Con la aprobación del proyecto para incrementar la recaudación provincial a través de la suba de tasas y montos fijos, la Legislatura de Neuquén le brindó al Ejecutivo provincial una herramienta adicional para enfrentar el complejo escenario económico actual, marcado por la inflación y los recortes de recursos por parte del gobierno nacional. Esta medida se suma a otras acciones incluidas en el plan para optimizar las finanzas del Estado y asegurar las partidas necesarias en áreas prioritarias como Educación, Seguridad y Salud.

Según explicaciones del Ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia, los montos fijos del Código Fiscal, que incluyen multas, tasas, escalas y mínimos, históricamente se actualizaban anualmente, pero durante el último período fiscal permanecieron inalterables, perdiendo valor mes a mes. En términos reales, los montos fijos de enero de este año representan aproximadamente la mitad de los valores de hace cuatro años.

En el contexto actual, es crucial que el Estado provincial mantenga el valor de sus tributos para cumplir con sus obligaciones. La reforma del Código Fiscal no implica un incremento de impuestos, sino que otorga al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para evitar el deterioro de las arcas públicas. Otras provincias ya habían adoptado medidas similares ante esta necesidad.
 

El subsecretario de Ingresos Públicos, Juan Martín Insua, destacó que, en términos reales, las cuotas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, adheridas por la mitad de los contribuyentes locales, son un 64% menores a las que regían en 2019. La iniciativa, que incrementa en hasta un 50% ciertos importes fijos establecidos en la ley Impositiva, fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados.

Al explicar la iniciativa en el recinto, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) indicó que la ley faculta al Ejecutivo provincial a aumentar los mínimos imponibles para adaptarse al proceso inflacionario y al aumento de las alícuotas ya dispuestas en el Código Fiscal. Además, se amplía la exención del impuesto inmobiliario para los contribuyentes jubilados y pensionados al elevar de 3 a 5 el salario vital y móvil necesario para acceder al beneficio.

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