Arde el clima político por la Ley de Autarquía: la relación Gobierno - Justicia en su peor momento

RAWSON (ADNSUR) - Nada de esto se hablaba hace 15 días, ya que la cuestión de la independencia económica de los poderes del Estado no era tema de agenda, en medio de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento.

Pero hoy se convirtió en el tema “central”, en el asunto de Estado más importante a resolver en las próximas horas, porque podría derivar en una batalla sin cuartel entre los principales actores políticos de la provincia, con consecuencias imprevisibles.

Se trata de la tan mentada Ley de Autarquía Financiera para los poderes Judicial y Legislativo, una medida reclamada históricamente a lo largo de 63 años de vida de la provincia y que nunca se pensó que iba a ser motivo de un conflicto. Pero el problema es el cómo, el cuándo, y especialmente, el cuánto, algo que ADNSUR a través de esta columna va a tratar de explicar con el mayor rigor de detalles, luego de hablar con las más altas fuentes de ambas partes, quienes pidieron reserva en sus nombres.

Para entender el origen del asunto hay que tener en cuenta dos cuestiones: en primer lugar, el anuncio realizado por el gobernador Mariano Arcioni en su mensaje a la Legislatura el último 2 de marzo, cuando anticipó que este año iba a impulsar la Ley de Autarquía Financiera para el Poder Judicial, largamente reclamada.

La segunda cuestión fueron las negociaciones encaradas en las últimas semanas entre el gobierno y el titular del gremio legislativo, Ángel Sierra, ante el paro de la Cámara de Diputados por la falta de pago, en las que se avanzó en un acuerdo para sacar una ley que asegurara la autarquía en común para ambos poderes, con un sistema de “goteo” que bajara fondos de manera automática a la Justicia y a la Legislatura.

Y aquí se desprende el primero de los cuestionamientos, en las “formas”, en el modo en que esto fue estructurado. Para el armado del proyecto, desde Casa de Gobierno se generaron encuentros con el ala legislativa, pero no hubo ninguna reunión entre algún funcionario y la cúpula del Poder Judicial, quienes hasta aquí venían manteniendo un diálogo aceptable en los últimos meses.

En realidad hubo un interlocutor, un “mediador” que tiene una buena relación con ambas partes: el ex Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata. De fluido diálogo tanto con Mariano Arcioni como con Mario Vivas, el abogado trelewense mantuvo varias reuniones por este asunto, la última de las cuales fue la decisiva, el viernes al mediodía, con el ministro de Economía, Oscar Antonena, y con el actual Fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

Allí, en ese encuentro, se terminó de cerrar un punto clave, y que es la madre del problema: cuál sería el porcentaje de Rentas Generales que quedaría expresado en el proyecto a ser enviado a la Legislatura. La cúpula de la Justicia pretendía, y así lo expresaba el borrador que tenía en sus manos Martínez Zapata, que se le asegure un 12 %; el gobierno se mantuvo firme en aplicar lo que hoy está vigente, un 7,46 %, cuando la oferta de mínima del “mediador” había sido el 8 %.

Pero en números concretos, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque claro está, es una discusión de manejo de dinero.

LOS NUMEROS

Para este cálculo, el gobierno se basó en lo estimado en el presupuesto 2020 enviado a la Legislatura, en el que figuran ingresos anuales estimados en $ 90.835 millones dentro del concepto de Rentas Generales; es decir, la suma de ingresos de Coparticipación Federal, Regalías Hidrocarburíferas e Impuestos Provinciales.

Si se toman en cuenta los presupuestos vigentes en los distintos poderes, el Legislativo tiene aprobado una suma anual de $ 2.085 millones y el Judicial otra por $ 6.777 millones. Si se hace la cuenta, el primero implica exactamente el 2,3 de lo previsto para este año Rentas Generales, y el segundo el 7,46. Y concretamente, estos fueron los números acordados por Arcioni, Antonena y Grazzini en la firma del proyecto de Ley.

