Una jueza advirtió sobre la "apremiante" situación por la falta de cárceles en Comodoro

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En la circunscripción Comodoro Rivadavia es “apremiante” la situación por la falta de alojamiento para presos. Lo advirtió un fallo de la jueza de Ejecución Gladys Olavarría. “De un total de 10 comisarías, sólo hay disponibles siete, teniendo cuatro de ellas una capacidad de alojamiento de dos a tres detenidos por seccional”, explicó. Por este motivo ordenó la prisión domiciliaria para que D. M. cumpla su pena de 5 meses, en una casa de calle Chile. El sujeto había sido  condenado por el juez Mariano Nicosia por tentativa de hurto y robo por episodios ocurridos en junio de 2016 y junio de 2018.

La magistrada explicó que debido al caso de la desaparición de Iván Torres está clausurada la Comisaría 1ª. Lo mismo sucede con la Comisaría 5ª debido al incendio del 2 de junio, donde murió un interno en prisión preventiva y un condenado fue internado. Además están clausuradas la mayoría de las celdas de la Comisaría 3ª por roedores, falta de instalaciones de agua y mampostería. Y existe imposibilidad de alojar detenidos provinciales en la Seccional 6ª, ocupada por presos federales.

Salvo el Instituto Penitenciario Provincial a más de 350 kilómetros de Comodoro, “los demás lugares de detención no cuentan con condiciones edilicias óptimas o adecuadas para el alojamiento de detenidos de acuerdo a los estándares internacionales”. No hay personal penitenciario ni existe un programa de reinserción y planificación de tratamiento penitenciarios de los condenados. “Sólo en dos lugares de la ciudad los internos pueden asistir a la Educación de contexto de encierro posibilitando que concluyan los estudios primarios y secundarios, que cursen los talleres de capacitación laboral”. Estas actividades sólo se desarrollan para los detenidos en la Alcaidía Policial y la Seccional 7ª.

La juez explicó que es tradición llamar “cupo carcelario” cualquier lugar o celda con camas, sin evaluar su dimensión, la intimidad que requiere el interno para sus necesidades básicas al usar sanitarios, la falta de espacios comunes para actividades recreativas, de capacitación, educativas o de contención familiar, y la falta de lugares comunes acondicionados para comer.

“En dicha errónea denominación de tinte institucional se incluye dentro de ese cupo al alojamiento en comisarías de toda la provincia, que no cumplen con la condiciones básicas que requieren los organismos internacionales para considerarlos adecuados”.

Olavarría consideró que hace varios años Comodoro tiene personas condenadas esperando plaza para cumplir su pena. “Este número se incrementa a diario, y ante la falta de lugar debido al hacinamiento, los jueces hemos dictado la extinción de muchas condenas por prescripción de la pena. Es un evidente gasto de dinero público, además del tiempo de los funcionarios y abogados que tramitaron el caso, como de los empleados judiciales”.

Este escenario “contribuye a crear la sensación de impunidad para la víctima, se traduce en gastos tecnológicos en materiales de uso, grabaciones de audiencias, tiempo de dictado de sentencia para magistrados, gastos de traslados judiciales de imputados, entre otros, sumado a la falta de control de aquel sujeto captado por el sistema que debe ser evaluado para determinar si rencausó su vida. Es un despropósito y un evidente fracaso del sistema penal”.

Según Olavarría, “corresponde encontrar una rápida respuesta al fenómeno e intentar agilizar la forma de cubrir los casos de condenas de corta duración, de manera que el Estado demuestre presencia en el control del avance de la pena colaborando con el tratamiento del condenado y facilitando que reencause su vida en sociedad”.

La magistrada citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo que los Estados se hagan cargo del estado de hacinamiento y superpoblación de las cárceles. Y resaltó el papel central del Poder Judicial.

Olavarría recordó la declaración de Emergencia Carcelaria en Chubut. El Ejecutivo admitió las “innegables carencias en materia edilicia, tecnológicas y de recursos humanos y materiales” que afectan al sistema penitenciario; y el incremento de la población carcelaria “excediéndose de forma notoria la capacidad de alojamiento lo que implica situaciones de suma gravedad y peligro”. La jueza advirtió que la declaración “es una proclama y reconocimiento. Tampoco se conocen políticas públicas del Ejecutivo”.

Decidió la prisión domiciliaria por “la realidad carcelaria que vive la provincia, las deplorables instalaciones edilicias y, la circunstancia de que una marcada población cumple condena en comisarías no aptas para cumplir pena porque carecen de servicio penitenciario”.

Dejar al condenado en una cárcel por apenas cinco meses “difícilmente permita cumplir con los principios y programas rectores de resocialización (…) El condenado tendría que ser alojado en una comisaría donde se vería impedido de acceder a todo taller, o al sistema de educación en contexto de encierro”. Las celdas no son individuales, carecen de programas de recreación y no cuentan con lugares adaptados para visitas ni asistencia médica.

“Obligar a que el condenado cumpla dicha condena en estas condiciones, implica infligir un castigo más que lograr la resocialización”. La “cruda realidad” del sistema carcelario y que sean sólo 5 meses “torna infructuoso todo tratamiento penitenciario en estas condiciones”. Por eso lo indicado es que D.M. cumpla su pena en prisión domiciliaria. “Permitirá que mantenga y refuerce el vínculo familiar, continúe practicando su actividad laboral en su domicilio, asegure el sustento económico familiar evitando que las consecuencias de las penas excedan al propio condenado, y garantiza que el lugar de encierro presenta condiciones dignas”.

Además, dictar prisión domiciliaria en casos leves permite reservar los escasos lugares para los condenados por delitos de gravedad y altamente peligrosos para la sociedad, los que requieren un tratamiento individualizado más largo y con marcada presencia estatal.