RAWSON (ADNSUR) - Los causa es por “administración fraudulenta” y los fiscales sostienen que el Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de la ex Alpesca estaban a merced de las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal que ocurrió el 7 de abril de año 2014 y provocó que los buques se soltaran del muelle y quedaran varados en la playa hasta la fecha. La jueza de la causa será Stella Eizmendi, informó el Ministerio Público Fiscal.
“Los imputados estaban designados como cuidadores de los bienes y por su conducta se produjeron daños a la flota de Alpesca. Estaban en cabal conocimiento de los riesgos que corrían los buques y, pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación. Los buques terminaran tirados en la playa y a la fecha no se encuentran en condiciones de navegabilidad”, afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.
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ACUSACIÓN
Los fiscales acusan a los funcionarios de ser responsables, en calidad de administradores de los bienes de la empresa, de no haber implementado las medidas mínimas de seguridad correspondiente para evitar que los barcos soltaran sus amarras en el muelle Almirante Storni y sufrieran averías producto de golpes.
En marzo de 2014 fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento: carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, el 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa, sostuvieron desde el Ministerio Público en su escrito para elevar el caso a juicio.
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La acusación incluye las citaciones a prestar declaración testimonial a 31 testigos del caso, entre los que figura el ex gobernador Martín Buzzi, funcionarios provinciales, personal jerárquico de la empresa Alpesca, oficiales de Prefectura Naval y el denunciante, Jerónimo García.
PÉRDIDAS POR 5 MILLONES DE DÓLARES
Un informe pericial señala que las pérdidas económicas ocasionadas por los daños de los cinco barcos asciende a más cinco millones de dólares, más 800 mil pesos que le costó a la Administración Portuaria preservar los barcos y reparar el muelle.
Según el decreto de ocupación, debían “realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”.