Y acá vamos a expresar un debate que se dio a través de nuestra columna, en el diálogo con las fuentes de ambas partes, para que se pueda entender la discusión. Del lado de la Justicia, expresan sobre este porcentaje que “el gobierno sabe que con esta plata no alcanza, el sistema viene funcionando hace años con un presupuesto inicial que siempre es actualizado en octubre para poder terminar el ejercicio”, según palabras de un alto magistrado, quien agregó “entonces tengo que entender que además hay mala leche”.

Ante el planteo de que este año muy probablemente los ingresos sean sustancialmente menores a los previstos, producto de la pandemia, en el gobierno responden que la independencia pasa por manejar tu propia plata, que va a estar atada a lo que entra a las cuentas provinciales.

“Que sean socios en las buenas y en las malas”, explica un alto funcionario del gabinete, en alusión a las dudas del arco judicial de las consecuencias que podría generar si no llegara a alcanzar el dinero. Por esa razón, otro de los puntos centrales de la discusión pasa por el pedido de la Justicia de que se incluya una cláusula de garantía, es decir, que pase lo que pase, siempre esté asegurado el dinero para el pago de los salarios.

En el Ejecutivo sostienen que la “avivada” del Poder Judicial pasa por querer administrar ellos mismos sus fondos, siempre y cuando se les garantice que les van a pagar los sueldos que pidan y los aumentos que se den. Además, en el gobierno argumentan que los judiciales tienen otros ingresos como la tasa de justicia, que no la quieren gastar en sueldos, mientras que la respuesta que parte del STJ es que “esa tasa recauda apenas 90 millones al año y es coparticipada entre la judicatura y los ministerios públicos, y la mayor parte va a obra pública”.

LOS INGRESOS

Cuando se argumenta –desde el gobierno- que hoy el 7 % de rentas parece bajo en época de malos ingresos pero puede ser mucho mayor si mejora el precio del barril e ingresa más recaudación, la respuesta de un funcionario judicial fue “es como si te quiero vender un terreno en la meseta y te digo el día que salga la minería va a valer una fortuna; eso es un riesgo y una conjetura que no tiene asidero. No podemos saber cuánto va a subir el barril, no es casual que justo cuando no hay regalías se quieran sacar el quilombo de encima”.

Agrega esta fuente que la “cláusula de garantía existe en varias provincias, y sin eso no hay ley, porque nos quedamos sin pagar sueldos, ya que para crear un fondo anticiclico hacen falta años de bonanza, y eso se logra con el tiempo”.

La respuesta desde Fontana 50 no se hace esperar: “ellos se fijan su propia política salarial, pero quieren que les garanticen los aumentos, ¿qué autonomía es? Son unos miserables comparados con los legislativos, que nos dicen que les demos un porcentaje y que se arreglan con eso”. La alusión se refiere a la política de aplicar de manera automática a todos los agentes judiciales, los aumentos de sueldo que determina la Corte Suprema, que se bajan de manera porcentual a todo el personal, y que en 2019 tuvieron un impacto interanual del 77 %.

En el Poder Judicial, las fuentes consultadas se preguntan si –como dice el proyecto- esto arranca al mes siguiente de su sanción, quién se hace cargo de los meses de salarios que se deben, que son marzo y abril. Y el otro punto interesante, que alguna manera fue anticipado ayer en la nota dirigida al gobernador por el procurador Jorge Miquelarena, tiene que ver con los ingresos provinciales, es decir, la recaudación.

“Tenemos desconfianza de que todo pase por la cuenta de Rentas Generales, sospechamos que ahí puede haber un posible manoteo, porque la provincia no publica lo que se recauda –indicó un alto funcionario judicial-. Vamos a pedir una investigación de qué se recauda y cómo, porque no sabemos cuánto entra y si se cobran todos los tributos o si se mira para otro lado con algunas actividades. Hablamos de los tributos provinciales, acá hay un gran desorden recaudatorio”, sostuvo el importante magistrado, que advirtió “les va a salir el tiro por la culata”.

