¿Es la corrupción el origen de la crisis económica de Chubut?

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Las últimas semanas fueron intensas en cuanto a resultados judiciales. Las condenas que recayeron sobre ex ministros de Economía y otros encumbrados ex funcionarios, que supieron acumular poder y riqueza y articularon un sistema de cobro de retornos a cambio de liberar pagos de facturas por obras públicas, evidenciaron hasta qué punto puede naturalizarse el uso del Estado como escalera para fortunas personales. La duda que persiste es si cambiará algo de aquí en más.

“La corrupción no va a desaparecer de un día para otro”, dijo el fiscal Marcos Nápoli días atrás, ante una consulta en torno a si una sentencia como las de la causa “Revelación”, con siete ex funcionarios  del gobierno de Chubut condenados, implicaría un punto de inflexión para evitar en el futuro circuitos de coimas, aprietes y enriquecimientos en puestos de gobierno.

Es tan cierta la afirmación del fiscal, que se verifica en otras causas judiciales, que investigan hechos de corrupción posteriores a los recientemente juzgados. Dos ex ministras, de Educación y de Familia, deben aun responder por irregularidades presuntamente cometidas en sus funciones, cuando ya las investigaciones de “El Embrujo” y “Revelación” eran parte de la agenda pública.

Claro que no es sólo cuestión de “funcionarios”. Como en el tango, la corrupción se baila de a dos (o de a varios), entre gobernantes y ciudadanos comunes. Otro fallo, en el que se rechazaron beneficios a particulares que participaron de actos de defraudación al Estado en plena emergencia climática de Comodoro Rivadavia, puso luz a esa otra cara de la moneda.
Un tercero en discordia serían los organismos de control, que en toda la matriz corrupta evidenciada en este último tiempo no pareció cumplir con la función para la que han sido creados. O bien son despachos que no tienen razón de ser, o requieren de una adecuación en sus funciones para evitar que hechos tan burdos como el festival de coimas y aprietes que acaban de salir a la luz sigan ocurriendo. Sobre todo porque, como reconocen los propios investigadores, lo que se ha juzgado es sólo la punta del iceberg de un entramado mucho más profundo.

Mirar para otro lado

Uno de los fiscales que integra la unidad anticorrupción, Omar Rodríguez, dijo en una entrevista con esta agencia que durante mucho tiempo hubo organismos que no cumplieron con su rol, ya que los funcionarios hoy condenados cambiaron su modo de vida, con propiedades suntuosas y vehículos importados, a plena luz del día, sin ocultarse de quien quisiera verlos.

Hay varios organismos que deberían cumplir ese rol. No sólo el Tribunal de Cuentas (donde se hace un control posterior a las compras y contrataciones, claramente insuficiente), o la Fiscalía de Estado o la Fiscalía Anticorrupción deberían articular esas funciones, sino también organismos administrativos internos, según refieren observadores del ámbito jurídico. Es conocida la anécdota de un ministro coordinador que al asumir sus funciones, escuchó decir a uno de los contables del Estado: “hace tanto que no vemos una licitación por acá…”.

En el año 2018, una nota de la Procuración General, firmada por Jorge Miquelarena y dirigida al gobernador Mariano Arcioni, hacía alusión a la necesidad de enfatizar el rol de tales ámbitos, como los servicios administrativos que integran las distintas dependencias del Estado.

Integrados por personal de carrera del Estado provincial, es decir que no dependen de designaciones políticas, deberían ser estos organismos, según aquella presentación, los que verifiquen con mayor celo las contrataciones y compras, aun en circunstancias extraordinarias.

Como ejemplo se señalaba la emergencia climática de 2017, que afectó a Comodoro Rivadavia y otras localidades de la provincia, por la que hubo dos decretos de emergencia que habilitaron contrataciones directas y compras por un total de 20 millones de pesos de ese momento, liberando además la entrega de subsidios a discreción y otras medidas sin el paso por los procedimientos de control necesarios. Aun en el marco de la emergencia que planteaba la necesidad de decidir rápidamente, ello no habilita a evitar un precepto marcado por las leyes vigentes, que es el de realizar las compras “al menor costo posible”, según refería aquella presentación.

“Aquí el rol de las autoridades políticas resulta fundamental desde el punto de vista de la responsabilidad, pero también lo es el de los Servicios Administrativos de cada dependencia pública, que deben dar alertas tempranas y oportunas a los organismos de control para evitar que se incurra en desvíos, con perjuicio para el erario”, sostenía aquella presentación.

