Van a juicio 21 personas que traficaban droga

TRELEW - La Justicia Federal de Rawson consideró terminada la investigación. Sólo falta fijar la fecha para las audiencias. A la organización la manejaba un preso desde la U-6, con ayuda de otros internos. Un expolicía del Valle está involucrado. Para el menudeo, traían marihuana y cocaína desde el norte.

El recordado operativo “Conejo Blanco” fue elevado a juicio oral y público por el Juzgado Federal de Rawson. Se trata de una banda de 21 personas acusadas de traficar cocaína y marihuana en Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia e incluso Coyhaique, en Chile. Fue desbaratada por una serie de allanamientos simultáneos el 18 de diciembre de 2015, con 40 kilos de droga secuestrada.

Buena parte del narcotráfico la organizaban presos desde la Unidad 6 de Rawson. Y el grupo incluyó viejos conocidos del delito valletano, alternadoras y hasta un expolicía de la Comisaría 4ª de Trelew.

El fiscal federal Fernando Gélvez consideró terminada la investigación y elevó el expediente al juez Guillermo Lleral, que hizo lo mismo ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro, que deberá definir fecha.

El primer imputado y considerado líder de la banda es Diego Ricardo “Caleiro” Rodríguez. Está en prisión preventiva en el módulo I de la Unidad 6 de Rawson. Le imputan comercio. Hugo Deni Rivero Sosa, un paraguayo también preso en la U-6, está acusado del mismo delito y será juzgado por su rol de organizador. Otro paraguayo preso por el mismo delito es Ublaciano Riveros Sanabria.

También está detenido en ese penal federal Osvaldo Daniel Viti, acusado de tenencia de estupefacientes para comercializar. En esa prisión lo acompaña Jorge Gabriel “Turco” Castillo, imputado de comercio de droga.

Otro preso en la U-6 es Alejandro Vicente Mereles, por comercio agravado, al igual que Rubén Oscar Hernández, alojado en el pabellón 12. Ese lugar y esa imputación la comparten con Sergio Víctor Bartolo y Sebastián Agustín Rodríguez. Los acompaña Alberto Alejandro Dames, por tenencia de droga para venta.

Un expolicía, Brian Emanuel Apraiz, está preso en la Comisaría Segunda de Trelew por comercio agravado por haber sido un funcionario público encargado de combatir el mismo delito del que presuntamente participó. También por comercio está preso Kevin Giuliano Scandroglio.

El dominicano Carmelo Franciso Francisco está detenido en la Comisaría 4ª de Madryn, por comercio. Yanina Alí León y Vanesa Carolina Fernández están libres, acusada de transporte de estupefacientes.

Otras cuatro mujeres, Romina Soledad Díaz, Priscila Nahir Dames, Florencia Aldana Casal y Nancy Mabel Rodríguez, están imputadas por comercio.

Justo Daniel Dualde está imputado por comercio agravado por vender en un lugar de esparcimiento público. El número 21 es Eduardo Germán Pereyra, por comercio.

Según la pesquisa de Gélvez, desde la cárcel Rodríguez se habría contactado con proveedores de cocaína y marihuana para coordinar entregas, precios y forma de pago. Lo organizaba a través de distintas personas, algunas alojadas con él en la U-6. Y planeaba qué hacer si un comprador no pagaba.

Rivero Sosa, alias “Michirichi”, fue sorprendido en la zona de Treorky, 25 de Mayo al fondo, cerca de la Asociación Civil Tiro Federal de Trelew: la célebre chacra 153 propiedad de Viti. Allí se habría trasladado una carga de droga para fraccionar y preparar para distribuir y vender.

Junto con Rivero Sanabria y Mereles, “Michirichi” habría adquirido la droga en provincia de Buenos Aires y luego la habría transportado hasta la chacra.

Parte de esa droga habría sido entregada a Fernández. Ella se movía en un Volkswagen Golf verde y a su vez habría suministrado estupefaciente a León, que habría viajado desde Madryn a Trelew para llevarse mercadería para comerciar en la ciudad portuaria. Ambas fueron detenidas cerca del aeropuerto de Trelew.

A Rivero Sosa también se le imputó haber integrado una organización narco junto a su padre Riveros Sanabria. Conseguían marihuana y cocaína en el norte del país y negociaban cantidades y precios con el preso Rodríguez. Una vez acordado el negocio los tres coordinaban el traslado de la droga a Madryn y Trelew.

Cuando la sustancia estaba en la chacra, Riveros Sosa era uno de quienes presuntamente la fraccionaba para los revendedores y controlaba su entrega y cobro. Riveros Sanabria también estaba en la chacra donde se cortaba y vendía.

