COMODORO RIVADAVIA - (Especial para ADNSUR/Por Raúl Figueroa) - La discusión en torno a la postergada ley de coparticipación federal de impuestos, que no encierra otra cosa que el reparto de la torta de recursos, parece caer por peso propio no tanto por la deuda histórica con lo que ha ordenado la Constitución de 1994, de lo que sucesivos gobiernos hicieron oídos sordos en las últimas dos décadas, sino fundamentalmente porque la pretensión de la provincia de Buenos Aires de quitar el tope del fondo del conurbano que recibe esa jurisdicción entraña el riesgo de recortes concretos para las demás provincias. Entre ellas, Santa Cruz calcula que podría perder 1.000 millones de pesos al año y Chubut, no menos de 2.500 millones. Tras el proceso electoral que culmina este domingo 22 de octubre, las próximas semanas permitirán inferir de qué forma se canalizará este esencial problema.

La situación actual, donde está a la vista que una decisión judicial a favor de Buenos Aires no haría más que hacer estallar las de por sí delicadas cuentas de la mayor parte de las provincias, tiene otra cara de la misma moneda. Es que también Chubut, por su parte y sin el mismo peso específico electoral que Buenos Aires, viene reclamando una legítima reparación por ser una de las provincias más postergadas en esta materia, porque además cedió ingresos que le correspondían en la década del 80.

Ese reclamo adquiere mayor magnitud si se considera que su fuente genuina de recaudación, como son los ingresos por regalías petroleras, siguen cayendo en una tendencia que parece no encontrar el piso. El gobierno provincial debe responder a la demanda de Buenos Aires, en la instancia abierta por la Corte Suprema de Justiciad de la Nación. La gravedad del problema fue expuesta por el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, al señalar que en caso de que se haga lugar al planteo de la gobernadora María Eugenia Vidal, Chubut no podría afrontar el pago de sueldos.

LO QUE ESTA PROVINCIA APORTÓ EN CONCEPTO DE RETENCIONES

En el presupuesto 2017, Chubut contabilizó ingresos de alrededor de 10.500 millones de pesos por coparticipación federal de impuestos. Si ya en la actualidad el déficit de la primera mitad del año fue de 3.000 millones, resulta inimaginable proyectar cómo podrían las cuentas públicas soportar un recorte como el que se estima en caso de que Buenos Aires actualice su propio índice. Si a aquella jurisdicción le cabe algún tipo de consideración por el retraso de recursos recibidos, el mismo derecho tiene una provincia que hasta 2014 entregó al Estado nacional una masa de recursos estimada en 36.000 millones de pesos, por vía de retenciones a la exportación de petróleo.

En efecto, si se toma sólo el año 2014, Chubut aportó –según un informe elaborado por el Ministerio de Hidrocarburos- recursos de por 4.342 Millones de pesos, por lo que cada habitante transfirió un total de 8.529 pesos, lo que significa un aporte 50% superior a cada habitante de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, o 35 veces más que Córdoba. Incluso supera a los habitantes de Buenos Aires en 16 veces, y en 9 veces al aporte per cápita realizado desde Santa Cruz.

Al mismo tiempo, hoy los ingresos por regalías petroleras en Chubut resultan un 40% más bajo, si se compara el primer semestre de este año contra la primera mitad del 2014.

ASISTENCIA DE NACIÓN

En ese contexto, la provincia debe aguardar cada inicio de mes los desembolsos de 300 millones de pesos, en carácter de préstamo, por parte del Estado nacional. Esas asistencias vencerán a fin de año, pero evidencian una señal clara sobre el desequilibrio económico que atraviesan las cuentas provinciales, que a su vez están en el límite de endeudamiento permitido por la ley de Responsabilidad Fiscal, acercándose rápidamente al tope del 15% impuesto sobre su producto bruto interno.

Desde esa perspectiva, el debate por un nuevo régimen de coparticipación es uno de los desafíos más claros que afronta el gobierno nacional en su relación con las provincias. Chubut no admite más recortes, pero la historia reciente del país demuestra que el poder central puede tomar lo que busca en aras de mayor concentración de recursos y disciplinamiento a los gobiernos locales, sin que las provincias hayan tenido capacidad para evitarlo. Cualquier cambio en esa tendencia será un aporte positivo para empezar a revertir décadas de frustración.

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