¿Hay posibilidades legales de avanzar sobre la quita de concesiones petroleras?

Una primera consideración, planteada por diversos actores de la industria, es  el hecho de que el acuerdo esgrimido no se tradujo en un instrumento firmado ni protocolizado ante los organismos intervinientes, sino un compromiso político por el que Nación aporta 8 dólares y Provincia otros 2, para cubrir el desfase del valor de cada barril que se destina al mercado de exportación.

A cambio, las operadoras deberían cumplir con la suba de equipos de perforación y work over, que se vieron paralizados sobre principios de diciembre último, a raíz de la crisis internacional del precio del crudo. 

Más allá de la cuestión formal, el camino para una eventual quita de concesiones podría darse a partir del análisis de la operación del yacimiento, verificando si se han cumplido las metas establecidas al momento de las recientes prórrogas acordadas para la mayoría de  las concesiones en la provincia de Chubut.

Uno de los casos que aparece especialmente en las mesas de análisis es el de Tecpetrol, del grupo Techint. La operadora no ha podido revertir la curva de caída de producción que arrastra en los últimos años (en un análisis anterior, ADNSur reflejó los datos de producción de los últimos 4 años por parte de esta operadora, en contraposición al comportamiento demostrado por CAPSA, en un área de características similares).

Sin embargo, habrá que buscar en las condiciones del nuevo contrato de concesión, de una prórroga que comenzaría a operar el año próximo, para determinar si el Estado provincial cuenta o no con las herramientas legales para avanzar en la quita de la concesión.

En el mismo no se fijaron objetivos de producción, sino de perforación de 10 pozos exploratorios (de los cuales se habría perforado sólo la mitad) cuyo plazo vence en 2017, mientras que los compromisos quedan desactivados si el precio del crudo en el mercado internacional cotiza por debajo de 45 dólares. En ese ítem, desde el gobierno actual cuestionan al anterior por los términos de la renegociación, al no haberse incluido mayores exigencias de actividad.

En cualquier caso, habría en medio una discusión legal de no pocas derivaciones: conocedores del sector entienden que la operadora podría exigir un resarcimiento económico basado en un valor de acciones mucho más altas que al momento previo de la prórroga, ya que al extenderse el contrato el valor de la concesión se incrementa, debido a la posibilidad de certificar un mayor volumen de reservas. En otras palabras, se deberán extremar las precauciones para evitar que una eventual quita de concesión termine derivando en un gran negocio para el grupo empresario, a expensas de un costo que debería ser afrontado por el Estado… es decir, por todos los ciudadanos.

Si se deja de lado por un momento el análisis legal y se piensa en criterios estrictamente políticos, es posible que las advertencias sirvan para llamar la atención, pero pocos creen que la sangre pueda llegar al río: en un contexto político nacional pro mercado, en el que se atribuye cierta cercanía del grupo Techint al gobierno de Mauricio Macri –quien estará en Chubut el día de la apertura de sesiones legislativas, acompañando al gobernador Das Neves, como muestra del puente político construido entre ambos mandatarios- pocos creen que se pueda avanzar en medidas de estas características.

En ese marco, los más escépticos auguran que el lento camino de la crisis petrolera lleva al sector hacia un sistema de mercado abierto, en el que finalmente los precios internacionales “a los que les cerrábamos la puerta, entrarán por la ventana”, como parafraseaba tiempo atrás un analista del sector que hoy ocupa un cargo nacional. Por ello, creen, el discurso gremial ha comenzado a admitir la posibilidad de que en el mes de julio habrá “despidos”, si bien en un marco de “efectos controlados”.

Por otra parte, otros observadores no dejan de advertir una contradicción acaso impensada, ya que el  Estado provincial y el propio sindicato petrolero que apuntan sus dardos contra Tecpetrol, tienen participación en la sociedad que controla a la concesión de las áreas chubutenses. En efecto, vale recordar que Petrominera –presidida por Jorge Ávila- tiene una participación del 5%, asociada con YPF, que a su vez integra una UTE con Tecpetrol, para la operación de las áreas El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera.

Como sea, el gobernador hace bien en exigir y apelar al poder económico de las operadoras, para que disimulen la crisis y sostengan la actividad al menos hasta la mitad de este año. De otro modo será difícil explicar por qué el Estado provincial está poniendo 2 dólares por cada barril de exportación, lo que significa alrededor de 1,3 millón de pesos por día, es decir más de 30 millones de pesos al mes, mientras por otro lado se exige comprensión para limitar salarios de maestros, porteros y médicos, por citar sólo algunos ejemplos de las crueles paradojas de una cada vez más compleja realidad.