“Tenemos menos deuda y menos empleados públicos”, analizó el ministro Antonena, al presentar el “ordenamiento financiero” con el que entregará Chubut el 10 de diciembre
Destacó que se redujo la incidencia de la masa salarial sobre los recursos de libre disponibilidad y la merma en 1.600 cargos públicos.Y destacó las virtudes de la reestructuración del BOCADE en 2020.
La presentación realizada por el ministro de Economía, Oscar Antonena, sobre la situación financiera en la que entregará la provincia el 10 de diciembre, apuntó a destacar el ordenamiento alcanzado en las cuentas públicas. Tomando como punto de partida en la situación imperante en 2019 y 2020, por el cruce entre la deuda tomada en 2016 y el efecto de la pandemia, la situación hoy es claramente diferente, aun cuando reconoció que “desde el 10 de diciembre se deberá seguir gestionando ante el gobierno nacional” los instrumentos financieros necesarios para afrontar lo que viene.
La presentación del informe tuvo un eje esencialmente económico, pero también una inocultable defensa política de la gestión saliente. Los momentos dramáticos vividos 4 años atrás se resumieron en la frase expresada por Mariano Arcioni durante la presentación:
“Hubo momentos críticos, en los que muchos se juntaban a comer asado y hacían apuestas para ver en qué momento renunciaba el gobernador”, evocó Arcioni, sobre la crisis desatada desde 2019. Además, enfatizó el rechazo a las críticas, expresadas por su próximo sucesor en el cargo, por los ingresos de personal en la última etapa del actual gobierno.
“Hoy en el Estado provincial hay 1.600 agentes menos que en el año 2020”, había expresado Antonena, durante la presentación.
EL DRAMÁTICO ESCENARIO 4 AÑOS ATRÁS
La situación en 2020 tenía indicadores claramente negativos, con un déficit que en ese momento era de 23.000 millones de pesos, equivalente al 40% de los ingresos estimados.
El gasto salarial de la provincia equivalía al 120% de los ingresos netos anuales (sin contar los ajustes salariales anuales previstos por las cláusulas gatillo acordadas en 2019) y absorbía la totalidad de los ingresos de libre disponibilidad.
A ese escenario se sumaba la deuda con ISSyS, el bono TICADEP (deuda con proveedores), que totalizaba un monto de 32.879 millones de pesos. Los ingresos previstos para ese año eran de alrededor de 57.000 millones de pesos.
Medido en dólares, el stock de deuda alcanzaba los 1.505 millones de dólares, principalmente por el BOCADE, el título que se había colocado en el año 2016 por 650 millones de dólares, que al sumar los intereses alcanzaba los 900 millones de dólares.
Sobre esa situación se sumó el agravante de la pandemia de 2020, con la caída de actividad y merma de precios del petróleo, que en mayo de aquel año llegó a cotizar a 15 dólares por barril.
Al describir las características del BOCADE, Antonena recordó que estipuló la garantía mediante la afectación de regalías petroleras, lo que significó una "cesión irrevocable" de ese recurso, mediante una estructura de fideicomiso financiero, con pagos puntuales cada 3 meses. Desde octubre de 2020, cuando se inició el pago de capital (hasta ese momento, sólo se habían abonado cuotas correspondientes a intereses), las cuotas comenzaban a impactar con un monto de máximo impacto para las cuentas públicas, de 39 millones de dólares.
En ese marco, el ministro destacó que la planificación para lograr eficiencia y sustentabilidad de la gestión fue fundamental, por lo que como primer punto se avanzó en la renegociación del BOCADE, a partir de la decisión del gobernador Arcioni. Esa gestión requería autorización de Legislatura y fue necesario esperar más de un año hasta obtenerla.
"El gobernador, en diferentes ocasiones planteó la necesidad de renegociar y Legislatura no tuvo tiempo para autorizarlo con celeridad-dijo el ministro, para recordar sutilmente las trabas que había por entonces-, pero necesitábamos el consenso político como lo tuvo el BOCADE, que fue aprobado por la mayoría legislativa, menos una sola diputada".
Finalmente, la Legislatura aprobó la renegociación, sobre fines de 2020, por lo que "logramos el acuerdo con el 90% de los acreedores (se necesitaba contar con la aprobación mínima del 75%), tras 10 semanas de negociaciones, con 4 fondos de inversiones internacionales. Fue la primera provincia en reestructurar un bono -recordó-. Con esto, logramos oxigenar la gestión y las próximas. Luego vino Neuquén y Tierra del Fuego, que no pudo reestructurar", diferenció.
