RAWSON - Los Colegios de Abogados de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia rechazaron por “inadmisible” el proyecto de ley del Superior Tribunal de Justicia que propone, según su definición, un incremento “considerable y drástico” de la Tasa de Justicia en Chubut. Según los letrados, la idea de los ministros “resulta irrazonable, inconveniente, inoportuna y esencialmente no ajustada a derecho”.

La iniciativa “promueve e impulsa la sustancial modificación del régimen vigente”, explicaron. “Con dicha iniciativa el Alto Tribunal ha excedido visible y manifiestamente la atribución que le acuerda el artículo 176 de la Constitución Provincial que sólo y únicamente le permite coparticipar en la actividad legislativa en lo referente a la organización y procedimientos judiciales y en el funcionamiento de los servicios conexos a la justicia”.

Según los Colegios, este “exceso supera lo meramente formal, por cuanto roza la división de poderes”. E interpretaron que el proyecto “significa aumentar desmedidamente el costo del acceso a la Justicia”, a la vez que subrayaron que “dicho encarecimiento del servicio de justicia deviene inentendible” ya que la provincia debe garantizar la administración de justicia, en tanto es “un servicio público esencial y básico”.

“El fuerte encarecimiento del servicio de justicia proyectado pone en riesgo el acceso a la Justicia, al menos para los desposeídos y los que carecen de medios para el pago de altas tasas, que tornan ilusorio aquél”. Los Colegios aseguraron que la iniciativa del Superior no se ajusta a los Pactos Internacionales que “consagra el derecho que le asiste a toda persona de acceder a la justicia en defensa de sus derechos y legítimos intereses”.

“La iniciativa deviene inoportuna, inconveniente y hasta muy poco razonable, en momentos en que la carga impositiva que pesa sobre los argentinos ha llegado a límites virtualmente insoportables, como lo ha reconocido el mismo Presidente de la Nación y es destacado desde todos los ámbitos, sin distinciones ideológicas ni partidarias”.

Tras recordar que el servicio de justicia es una “carga ineludible e insoslayable” que debe asumir el Estado, el proyecto “intenta modificar sustancialmente el principio imperante en el proceso judicial en lo relativo al pago de las costas, haciéndole partícipe de las mismas al que triunfe en las contiendas judiciales, pues contempla que si el perdidoso no está en condiciones de afrontarlas, caerán sobre la parte ganadora”. Esta interpretación “pretende innovar sustancialmente en materia procesal, alterando en profundidad el principio que las costas deben ser soportadas por quien ha litigado sin razón suficiente”.

“La iniciativa avanza aún más –escribieron- en su inequívoca voracidad por el cobro de las tasas”. Es que si las partes son insolventes o eluden el pago de las tasas, deberán pagarlas los abogados y los demás profesionales intervinientes, que no cobrarán honorarios hasta no cumplir.

“Semejante intento de hacer que carguen con las costas los letrados y peritos implica un avance ilegítimo sobre el sustento de los profesionales del derecho, cuyos honorarios revisten carácter y naturaleza alimentaria”.

"NO SE PUEDE SILENCIAR"

“No se puede silenciar que la iniciativa, que privilegia la percepción de las tasas por sobre la administración de justicia, deja al descubierto que desde el Alto Tribunal se prioriza desmedidamente el cobro de un servicio, que desde la sociedad se advierte como deficiente, lento y altamente criticable”.

Los Colegios también objetaron “la autorización genérica e imprecisa que conlleva el proyecto para que el Superior arancele servicios propios y naturales del Poder Judicial, lo que bien puede llevarnos a una suerte de virtual privatización de la Administración de Justicia, en desmedro de la gratuidad”.

Los Colegios le pidieron a las comisiones de Legislatura que desechen el proyecto y comunicaron su rechazo a la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Firmaron la nota Patricio Castillo Meisen, Nicolás Demitriou y Eduardo Fernández Lubo, presidentes de los Colegios de Abogados de Madryn, Comodoro y Trelew, respectivamente.

Fuente: Jornada

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