¿Auditará el Concejo cada servicio público?

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) La discusión por el costo de los servicios públicos quedó nuevamente en escena en los últimos días, tanto por lo que ocurre en el plano nacional como su inevitable impacto en la economía local. En Comodoro Rivadavia, la revisión de tarifas de la SCPL, con alrededor de un 35% de incremento solicitado, se suma al 30% del gas y la próxima discusión del transporte público, que en una primera etapa subiría un 26%, configuran una suma que asusta a bolsillos dependientes de salarios que, en el mejor de los casos, pueden aspirar a subas del 15%. En ese marco, el debate en el Concejo Deliberante para auditar las cuentas de la Cooperativa a través del Tribunal de Cuentas Municipal abre un abanico de posibilidades que no habría que descartar de cara a los demás servicios.

En efecto, resulta saludable despejar todo tipo de dudas sobre la estructura de costos y la incidencia de los distintos componentes de la tarifa eléctrica. Si bien es claro que el costo de la energía en el mercado mayorista pasó de 8 millones a 56 millones de pesos en los últimos dos años –lo cual se refleja en la factura que paga la entidad al comprar la energía cada mes-, a partir de los sucesivos incrementos autorizados por el Ministerio de Energía de la Nación, con un 700% de aumento en 24 meses, también será una buena oportunidad para verificar contratos y tercerizaciones de servicios dentro de la misma entidad (como la liquidación de sueldos), que fue uno de los puntos polémicos planteados desde el ámbito legislativo en las últimas semanas.

¿Y el transporte público?

Aunque pareció una estocada defensiva o una frase despechada, el planteo de Gabriel Tcharian en la conferencia de prensa del viernes cae de maduro: para no quedar en una evidente contradicción, el Concejo Deliberante también debería requerir una auditoría sobre el transporte público, que se ve solventado con subsidios que ya superan los 8 millones de pesos mensuales, en lo que depende del municipio, a lo que se suman otros 12 millones provenientes del Estado nacional y 1 millón del ámbito provincial.

Se trata de un servicio que históricamente mantuvo vínculos polémicos con el Estado municipal: los memoriosos podrán recordar que una de las primeras causas por hechos de corrupción en la ciudad derivó en un juicio contra el primer intendente del regreso de la Democracia, Mario Morejón, quien resultó condenado por “administración fraudulenta” al reconocer una deuda superior a los 4 millones de dólares en favor de la empresa Patagonia Argentina, cuando las pericias internas del municipio estipulaban ese monto en menos de la mitad.

Sin temor a exageraciones, acaso la misma posibilidad de auditoría habría que plantear en torno a la empresa de recolección de residuos, históricamente vinculada a Cristóbal López, que debió cambiar de accionistas cuando el empresario decidió invertir en medios de comunicación. En este servicio, también el municipio debe hacer aportes para compensar la diferencia entre lo que pagan los vecinos y lo que la empresa deja de recaudar en concepto de la tasa de higiene urbana.

En relación a los casos anteriores, vale plantear también si el Ente de Control de Servicios Públicos cumple la función para la que fue creado, o si los cambios normativos sobre el alcance de sus funciones terminaron por convertirlo en un organismo híbrido sin capacidad de cumplir cabalmente la función para la que fue creado.

El gas aumenta sin control

El servicio de distribución de gas, por otra parte, sigue acumulando incrementos cuyo impacto supera holgadamente los montos que suele informar Camuzzi a la hora de medir el impacto en consumos promedio, ya que al aplicar impuestos sobre esos valores, las facturas terminan impactando fuertemente en la mayor parte de la población. Como sea, 3 aumentos sucesivos en dos años acumulan casi un 100%. En este caso, no hay siquiera una participación clara del Ente Regulador del Gas para informar a los usuarios sobre los alcances y los impactos de cada golpe de tarifas.

Las audiencias públicas, realizadas a nivel nacional, sólo sirven para exponer los argumentos de las empresas transportistas o distribuidoras, que no han parado de acumular ganancias extraordinarias en los últimos dos años, al igual que las grandes generadoras de energía: 3.600 millones de pesos en el caso de las transportistas de gas y más de 11.300 millones en las 3 principales generadoras eléctricas, según balances del año 2017.

No se trata de recuperar un sistema de subsidios como el que funcionó hasta 2015 pero que resultaba insostenible para las cuentas públicas: aquel extremo del péndulo se cayó por peso propio, pero el recorrido que ha marcado desde entonces hasta ahora no promete un resultado mejor, con el agravante de que los daños pueden resultar aún más profundos.

Así, con facturas que pueden superar varios miles de pesos y siguen agrandando la brecha entre los ingresos y los gastos familiares, lo mínimo que espera la comunidad es certeza y transparencia respecto de qué es lo que está pagando.