LA POLITICA

En los despachos oficiales de Casa de Gobierno, insisten en que este proyecto de ley se trata de un gesto de buena voluntad, de reconocer una independencia que nunca se había realizado en el manejo de los fondos. Un altísimo miembro del gabinete dice expresar el pensamiento del gobernador Arcioni al sostener “durante tanto tiempo lo pidieron y ahora que es la primera vez que se respeta la independencia y no se hace más política con la billetera, se quejan. Antes se los extorsionaba con la plata, y ahora va a ser igual para todos. Esto nunca se hizo”.

Durante 20 años la política se manejó con la billetera, afirman en el gobierno en alusión al estilo de Mario Das Neves, algo en lo que coincidió días atrás el diputado opositor Manuel Pagliaroni, quien recordó en una nota con ADNSUR que en 2016 y 2017, cuando el entonces mandatario no le gustaban las actitudes de la Cámara, no les mandaba un solo peso.

Para los voceros de Fontana 50, al plantarse públicamente de una manera tan fuerte, “la justicia está obrando como un partido político, ¿dónde viste que la Corte Suprema, cuando el gobierno nacional impulsó la ley que puso límites a las jubilaciones, salió a decir algo?”.

Por si hace falta otra muestra del nivel de bronca que se vive por estas horas, otra de las frases vertidas a esta columna desde el Ejecutivo luego de leer el comunicado de la semana pasada firmado por Vivas, Panizzi, Miquelarena y Daroca, que cayó muy mal, fue que “están desorientados, ¿quién carajo se creen? Cobran jubilaciones de 450 mil pesos, tienen 800 millones en plazos fijos y no los quieren aportar, se las quedan ellos de todo lo que van recaudando”.

Y agregan en defensas del proyecto de la autarquía que “es un paso trascendental en la política, y ellos (en el STJ) estaban al tanto porque se viene anunciando hace dos discursos, y ellos salieron a decir que no creían que lo íbamos a presentar. Ahora se los damos y se quejan”. Como conclusión del gobierno, el desafío a la cúpula judicial es “que se decidan, van a jugar a la política o van a respetar a los judiciales; tienen una oportunidad histórica, y si quieren jugar a la política, que se pongan a competir en una elección”.

RESPUESTA JUDICIAL

Los términos que se escuchan en la vereda de enfrente no son menos fuertes. Un alto magistrado dijo a esta columna que “sin dudas acá hubo mala leche” de parte del Ejecutivo para con el Poder Judicial, ya que “no era el momento político oportuno para cambiar las reglas presupuestarias en medio de la crisis de la pandemia y la mora en el pago de haberes”.

Y se preguntó además “por qué lo hicieron de modo inconsulto, si era cierto que esto en alguna oportunidad se había hablado, pero ahora está en juego nada menos que de cobrar o no el sueldo. Esto es tirarnos una papa caliente en medio de una catástrofe para que nos arreglemos solos, porque no tienen salida, y quieren sacarse el problema de encima de la peor manera”.

Incluso hay términos irreproducibles en este espacio, que llegan a lo descalificativo de ambos lados, pero que pueden quedar reflejados en esta síntesis: “el gobierno hizo de esto una cuestión personal, y nos están metiendo la mano en el bolsillo. No se puede hacer política enojado, acá hay que sentarse a hablar”. En la justicia creen que, en el apuro por cerrar un acuerdo con Ángel Sierra, “se mandó este proyecto entre gallos y medianoche, cuando se podría haber trabajado algo más serio con tiempo, de aquí a dos años”.

La pelota está ahora del lado de la Legislatura, ya qué habrá que ver si el bloque oficialista aporta los votos a sabiendas de que no hay aval de la Justicia en el proyecto, aunque sí habría respaldo de los legislativos.

Una opción podría ser desdoblar el proyecto en dos, y sacar la parte referente al 2,30 % para la Cámara de Diputados, y dejar para más adelante el punto referido al Poder Judicial, siempre y cuando el gobierno esté de acuerdo.

La polémica está abierta y hay un conflicto de poderes en marcha por el manejo del dinero para pagar sueldos. En medio de una crisis inusitada, se discute “cómo administrar la pobreza”, y no en los mejores términos. Con el nivel de bronca que se observa en los protagonistas, no parece el ámbito ideal para discutir y negociar. Y para cambiar eso, hará falta más gestión política de parte de todos los actores.