que es nuestra intervención el haber fraguado particularmente un acta que es donde se establece la puntuación de los concursantes y ese acta es determinante para la obtención del cargo", dijo el fiscal.

Procedimiento

Williams detallo que "en realidad lo que se hace cuando se va tomar un concurso el Superior Tribunal de Justicia es designar una Comisión Evaluadora, esto significa que interviene más de una persona, o sea que no es unipersonal. Todos los concursos que nosotros tomamos dentro del Poder Judicial, dentro de la Procuración y dentro de la Defensa, quienes toman el examen son un tribunal y justamente el tribunal en todo el ámbito, y no solamente en lo administrativo, sino también exclusivamente en el judicial, tiene que ver con una mayor garantía de la persona que se somete al tribunal. De que no haya direccionamientos, de que justamente el hecho de la intervención plural le permita a la persona una mayor transparencia en el funcionamiento y en este caso del concurso".

Indicó que si bien "el acta da cuenta de que quien toma la decisión es la Comisión Evaluadora, es decir que efectivamente hay tres partes que intervienen y que toman la decisión respecto de lo que fueron las distintas etapas: una etapa oral, un examen psicológico y una etapa escrita".

Pero "luego cuando tomamos las entrevistas a los concursantes y a otras personas que deberían formar parte del concurso, corroboramos y comprobamos, incluso hay soportes video grabados, de que en realidad ninguna de esas etapas se cumplió como dice el acta. Pero básicamente las dos centrales son la del examen escrito y fundamentalmente la del examen oral". 

"El escrito si bien no se cumple con la intervención del tribunal en pleno, cierto es también que era un examen a través de la página y era con la modalidad de múltiple choice y algunas preguntas a desarrollar, entonces aun así estuvo controlado y en ese control que hace el mismo software o sistema estableció un orden de mérito que seguía en carrera, por decirlo así. Pero cuando se toma el examen oral, donde hay claramente una intervención subjetiva mucho más fuerte de la persona que toma el examen porque es su decisión, es quien pregunta, qué pregunta, a quien le pregunta cada cosa y cuál es la decisión que toma en ese caso interviene solamente el imputado que es Tejero y sin cumplir lo que mandaba el Superior Tribunal", sostuvo Williams.

Luego agregó que "hasta ahí esa situación podría dar lugar a una falta administrativa, si se quiere, pero luego se hace un acta donde se deja constancia, entre otras cosas, que se hace en Gastre y que la Comisión Evaluadora toma la decisión en pleno. Cuando nosotros indagamos, tomamos las entrevistas, juntamos la filmografía y la documental, corroboramos que esto no fue así. Que quien tomó el examen solo y su decisión pasó exclusivamente por él y contraviniendo lo que disponía el Superior terminó de realizar la selección sin esta metodología de más intervinientes para darle mayor transparencia al examen, lo hizo a sola firma, entre comillas, porque justamente lo que se pone en crisis es que el acta que uno la mira y parece que está bien hecha, como si tuviera la intervención de terceras personas. Luego corroboramos que esto no era así".

Agravante

Luego dijo el fiscal que "la persona representante del Sindicato nos dijo que por una cuestión personal no había podido formar parte del examen y que Tejero lo había llamado y le había dicho que se quede tranquilo que todo estaba bien y que firme el acta sin mayor explicación. Y esta persona desde su desconocimiento, engañada en su buena voluntad a mi criterio, accede a la firma".

Pero "el acta no refleja eso. No dice: “yo tomé solo el examen. La otra persona no pudo venir y dejo constancia”. El acta dice algo en su espíritu que realmente no sucedió".
Por lo tanto, para Williams "es una falsificación de instrumento público, a nuestro criterio. Que cumple con esta requisitoria. Esta es la acusación, fuimos a la audiencia preliminar.

El defensor de Tejero que es el doctor Pérez Galimberti se opuso a que la causa se eleve a juicio, pidió el sobreseimiento por considerar básicamente dos cuestiones: que el acta en sí misma no es un instrumento público y que lo que requiere la falsificación es un daño potencial y no se cumplía. Esas son cuestiones bien técnicas".

Explicó que "nosotros resistimos esa posición porque para nosotros claramente es un instrumento público y hay un daño no sólo potencial, sino materializado porque la persona que quería concursar para ver si podía acceder a ese empleo dentro de la estructura del Poder Judicial de la manera que se tomó el concurso se vio privada de hacerlo en igualdad de condiciones que la persona que ganó".

Respecto a los participantes del concurso, dijo el fiscal que "originalmente superaban los 15, que llegaron a una etapa decisiva con chances de acceder al cargo porque se establece un orden de mérito. Porque después la selección la debería haber hecho el propio Superior. Pasaron positivamente las tres etapas un número cercano a 10, pero con un orden de mérito bien establecido donde había tres personas que estaban en claras condiciones de acceder al cargo y la persona que gana es la que venía cuarta o quinta, antes del examen oral y pasa de cuarto o quinto a primero".

Por lo tanto, dijo que "opusimos resistencia a ese planteamiento técnico hecho por la Defensa y la jueza, la doctora María Alejandra Hernández, coincidió con el planteo de la Fiscalía respecto de que esto es indudablemente un instrumento público que tiene todos los elementos que lo convierten en un instrumento público y que el perjuicio también existió y en ese sentido ya ha dispuesto que la causa se eleve a juicio".

Pena

Reconoció Williams que "es un delito que tiene una expectativa de pena baja, pero el hecho de haber sido cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, que es uno de los elementos que pivotea en esta cuestión, hace que no pueda acceder a soluciones alternativas como una suspensión de juicio a prueba y que deba dirimirse en una cuestión judicial".

Y sobre el tribunal que debe intervenir y un posible jurado escabinado, dijo que "no hay antecedentes. Hemos atravesado ya exitosamente en casi todas las jurisdicciones los primeros Juicios por Jurados, de hecho, podemos ver casi a cotidiano que se siguen haciendo audiencias y preparando juicios con la intervención de jurados, pero no hemos tenido ningún desarrollo de un juicio escabinado".

"Un tribunal escabinado significa la intervención tanto de jueces técnicos como de personas que forman parte de la sociedad sin formar parte de la estructura del Poder Judicial, sería como que en vez de un jurado de 12 personas en este caso de dos personas vengan a concretar el tribunal para juzgar al funcionario público. Es un sistema que deberemos probar, porque la verdad es esa que nunca hemos atravesado. Es la misma Ley la que lo regula, pero no hay juicios escabinados realizados, así que es una cuestión a resolver. No está claro todavía", sostuvo Williams.

Está previsto cuando está acusado un funcionario público y "es la excepción al Jurado Popular. Se llama tribunal escabinado pero implica la intervención de particulares en la decisión judicial".

"La decisión técnica la toma la jueza, pero sí es cierto que la agenda, por lo menos, para esta parte final y la primera parte del año que viene está agotada. Veremos de acuerdo a esa agencia cuándo se puede fijar la fecha", concluyó.