Un hospital deberá pagar una indemización de 11 millones de pesos por mala praxis

En un fallo reciente, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Roca condenó al Estado provincial a pagar una indemnización de más de $11 millones a un hombre que sufrió graves secuelas tras recibir atención médica deficiente en el hospital local. El caso, que involucró una fractura mal tratada, reveló fallas en el servicio de salud y resultó en una sentencia que pone de manifiesta la responsabilidad civil del Estado en casos de mala praxis.

El paciente, un hombre de 44 años, se fracturó la tibia y el peroné durante un partido de fútbol y acudió al hospital de Roca en busca de atención. El traumatólogo de guardia, tras diagnosticar la lesión, le realizó una radiografía, ajustó el hueso desplazado y colocó una bota de yeso, indicándole que mantuviera la protección por cinco meses. Sin embargo, al retirarle el yeso, el hombre comenzó a experimentar dolores intensos y persistentes, lo que lo llevó a consultar a otros especialistas. Estos determinaron que la fractura había “soldado mal”, provocando secuelas permanentes.

Inicialmente, el paciente presentó una denuncia penal por mala praxis contra el médico que lo atendió, pero el profesional fue sobreseído por falta de pruebas contundentes. No obstante, el hombre no desistió y decidió llevar su reclamo al fuero contencioso administrativo, buscando una compensación económica por los daños sufridos. El juez que llevó adelante el caso que la atención médica que recibió fue inadecuada y responsabilizó al Estado provincial, imponiendo una indemnización que supera los $11 millones, más intereses, a favor del paciente.

En su sentencia, el juez sostuvo que “el Estado provincial ha incurrido en una falta de servicio, prestando un servicio de salud irregular, lo que causó daños irreversibles en el cuerpo del paciente”. Las pericias médicas revelaron que el tratamiento adecuado para la lesión que presentaba el hombre requería una cirugía con colocación de tornillos y placas, algo que no se realizó. En cambio, el ajuste inadecuado del hueso y la inmovilización prolongada con una bota de yeso provocaron una deformidad permanente en la rodilla y un acortamiento de dos centímetros en la pierna afectada.

Aunque la demanda se presentó únicamente contra el Estado, la provincia solicitó que el médico también fuera incluido en el proceso. Al no poder ubicar al profesional, la Defensa Pública lo representó como “ausente”, y el juez lo declaró “civilmente responsable” de los daños. Esto permite al Estado reclamar al médico para intentar recuperar el dinero de la indemnización.