¿Cuáles son las posibilidades de Arcioni para adelantar las elecciones?

Por estas horas se escuchan una batería de opiniones a favor y en contra según de la conveniencia del partido al que pertenece el protagonista, y se hacen afirmaciones sobre un tema espinoso, como es la regulación de la cuestión electoral, un asunto muy específico que debe ser comprendido en su complejidad para avizorar los caminos que tiene por delante el Ejecutivo.

LAS FALENCIAS DEL DEBATE

Lo primero que hay que decir es que todas las discusiones surgen por culpa de una falencia: en 60 años de historia, la dirigencia política del Chubut, a través de sus partidos y sus representantes en la Legislatura, no fue capaz de llegar a un gran acuerdo y consensuar un Código Electoral Provincial.

Probablemente la principal razón de esta ausencia sea la mayoría súper calificada de las tres cuartas partes de la Cámara que exige la Constitución para legislar en materia electoral.

El Superior Tribunal reclamó su sanción en innumerables fallos, especialmente después del papelón nacional que fue la incertidumbre sobre el resultado electoral del 20 de marzo de 2011, cuando hubo que llamar a elecciones complementarias. Allí fue evidente que hacía falta un código propio, y todos los actores prometieron trabajar en el tema, pero como siempre ocurre, lo urgente no dejó tiempo a lo importante, y quedó en la nada. Se hicieron reuniones y varios especialistas trabajaron en un anteproyecto que incluye por ejemplo la boleta única de papel, pero el borrador duerme en algún cajón.

De esta manera, ante la ausencia de reglas locales, la única manera que tiene la provincia para definir sus autoridades en las urnas es recurrir al Código Electoral Nacional, que es lo que se viene haciendo desde 1958 hasta la actualidad.

Nunca se habían registrado inconvenientes hasta los últimos años, porque siempre se había adoptado el criterio de la simultaneidad, es decir, adherir al decreto de convocatoria que hacía el Ejecutivo Nacional. De este modo, las elecciones eran fiscalizadas siempre por la justicia federal, incluso en los comicios municipales.

HISTORIA Y CRITERIOS

El caso más reciente en el que se aplicó este criterio, también fue bochornoso. Ocurrió en agosto de 2015, donde en las PASO llegó a haber boletas de más de un metro de longitud, porque en una sola elección se votó a Presidente, Senadores, Diputados Nacionales, representantes al Parlasur, Gobernador, Diputados Provinciales, Intendentes, Concejales y en algunos casos, representantes populares al Consejo de la Magistratura.

La gente hizo colas de varias horas para votar y no se iba de las escuelas hasta la medianoche en los casos más asombrosos. Es un ejemplo que sirve para argumentar a favor de quienes no quieren nacionalizar la campaña.

POLEMICA POR LA CONVOCATORIA

La discusión surge cuando el gobierno provincial pretende como en estos días, desdoblar elecciones y votar en las categorías de Gobernador y Vicegobernador, así como Diputados Provinciales, en una fecha distinta a la convocada para las categorías nacionales.

Todo puede ser opinable, y de hecho en la Legislatura se presentaron dos proyectos, uno del FPV y otro de Cambiemos, para tratar de impedir la iniciativa de Arcioni.

Pero hay que aclarar dos cosas: lo primero es que es prácticamente imposible que estos proyectos sean sancionados, porque necesitan 21 votos, es decir tres cuartas partes del total de 27, y eso no puede ocurrir si el ChuSoTo no acompaña, porque tiene 8 votos propios.

Y lo segundo es que ante los argumentos sobre la ilegalidad de que sea el gobernador el que fije la fecha de convocatoria por un decreto, ya hay cosa juzgada al respecto. Al menos en dos elecciones recientes la Provincia votó de manera desdoblada con Nación, y fue el Tribunal Electoral Provincial el que organizó y fiscalizó la elección.

El primer ejemplo corresponde al año 2007, cuando Chubut votó el 16 de septiembre, un mes y medio antes que las elecciones nacionales.

Muy pocos se acuerdan de este caso, porque no hubo discusión en las urnas, ya que Das Neves ganó con el 71 % de los votos y fue reelecto para un segundo mandato, gracias a los votos que le aportó el Provech, ya que fue candidato en dos boletas. Lo que interesa resaltar es que la convocatoria fue por decreto.

El segundo ejemplo ocurrió en 2011 y fue mucho más discutido, ya que ante el decreto de convocatoria del gobernador Das Neves, de adelantar 7 meses las elecciones y votar en el mes de marzo, el entonces presidente de la UCR, Mario Cimadevilla, objetó la inconstitucionalidad de la medida, que finalmente fue ratificada por amplia mayoría por el Superior Tribunal de Justicia.

Es decir, la corte chubutense ya resolvió en su momento que ante la falta de un código electoral provincial, el gobernador tiene potestad de fijar la fecha. Es cosa juzgada, por más que por estos días haya diputados que vuelvan a insistir en los mismos argumentos utilizados en su momento.