Como logros de la renegociación, ponderó que se redujo la tasa de interés original del bono, al bajar desde el 7,75% al 7,70%. Para enfatizar las diferencias, remarcó que en 2016 Nación tomaba créditos externos con tasas al 5,68% (lo que significa que el gobierno provincial de ese momento hizo un mal negocio, al aceptar una tasa más cara), mientras que e 2020, lo hacía al 11,42%. "Nosotros lo hicimos con una tasa de 3,72 puntos menos", ponderó.
En especial, esa operatoria permitió el ahorro de 169 millones de pesos entre los años 2021 y 2023, lo que permitió la liberación de excedentes de cuenta corriente por un monto de 2.500 millones de pesos durante ese período.
Con la reestructuración, además, "se evitaron las consecuencias negativas de una cesación de pagos, que hubiera implicado la aceleración de todas las deudas, captura de regalías, costas (de eventuales juicios) a cargo de la Provincia y el perjuicio reputacional", expuso en la presentación.
Esto permitió mantener el crédito reputacional de la provincia, lo que se verificó el año pasado, ya que Chubut logró colocar, en la actual gestión, un nuevo bono por 111 millones de dólares.
REDUCCIÓN DEL GASTO SALARIAL Y BAJA DEL STOCK DE DEUDA EN RELACIÓN A LOS RECURSOS
Otro de los puntos que destacó Antonena en su presentación fue el control del gasto, particularmente en materia salarial. En ese punto, mostró un gráfico en el que surge que hasta mitad del año pasado, los salarios superaban a los ingresos de libre disponibilidad, mientras que desde ese período se mantuvieron parejos, a excepción de los períodos de pago de aguinaldos. Y desde mayo de 2023, los ingresos superan a los salarios.
En relación a los salarios estatales, valoró también que se redujo la cantidad de cargos liquidados, al pasar de 39.687 en el año 2019, a 38.051 en 2023. De allí la mención reseñada al inicio el informe, con la reducción de algo más de 1.600 cargos.
Del mismo modo, ponderó los indicadores sobre la baja del stock de deuda en relación a los ingresos. Mientras que en el año 2019, el endeudamiento representaba un 240% de los ingresos, en 2023 esa incidencia se redujo al 105%. "Esto se llama eficiencia en la gestión de la deuda", enfatizó el ministro.
DEUDA EN PESOS PARA AFRONTAR DESDE DICIEMBRE Y LETRAS EN DOLARES
Otro componente del “ordenamiento financiero provincial” presentado por el ministro Antonena es el detalle de la deuda en pesos. La misma se compone principalmente por los préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, creado por el Estado nacional, al que se le deberá cancelar el año próximo un total de algo más de 67.000 millones de pesos (esa cantidad debe ceñirse a valores de hoy, ya que el monto se actualiza mensualmente por efecto de la inflación).
A esto se suman Letras del Tesoro en pesos, por alrededor de 1.900 millones a cancelar en lo que resta de este año, además de otras deudas similares de distinto origen, para alcanzar un total, a valores actuales, de 75.000 millones de pesos.
En dólares, los vencimientos para afrontar desde el año próximo y hasta 2030 ascienden a 486 millones correspondientes al BOCADE, más 111 millones del bono TIDECH y un pequeño remanente del bono BOPRO, también colocado en el año 2016 (si bien el monto original era de 50 millones de dólares, hoy queda por cancelar un saldo inferior al 5 de ese valor).
En moneda dura, hay que sumar otros 26 millones que se adeudan por organismos multilaterales y Letras del Tesoro por 49 millones de dólares, de las cuales 20 tendrán vencimiento el próximo 5 de diciembre.
"Tenemos menos deuda, porque hemos cumplido nuestras obligaciones y logramos sostenibilidad de esa deuda en un sendero fiscal a futuro y es lo que las próximas gestiones tendrán que seguir asumiendo. Después del 10 de diciembre se tienen que seguir gestionando los acuerdos con Nación. Nosotros logramos un privilegio entre los acreedores, porque mostramos un plano de sostenibilidad y la eficiencia en el gasto, para poder mejorar la recaudación", dijo el ministro finalmente, en rueda de prensa tras la presentación.