Arcioni recibe una brasa ardiente y será clave la relación con Nación

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) - La provincia que recibe Mariano Arcioni como nuevo gobernador de Chubut, tras el lamentable fallecimiento de Mario Das Neves, se asemeja a una brasa caliente desde el punto de vista económica.

Las opciones para lograr equilibrar un presupuesto que oscilaría los 30.000 millones (sin contar los 10.000 incluidos este año a raíz del bono petrolero) no son muchas.

Con la posibilidad casi agotada de seguir contrayendo deuda para gastos corrientes, todas las miradas conducen a la capacidad de acuerdos del gobierno provincial con su par del ámbito nacional, para lograr asistencias financieras que impidan que la provincia quede sumida en la inviabilidad económica, dolorosamente reflejada en lo que viene ocurriendo con la cercana Santa Cruz.

INGRESOS

Con los ingresos por regalías petroleras limitados en la franja de los 5.000 millones de pesos (si la producción del año próximo se mantiene igual a la de 2017, con mucho esfuerzo se podría llegar a proyectar 300 millones de dólares), todo lo demás depende de la coparticipación federal de los impuestos nacionales y la recaudación de impuestos provinciales.

¿Podrá articular Arcioni un esquema de asistencia específica por parte del gobierno nacional? Para ello no basta la línea de préstamos de 300 millones de pesos (en un total de 4 envíos que llegarán hasta fin de año), sino que deberá articular una línea de asistencia mucho mayor, que compense las pérdidas de ingresos de los últimos años y que de alguna manera anticipe los mayores recursos que la provincia debería recibir una vez que se concrete la postergada nueva ley de coparticipación, para salir del anteúltimo lugar de la fila en esa distribución de recursos hacia todas las provincias del país.

DEMANDAS DEL SUR PROVINCIAL

Si el gobernador Arcioni tuviera que hacer un relevamiento del mapa de urgencias económicas del sur de Chubut, puntualmente de Comodoro Rivadavia, la lista empezaría por una crítica situación vinculada a servicios básicos.

Por ejemplo, la inminente devolución del mantenimiento del sistema acueducto por parte de la Sociedad Cooperativa, que reclama a la provincia una deuda de 134 millones de pesos, por la que ya ha iniciado una demanda judicial con el objeto de trabar embargo a las cuentas provinciales, para defenderse a su vez del posible embargo que la entidad podría sufrir por parte de CAMMESA (empresa mayorista que le vende cada vez la energía eléctrica).

Sin fondos frescos para ofrecer en aras de achicar siquiera parcialmente esa deuda, urge al menos una gestión política que refleje que el gobierno provincial está interesado en evitar un agravamiento del problema, a fin de iniciar la búsqueda de alternativas (¿compensaciones por el canon de uso de agua, gestión para que petroleras asistan a la entidad con la energía necesaria para movilizar el sistema de bombeo?) que tiendan a disminuir el monto, además de acordar un nuevo convenio para la operación del acueducto.

Otro grave problema en la urbe petrolera –que se replica con dispar resonancia en otras ciudades de la provincia- está centrado en el transporte público de pasajeros. En este caso, la deuda es un monto menor, del orden de los 25 millones de pesos en concepto del Transporte Educativo Gratuito, que motiva cada inicio de mes medidas de fuerza que paralizan el servicio en la ciudad.

El gobierno provincial, en base a la proyección del ministro Oca, ya anunció su decisión de revisar el sistema y acotar el beneficio a casos que justifiquen la necesidad del boleto gratuito, pero reduciendo la cantidad de pasajes que hoy se entregan a un universo que no en todos los casos justifica su necesidad.

Sin embargo, los cambios serán para el año próximo, mientras que esta semana podría haber un nuevo conflicto si los choferes no cobran la totalidad de los salarios, lo que significaría una vez más la interrupción del servicio.

Se trata de temas urgentes, sin contabilizar otros problemas de fondo, como la distribución de obra pública o la deuda pendiente con familias afectadas por el temporal, que ya no tienen certeza si alguna vez recibirán los subsidios de 30.000 pesos que Provincia había acordado enviar en 5 partidas de 20 millones cada una (de las que llegó sólo la primera).