Vale insistir: a juzgar por las denuncias judiciales que se pusieron en marcha aun después de que se conocieran las irregularidades cometidas en la emergencia, puede concluirse que aquellas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta.

Rechazo al pago en cuotas para suspender juicio por la emergencia climática

El juicio por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia aportó otra novedad en las últimas semanas. La decisión del tribunal que rechazó los pedidos de suspensión de juicio a prueba por parte de varios de los imputados, dejó entrever la otra cara de la moneda: no sólo gobernantes, sino también comerciantes o empresarios que, según la acusación, buscaron obtener un beneficio económico, “hacer la diferencia”, en connivencia con funcionarios, en aquella catástrofe del 2017.

Se denegó así el beneficio solicitado por abogados defensores, para pagar en cuotas los daños causados en la defraudación. El más resonante, un ofrecimiento por 6 millones de pesos en colchones para los hospitales provinciales.

El pronunciamiento de los jueces Monti, Novarino y el comodorense Miguel Caviglia fue coincidente en un punto esencial para rechazar ese beneficio: “evitar que se ventilen los hechos en un debate oral y público por la salida alternativa al conflicto propuesta por los señores defensores, haría oídos sordos frente al compromiso asumido por el estado nacional, sesgando el derecho de la sociedad, en la búsqueda de la verdad”, sostiene uno de los pasajes más significativos. Está basado en la adhesión del país a la Convención Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción, además de la ley nacional de Etica Pública. 

Dicho marco legal impide soluciones alternativas en investigaciones judiciales que involucran a funcionarios públicos, como en el caso que ahora se tendrá que ventilar en juicio oral y público. Los comerciantes tendrán la posibilidad de probar su inocencia, pero la sociedad podrá conocer más de cerca de qué modo se hicieron las maniobras y cómo se apuntó a obtener beneficios económicos, facturando por sobre los valores de mercado para garantizar retornos a funcionarios, mientras cientos de familias en esta ciudad se encontraban con el barro hasta el pecho.

El origen bajo la superficie

Llegados a este punto, resta responder al interrogante planteado al inicio. ¿Explican estos hechos de corrupción la crisis económica actual de Chubut? En buena medida, sí, han respondido los fiscales que tuvieron a su cargo la investigación. Claramente, un Estado manejado con el interés de engrosar billeteras individuales, como se ha demostrado con los hasta aquí condenados, explica por qué se llegó a una situación tan dramática.

Cabría agregar que no sólo se explica, la crisis, por estos hechos, que reflejan una parte menor de toda la trama incluso más grande. Quizá no totalmente, pero sí en gran parte, los corruptos de un lado y otro del mostrador explican por qué Chubut ha perdido los últimos 4 años de escuela, aun antes del coronavirus, cuando ya sufría su propia epidemia en un Estado que se fue paralizando lentamente. 

Un déficit de más de 1.000 millones de pesos por mes no se origina sólo por algunos hechos corrupción, pero sí por el creciente endeudamiento y el nulo apego a las normas y procedimientos de control que han caracterizado a los últimos años en la provincia. Quizás la crisis se explica por todo el telón de fondo, que permitió un manejo del Estado como si se tratara de una propiedad de pocos, a la hora de cobrar, pero cargando la cuenta a todo el resto, a la hora de pagar.

Ese mismo desapego por las normas y la ética en la función pública explica también por qué se llegó a un obsceno nivel de endeudamiento, que condena a casi 600.000 chubutenses a seguir penando –y pagando- hasta el año 2030.

Quedará por dilucidar si las investigaciones judiciales podrían haber avanzado más allá de lo que llegaron hasta aquí. En el momento del veredicto por la causa “Revelación”, desde el tribunal se advirtió que pudo haberse profundizado también en torno a quiénes cobraban los sobre sueldos y cómo se repartía el dinero conformado por el circuito ilegal:

“Es una observación que hace el tribunal en relación a los sobre sueldos, pero no podemos crear falsas expectativas –dijo el fiscal Nápoli en relación a ese punto-. Son anotaciones en planillas con un solo dato, que mencionaba a tal persona cobrando 50.000 pesos… Nosotros para acusar en la asociación ilícita tuvimos un universo de datos muy amplio, desde las comunicaciones intervenidas hasta los cheques firmados por los empresarios. En las planillas con nombres no teníamos esa cantidad de pruebas, más que un nombre anotado. No se puede construir un caso penal con las expectativas de la sociedad, sino con pruebas reales”.

Queda comprobada otra afirmación escuchada en torno al caso  durante los últimos meses: ha sido sólo la punta del iceberg. El témpano de la corrupción, entonces, seguirá bajo la superficie.