BUENOS AIRES - "Seguimos trabajando y hasta mañana no vamos a saber los números exactos; recién a último momento, en la votación, vamos a saber el resultado final, ya que hay muchos votos que aún no están definidos", dijo González a El Destape Radio.

La legisladora manifestó su "expectativa en que se pueda convertir en ley este proyecto tan esperado por miles de personas" para que, "por fin, el aborto pueda ser seguro, legal y gratuito y no haya muertes por abortos clandestinos en el país".

"Ojalá que los senadores que aún no expresaron su voto apoyen el proyecto", dijo, y asumió que quien "está convencido de votar en contra, no va a cambiar" pero que tras "escuchar a varios especialistas, hay muchos que lo están repensando" en función de que "es un problema de salud pública del que se tiene que encargar el Estado".

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con el Plan de los 1.000 Días, cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará a media tarde del martes y que se extendería hasta el día siguiente.

Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.

"El problema que tenemos es que las mujeres están muriendo por abortos clandestinos y los legisladores tenemos que hacer algo con eso", así como lo hizo "el Gobierno enviando el proyecto de ley, porque es un Estado presente", destacó la senadora.

González apuntó también contra el Gobierno anterior al señalar que, "en 2018, envió un proyecto sobre el aborto pero no tenía ningún interés en que se apruebe", sino que "se usó para que el pueblo no se dé cuenta de la crisis económica que estaba viviendo y de las medidas terribles que se estaban tomando".

En cambio, "este Gobierno lo prometió en campaña, y el presidente Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo, y se demoró por la legada de la pandemia de coronavirus, pero el Gobierno lo mandó al proyecto para que salga".

Por las medidas sanitarias, el debate será a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto, mientras que el resto participará en forma remota.

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