Otra discusión ya del terreno político, no constitucional, es la inconveniencia de despilfarrar dinero en una provincia en emergencia económica, para organizar unos comicios que bien podrían ser financiados por la Nación.

La cuestión del costo económico parece un enigma imposible de dilucidar por estas horas. Nadie sabe decir a ciencia cierta cuánto costaría una elección de este tipo, pero todos los consultados coinciden en que no sería menos de 300 millones de pesos. Con la particularidad de que los ciudadanos deberían votar al menos cuatro veces, tres de ellas en meses de temperaturas frías, con un clima patagónico que suele complicar la logística de organización.

EL PROBLEMA DEL PADRON

Sabido es que la provincia no cuenta con un padrón electoral propio y que para saber el detalle de los chubutenses habilitados a sufragar debe recurrir a la justicia nacional electoral.

Sucede que si se pretende votar pongamos por caso en mayo, el cronograma electoral fija que 180 días antes, debe contar con un padrón para que los vecinos puedan consultar y saber si están habilitados y en todo caso, hacer objeciones.

Esto quiere decir que la secretaría electoral del juzgado federal de Rawson debería entregarle este padrón en diciembre. Y esto, según ha manifestado la secretaria Betina Grosman, es prácticamente imposible. Esto quiere decir que no hay manera de entregar el próximo mes un padrón actualizado, que recién va a estar confeccionado para fines de abril, teniendo en cuenta el cronograma de elecciones nacionales.

Por estos días, parece el mayor escollo que tiene por delante Arcioni respecto a la organización, para después dedicarse a lo que es algo inminente: el lanzamiento de su candidatura.

Pero el inconveniente de la falta de padrón no es menor: si se exige a la justicia que entregue lo que tiene, que está sin actualizar hace meses para colmo por un cambio de sistema, muchos chubutenses que han cambiado de domicilio o que cumplan 16 años el año próximo podrían ver cercenado su derecho a sufragar.

Después el gobierno debe resolver la cuestión presupuestaria, asignar una partida especial en el Presupuesto 2019 destinada al Tribunal Electoral para que organice los comicios, haga el despliegue de urnas, y especialmente, disponga un monto para abonar a las autoridades de mesa.

El caso de este tribunal es muy particular, porque es un organismo creado en la Constitución, con una conformación mixta de cinco miembros. Lo preside el presidente de la Corte, que hoy es Alejandro Panizzi pero en abril pasará a ser Mario Vivas. Por la justicia lo integran además el Procurador General Jorge Miquelarena, y el juez Civil y Comercial de Rawson, Carlos Tessi. Y lo completan dos diputados, que son el vicepresidente primero y segundo de la Legislatura, cargos ocupados hoy por el oficialista Roddy Ingram y la legisladora de Cambiemos, Jaqueline Caminoa.

Este organismo definirá el futuro electoral del Chubut, ya que cada decisión respecto a candidaturas y oficialización de listas y boletas, las tomará por mayoría. Para tener en cuenta un caso puntual que debuta este año es la ley de paridad de género es las listas legislativas, que establece que deben estar integradas en mitades iguales por hombres y mujeres.

LA CUESTIÓN DE LAS PASO

Hay que recordar que fueron incluidas en la gestión de Martín Buzzi en una Ley de Partidos Políticos, que se aprobó por mayoría simple y no especial, por entenderse que no regulaba cuestiones electorales sino del funcionamiento interno de cada fuerza política.

Fue una votación polémica cuestionada por el dasnevismo, pero sancionada y vigente.

Por lo tanto, si se quiere sacar el artículo de las PASO, sólo hace falta una mayoría simple de 14 votos, que algunos oficialistas en la Legislatura aseguran que no les costaría mucho conseguir si es que Arcioni toma la decisión política, que evitaría el costo económico de una elección obligatoria.

El tema, si se llegara a avanzar, tendría un solo inconveniente de acuerdo a los tiempos, y es que obligaría a todos los partidos a reformar nuevamente sus cartas orgánicas que en su momento debieron acondicionar incluyendo las PASO. Esto sería muy engorroso, porque cada fuerza política debería a convocar a sus órganos legislativos, es decir a sus respectivas asambleas, convenciones o congresos, para aprobar la reforma.

Pero más allá de todo, de las opiniones legales y de las discusiones con la oposición que seguramente se harán patentes en la próxima sesión en la Legislatura, el desdoblamiento de elecciones está en marcha y el gobierno no dará marcha atrás.

Falta saber el cómo y cuándo, pero está claro que los chubutenses votarán antes de mitad de año a sus autoridades provinciales, y seguramente en muchos casos a las municipales. En la agenda política los tiempos se aceleraron, y mucho antes de lo previsto comenzará la discusión por las candidaturas en cada partido, los acuerdos electorales y los pactos de fuerzas. No hay dudas de que 2019 será un largo año de una eterna campaña electoral en las ciudades, la provincia y el país. Que Dios nos ampare.