¿La sociedad legitima al gobierno tras los ajustes anunciados?

COMODORO RIVADAVIA - (Por Raúl Figueroa/Especial para ADSNUR) ¿Qué es lo que da legitimidad a un gobierno a la hora de plantear la necesidad de un ajuste? De un lado, los indicadores del déficit fiscal, a nivel nacional y provincial, muestran la necesidad incontrastable de achicar gastos para evitar una crisis peor que la que se vive. Pero al mismo tiempo, las variables que se toman para determinar el punto de recorte disparan un debate que volverá a evidenciarse en los próximos días, sobre todo el lunes cuando el Congreso vuelva a tratar la reforma previsional. El tema es seguido con especial atención en Chubut: el gobierno acaba de presentar un presupuesto en el que claramente se advierte la necesidad de asistencia financiera de Nación (atada a la suerte de aquella reforma) sin la cual la provincia se tornaría inviable.

Un primer número: el gobierno de Macri apunta a “ahorrar” 100.000 millones de pesos en base a la reforma previsional, al cambiar la fórmula de cálculo de los haberes que por ley debe pagar a los jubilados. Con esa masa de recursos adicionales, el gobierno apunta a compensar a la provincia de Buenos Aires con 60.000 millones. Con el resto, según el argumento oficial, se atenderá la necesidad de las otras provincias, de allí la firma del acuerdo fiscal por parte de los gobernadores y el apoyo a esta reforma.

Por eso se entienden los intentos del gobierno de Arcioni para convencer a sus legisladores que acompañara la propuesta: con Luenzo estuvo cerca, porque el comodorense si bien no votó a favor, tampoco lo hizo en contra y aunque su abstención en el Senado estuvo cerca de pasar desapercibida, cuando se conoció su posición le valió algunos dolores de cabeza. En la Cámara de  Diputados la situación es más pareja y por ello intentaron hasta último momento convencer a Rosa Muñoz, quien reemplaza precisamente a Arcioni en esa banca, para que acompañara el proyecto o, por lo menos, para que diera quórum, pedido que se mantiene de cara al lunes próximo, aunque no hubo forma de que la diputada, que juró su banca sobre la memoria de Das Neves, acepte atender las razones de urgencia de la provincia. Y si bien un voto de una provincia patagónica no puede cambiar mucho, sí adquiere relevancia a la hora de alcanzar el quórum necesario para llevar adelante la sesión.

Paradójicamente, el único voto que podría mostrar el gobernador en apoyo a la reforma (como parte de la condición para recibir asistencia financiera), no viene del Chusoto ni del PJ, sino del radical Gustavo Menna, otro de los debutantes en la Cámara de Diputados con este candente tema. El flamante legislador no duda en apoyar el nuevo sistema, bajo el argumento de que la fórmula permitirá superar a la inflación en varios puntos y que garantiza el 82% móvil para las jubilaciones mínimas.

Aun cuando esto pueda resultar cierto, no escapa al mismo legislador que el aumento proyectable para marzo resulta inferior al que correspondería con el sistema actual (incluso en ese punto hay una discusión sobre la constitucionalidad de la ley, por aplicarse con efecto retroactivo), más allá de que la salida de último momento apunta a un bono que cubra esa diferencia por única vez. Y también es claro que en un ciclo de inflación más baja como el que se estima para el año próximo, la fórmula actual arrojaría mayores incrementos que con el nuevo sistema.

QUITA DE RETENCIONES MINERAS Y AL CAMPO

Parte del debate social está dado por el hecho de que el ajuste pierde legitimidad porque abarca a un sector social muy sensible, como el de los jubilados y beneficiarios de la AUH. En ese renglón se inscribe el hecho de que el gobierno actual liberó de retenciones de exportación a las empresas mineras. Y si bien la masa de recursos no sería equiparable (esas compañías pagaban en conjunto alrededor de 201 millones de dólares, mientras que ahora aportaron sólo 70 millones de dólares, a partir de una suba en el impuesto a las ganancias, según un informe de Chequeado.com en base a datos oficiales del Ministerio de Energía de la Nación) con lo que se busca obtener con la reforma previsional, es claro que ésta pierde legitimidad cuando antes se privilegió a un sector concentrado de la economía.

Lo mismo puede plantearse en torno a la quita de retenciones al campo: el impacto fiscal por las “retenciones cero” fue del orden de los 60.000 millones de pesos en 2016. Si a esto se suma los sucesivos incrementos de tarifas del sector energético (que acumulan unos 7.000 millones de dólares, pagados por el bolsillo de la gente y los subsidios que aún mantiene el Estado), surge con claridad otro sector en el que hubo una transferencia de ingresos que, al menos hasta ahora, para lo único que sirvió fue para reorientar las inversiones a Vaca Muerta, en detrimento de otras regiones, como la cuenca San Jorge.

Entonces, con ese punto de partida basado en definiciones políticas, es difícil dar cabida luego a la discusión técnica en torno a la nueva fórmula previsional.

EL GASTO POLÍTICO EN CHUBUT

Parte de la discusión sobre la legitimidad de los ajustes también se dará en Chubut. El recorte al gasto político debería reflejar con precisión cuál es el nivel actual, como bien planteó el diputado Javier Touriñán, ya que no hay precisiones sobre la magnitud de ese gasto en la actualidad. Su compañera de bancada Gabriela Dufour ha señalado que la estimación del ahorro es de 74 millones de pesos, calificando a la medida como “demagógica”, frente a un déficit de 5.000 millones de pesos. Sin embargo, ese tipo de planteos (formulado por una ex ministra que fue protagonista de parte del grave endeudamiento que hoy tiene la provincia) no debería legitimar abusos de conchabos políticos que se alimentaron durante los gobiernos de los últimos años, que estuvieron integrados por muchos de los protagonistas actuales (a excepción del propio gobernador Arcioni): quienes conocen la estructura hablan de ex funcionarios de gobierno, que tuvieron cargos importantes, que aún cobran ingresos en carácter de “asesores”, o de pagos de horas cátedras a gente que no trabaja en ninguna repartición docente, para citar algunos ejemplos.

Sin esa señal clara, el gobierno no podrá avanzar en lo que pretende posteriormente, que es dar racionalidad a niveles de gastos que hoy no podrán seguir sosteniéndose, o pagando cargos que no son estrictamente necesarios. Y si bien tal vez el ministro Coordinador, Sergio Mammarelli, tuvo torpeza política en sus dichos sobre los miembros del gabinete al señalar que no conocen la crisis en toda su magnitud (algunos, con más actividad en twitter que la que se les puede observar frente a problemas graves de la provincia), la única certeza está a la vista de todos: sin ajuste y asistencia de Nación, la provincia será inviable.

El problema es qué caminos se eligen para construir legitimidad en la búsqueda de esas decisiones.