¿Se juzgará la corrupción en plena campaña?

El juicio que involucra al exhombre fuerte del gobierno de Mario Das Neves, Diego Correa, junto a otros exfuncionarios y empresarios acusados de haber participado de una asociación ilícita para llenarse los bolsillos a costa del Estado es un reflejo de una matriz de corrupción que parece atravesar distintos ámbitos de la función pública, desde el plano nacional hacia abajo.

Esa matriz se repite en sus formas, según se desprende de las acusaciones formuladas  por los fiscales, aunque con algunas variaciones. El posterior desprendimiento de la primera investigación, conocida como “Revelación”, sacó a la luz otro entramado de coimas y circuitos irregulares de pagos entre ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción.

En los últimos días, una nueva acusación contra el ex titular del ISSyS, Cristian Eguillor, apuntará a determinar si ese exfuncionario, recientemente sobreseído en otra acusación penal, tomó decisiones que favorecieron a una empresa de servicios médicos, contratista del organismo oficial, a través de mayores pagos por el servicio prestado, cuando habría una incompatibilidad para hacerlo. Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez buscarán probar que el funcionario tenía participación en dicha empresa.

También la denuncia que involucra al exsubsecretario Pablo Korn, por compras direccionadas durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia, se inscribe en ese tipo de incompatibilidad.

La modalidad de funcionarios involucrados en empresas contratistas del Estado, en este caso municipal, es la hipótesis que dos fiscales de Comodoro Rivadavia, Adrián Cabral y Camila Banfi, deben investigar –por separado- en expedientes que están sobre sus escritorios.

En el primer caso se trata de un desprendimiento directo de la causa “apadrinados”, que investiga (desde hace cuatro años, pero sin resultados conocidos hasta la fecha) la justifica federal por presunto lavado de activos, en hechos ocurridos durante la gestión del exintendente Néstor Di Pierro.

La derivación fue dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó investigar en la justicia ordinaria provincial los presuntos delitos que dieron origen al dinero objeto de las presuntas maniobras de lavado. Esa causa, en la que el fiscal Cabral respondió ante la consulta para esta columna que aún “se está trabajando en ese tema”, habría establecido vinculaciones entre exfuncionarios que se desempeñaron en el ámbito de Obras Públicas del Municipio y empresas que resultaron adjudicatarias del mayor porcentaje de obras en los últimos años, al menos hasta el año 2016.

La fiscal Banfi, por su parte, inició una investigación el año pasado a partir de una denuncia presentada por la Subsecretaría de Trabajo, vinculada a la posible falsificación de documentación (certificados de libre deuda en materia laboral) por parte de empresas contratistas de la obra pública municipal. Esa causa terminó abriendo otra puerta, conectada a hechos que estaban involucrados con la investigación de Cabral, que tendría relación también con la posible participación del exsecretario de Obras Públicas, Abel Boyero, en una de las empresas que resultaron adjudicatarias de gran parte de las obras locales. De comprobarse ese vínculo, se daría el mismo tipo de incompatibilidad que en algunos de los casos de mayor repercusión pública: la de participar a ambos lados del mostrador. Por ahora, lo más concreto se vincula a la falsificación de documentos por parte de empresas que han sido las mayores contratistas de la obra pública local.

JUSTICIA Y POLÍTICA

El gran interrogante que queda planteado es si las causas judiciales avanzarán en el actual contexto, en el que se ha lanzado la campaña electoral y en el que cualquier tipo de movimiento puede ser atribuido a una “operación” en contra de los presuntos involucrados, o para afectar la chance electoral de alguno de los candidatos en pugna. Desde aquellos casos que estaban listos para iniciar los juicios, hasta las investigaciones en etapa preliminar, en ámbitos judiciales se evalúa cada paso en el contexto amplio de la contienda política, además de que no se desconocen los vínculos que puede haber entre actores con poder de decisión judicial y referentes del ámbito gubernamental.

En su libro “InJusticia”, el fiscal federal Federico Delgado reflexiona sobre algunas graves disfuncionalidades del sistema judicial (enfocado en los casos de resonancia nacional y el uso político que muchas veces se hace del sistema) al señalar que la situación actual “es también una consecuencia de la actitud de la sociedad, que ante un sistema judicial en crisis, a veces es indiferente, otras es silenciosa, otras es triunfalista y, a menudo, reacciona y se indigna, pero sin buscar un cambio real”.

“Si es por las elecciones, las tenemos año por medio y con ese criterio nunca se podría investigar nada”, cuestiona un observador que conoce de cerca el entramado por el que la lupa judicial roza, por ahora de lejos y de modo quirúrgico, para no provocar más daños colaterales de los impensados, al poder político de turno.