Arcioni pidió a la Justicia que lo investigue y ofreció abrir su patrimonio

TRELEW - Luego de que su nombre apareciera en las planillas Excel de presuntos sobresueldos, en el marco del Caso Correa, el gobernador Mariano Arcioni elevó una nota al procurador general, Jorge Miquelarena, para ponerse a disposición y pedirle que “se realice la más profunda investigación sobre mi persona y patrimonio”. Para ese objetivo “pongo a su disposición todo lo que estime necesario” y pidió que se vaya a fondo si es que existe cualquier imputación en su contra, ofreciendo para eso su situación patrimonial. Anticipó que por ahora “no se va a separar a ningún funcionario más y vamos a estar muy atentos a los avances de las investigaciones”. 

El mandatario basó su presentación espontánea en las “apariciones periodísticas y en redes sociales que han tomado estado público, tomé conocimiento público de hechos que podrían involucrarme con la investigación que se lleva a cabo”. De acuerdo a la presentación de Arcioni, “mi nombre se encontraría involucrado en listas o documentos privados del que podría desprenderse la comisión de algún delito de acción pública”. Se trata de las planillas que la Unidad Anticorrupción secuestró en domicilios que usaba Diego Correa. Incluyen fechas, nombre de funcionarios y particulares, y montos de presuntos sobresueldos, retornos y gastos sospechosos.

“Según las mismas apariciones y trascendidos, dichos listados involucrarían a personas, empresas y funcionarios, que habrían recibido dinero sin una explicación de su causa o sobre el origen de los mismos”, acotó.

“La categórica NEGATIVA (mayúscula en el original) de mi participación en todos estos hechos y la gravedad de los mismos, así como la posible comisión de un delito de acción pública encerrado en dichas acciones me obliga a mi comparecencia que más allá de un deber jurídico, constituyendo un deber moral”.

El gobernador explicó que de acuerdo al artículo 68 de la Constitución Provincial, todo funcionario debe vindicarse frente a una imputación penal. Y aunque por ahora no es su caso, “la sola insinuación o sospecha deslizada en la simple opinión pública me obliga a comparecer y ponerme a disposición con el objeto de proporcionarle toda la información que esa autoridad jurisdiccional solicite referida a mi desempeño y actividad, que trasmita absoluta transparencia dada la trascendencia y estado público de los hechos, que además de arrojar un serio manto de duda mi desempeño como funcionario, afectan en lo personal mi buen nombre y honor”.

“La sola insinuación en los hechos bajo investigación por el Sr. Procurador Fiscal me causan un irreparable descrédito o infamia en perjuicio de mi honorabilidad, que exigen la obligación de vindicarme, que no es otra cosa que el deber de defenderme, cuidando mi fama y la opinión sobre mi conducta”.

En este escenario y en diálogo con la prensa, el gobernador insistió con su pedido de no difundir nombres de funcionarios sólo por trascendidos. Y anticipó que por ahora “no se va a separar a ningún funcionario más y vamos a estar muy atentos a los avances de las investigaciones”.

“Debemos tener mucho cuidado cuando se nombra a las personas porque tal vez no tienen nada que ver, se mancilla el buen nombre y honor, tenemos que ser muy cuidadosos”. Sobre los nombres que circulan en redes sociales “hay que tener mucho cuidado en medio de una causa tan delicada con hechos con semiplena prueba de corrupción, está clarísimo”.

“Somos respetuosos de la autonomía de poderes. La justicia está trabajando de una manera excelente, correcta y vamos a dejar que avance”, aseguró Arcioni. “Próximamente vamos a dar a conocer cuáles van a ser los entes de control, cómo vamos a perfeccionar el poder de policía que debe tener el Estado, sobre todo en contrataciones. En quince días habrá novedades al respecto”.

Mientras tanto, por la causa de la planilla Excel de presuntos sobresueldos, hubo nuevos procedimientos en Lotería del Chubut, Casa de Gobierno y Canal 7. Se investigan contrataciones a una agencia de publicidad. Ayer al mediodía, funcionarios de fiscalía con directivas de Marcos Nápoli se presentaron en esos organismos púbicos provinciales requiriendo documentación sobre una agencia de publicidad que figura en las planillas de Diego Correa.

Los integrantes de la Unidad Anticorrupción fueron al Instituto de Asistencia Social, luego se presentaron en Casa de Gobierno donde buscaron expedientes en la Subsecretaría de Información Pública y posteriormente se trasladaron hacia las instalaciones de Canal 7, ubicado en inmediaciones al Hospital Santa Teresita.

El funcionario de Fiscalía y coordinador del Equipo Técnico Multidisciplinario, Mario Palacios, confirmó que “diligenciamos una orden de presentación, por disposición del fiscal Nápoli y vinimos a retirar la documentación que se había requerido”.

Por su parte el propio fiscal explicó que en estos operativos “se entregaron órdenes de presentación exigiendo documentación que tenga vinculación de la empresa AEME Publicidad con el Estado Provincial, en particular en la secretaría de medios de la provincia y Lotería”.

Nápoli detalló que en las planillas contables “aparecen pagos a esa productora y estamos evaluando si coinciden los pagos y los montos con la registración contable en negro que llevaban Correa y Diego Lüters. Queremos ver de dónde salía el dinero para pagar a esta empresa”.

Investigan a Eguillor

El juez Marcelo Nieto de Biase dejó abierta la investigación preparatoria que promueve el Ministerio Público Fiscal contra Cristian Eguillor, expresidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros por presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El defensor de Eguillor, Federico Ruffa, no se opuso a la decisión judicial. Al exfuncionario se le endilga haber contratado a Sepat SA, en la que participaba una de las detenidas por el Caso Correa. Es Daniela De Souza, apoderada de esa empresa y con una “estrecha relación” personal con Eguillor. El ISSyS contrató a esa empresa para el alquiler de carpas para promociones en Gualjaina, El Hoyo, Trevelin y Cholila. Por cada evento se pagaron 42.000 pesos.

También se consideró que Eguillor cometió el mismo delito al abonar 195.5145 pesos en dos pagos iguales a la empresa Dual Core en la que Daniela Souza era socio gerente por obras realizadas en el GIRSU. El pago se realizó por obras del Girsu y se realizaron mediante el cheque en el Banco Chubut.

Respecto de la “estrecha relación” entre Eguillor y De Souza, el doctor Alejandro Franco mencionó que está probado que Eguillor salió de garante en el alquiler de un departamento por parte de la mujer en una zona exclusiva de Playa Unión.

La audiencia fue breve y con escaso público. Se realizó en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia y Franco estuvo acompañado por el abogado Fabián Papaiani, ambos en representación del Ministerio Público Fiscal, según el parte de prensa de ese organismo judicial.

Fuente: Jornada