“Los pasivos ambientales de YPF pueden ser causal de quita de concesión”
Lo aseguró Ricardo Murcia, tras el discurso del gobernador Das Neves.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El subsecretario de Regulación y Control del Ministerio de Ambiente de Chubut, Ricardo Murcia, dijo a ADNSUR que los pasivos ambientales detectados en la última inspección a áreas de YPF podrían ser causal de una quita de áreas a esa operadora, ante la consulta de si el gobernador podría haber hecho una elíptica referencia a la empresa nacional, cuando dijo en su discurso este viernes que “en los próximos días se irá una operadora”.
Si bien ya se conoce la reversión de áreas a Sinopec, la frase no pasó desapercibida en ámbitos petroleros y por eso la consulta al funcionario que intervino en la inspección conjunta, con otros organismos provinciales, el 16 de febrero último.
“Uno de los puntos (causales) para perder una concesión son los pasivos ambientales –dijo en principio-. Hoy YPF tiene un problema por sus declaraciones juradas presentadas con inconsistencias: en la inspección resultaron tres situaciones concretas, que derivaron en sumarios.
La ley marca que por cuestiones ambientales se puede perder la concesión, aunque en ese caso no aplica la quita el Ministerio de Ambiente, sino que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Hidrocarburos y luego debe aprobarlo la Legislatura, tanto para concesiones hidrocrburíferas como mineras. Pero es un causal para perder la concesión”.
PASIVO
Ante la consulta de si las irregularidades detectadas tienen el peso argumental suficiente para derivar en un proceso de estas características, respondió: “en principio son cuestiones graves por inconsistencias en declaraciones juradas de pasivos ambientales. Estamos recibiendo las primeras respuestas y estamos viendo que en algunas no son suficientes y en otras pedimos ampliación, para cargar los datos y la gravedad de los hechos se termina analizando en el sumario. Pero los pasivos ambientales sí son cuestiones graves”.
Murcia explicó que las inconsistencias consisten en diferencias entre lo declarado y lo que se verifica en el campo, “o en pasivos que antes estaban declarados y ahora se dejan de declarar pero no están resueltos, porque consideraron que no eran importantes para seguir tratándolos. Si están en un a D.J, no se puede omitir ni falsear ningún dato. Decimos que hay inconsistencias, no que haya datos falseados, pero hasta ahora no nos cierra la declaración de un año con el otro”.
Señaló que dependiendo de las pruebas que presente la empresa, las sanciones pueden ser de multa, clausura o recomendar la quita de la concesión.
En tal sentido, recordó que la multa aplicada por el Ministerio de Ambiente a la provincia, por un monto de 3 millones de dólares, quedó firme a raíz de la sanción aplicada por los pozos dirigidos en Restinga Alí, a raíz de la falta de presentación del estudio de impacto ambiental al organismo provincial. En cambio, detalló que fue rechazada la sanción aplicada por el colapso del tanque en la planta de km.9: “En ese caso se aplicó la sanción del Ministerio de Hidrocarburos, por la negligencia en el mantenimiento y reparación del tanque”, reseñó.
Finalmente, reiteró que las inspecciones continuarán en las demás operadoras: “No voy a decir el momento ni a cuál, pero esto se va a hacer con todas, las grandes y las más chicas, en un operativo conjunto entre los Ministerios de Ambiente, Hidrocarburos y la Secretaría de Trabajo”, concluyó.
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