CHACRA PARA USAR

En cuanto a Viti, lo acusan de participar de la recepción, preparación y distribución de la droga que se descargó repartida en su chacra, donde se secuestraron marihuana, cocaína y elementos de corte. Su rol era facilitar su domicilio, explicó Gélvez. Sus cómplices usaban la chacra para entregar y cobrar. Luego regresaban a sus lugares de origen.

Hay filmaciones de Vanesa Fernández ingresando al predio en busca de la sustancia para entregarla a León, que la esperaba en la terminal de Trelew.

Partieron a Madryn pero al ver el control policial del parador norte se desvían para evitarlo, ingresando al aeropuerto. Fueron detenidas con mucha droga en el coche. |

VENTA DE DROGA CECA DE PLAZAS, ESCUELAS, HOGARES Y SANATORIOS

A Jorge “Turco” Castillo, le imputan acordar con Rodríguez qué cantidad de droga le correspondía. Habría distribuido en Trelew pero como estaba preso en el Centro de Detención, usaba a su esposa Vanesa Fernández para lograrlo.

Para obedecerle, ella habría ocultado la droga en su casa de Murray Thomas al 1.600. En un allanamiento se hallaron 8 ladrillos de marihuana y 3 trozos de ladrillos de cocaína.

“Meteoro” Mereles también fue sorprendido y detenido la tarde de los allanamientos en la chacra de Viti, presuntamente fraccionando la droga. Habría participado de su compra en Buenos Aires y su traslado a Treorcky. Con vínculos con todo el grupo, para el fiscal federal era el chofer de los organizadores para Madryn, Trelew y el norte del país.

Francisco Francisco, alias “Memo”, era presunto nexo con el preso Rodríguez: contactaba con frecuencia al grupo e incluso llevó sustancia desde Madryn a Comodoro. En esta ciudad la entregaba a Osoria o a una persona de origen chileno, sólo identificada por ahora como María Isabel.

Gélvez le imputó a Romina Díaz organizar el trasporte de droga desde el norte hacia Chubut. También el cobro, bajo precisas instrucciones de su pareja Rodríguez desde la U-6. Y a Priscila Dames la acusó de vender en Madryn. Les habría proveído Pereyra.

Casal habría comerciado droga desde su casa cerca de la Asociación Vecinal barrio Progreso, en comunicación con su pareja Héctor Hernández, preso en la U-6. Él compraba el estupefaciente para que ella vendiera a otro distribuidor, Dualde, quien a su vez vendía a diferentes usuarios y a otros vendedores desde su casa de Moreno al 200, cerca de la Escuela Hendre, el Instituto Médico del Sur, el Hogar de Adolescentes Mujeres “Rincón de Luz” y la Plaza Centenario de Trelew.

Dos de sus clientes habrían sido los hermanos Apraiz y Scandroglio. Habrían vendido de manera oculta en su domicilio, cerca de un Parque de Diversiones y del predio recreativo del Instituto María Auxiliadora.

El fiscal le imputó a Nancy Rodríguez brindar apoyo logístico a Romina Díaz con alojamiento, transporte y girar el dinero obtenido por la venta.

Gélvez consideró que Bartolo lideró una organización delictiva dedicada al comercio desde su celda en la U-6. Habría recibido encomiendas desde Río Negro para hacer circular el estupefaciente en Madryn.

Otro imputado, “Seba” Rodríguez, también desde el penal capitalino se habría dedicado al comercio. Habría conseguido sustancia ilícita para presuntamente venderla a través de terceras personas en Comodoro.

Según la elevación a juicio, Alberto Dames habría vendido marihuana en Madryn, junto a su hija Priscila, desde su casa en barrio Comercio II, entre San Luis y Lavalle. La droga se la habría provisto Pereyra, quien les cobraba las ganancias del menudeo.

“UN CLARO CASO DE CRIMEN ORGANIZADO”

Según el fiscal Fernando Gélvez, el cabecilla de la banda, Diego Rodríguez, incluso preso en la U-6 organizaba el tráfico dentro y fuera. “Además de las reglas que impone a sus consortes de causa y las posibles consecuencias que sufrirían los que no cumplieron sus directivas”.

La elevación a juicio advierte sobre “las facilidades” de los alojados para comunicarse de pabellón a pabellón con celulares clandestinos para negociar marihuana y cocaína, coordinar las compras, y referirse al fraccionamiento y al cobro. Gélvez pidió informar a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal para que decida qué hacer con este descontrol interno.

“Los hechos investigados, debo decirlo sin ambages, configuran un claro caso de crimen organizado”, sentenció. “Mucho más se agravan estas acciones con la participación de 21 personas que actuaron organizadas y coordinadas para cometerlos, lo que incrementa la peligrosidad, los daños y las ganancias obtenidas”.

Fuente. Jornada