Cerca de 300 despidos en el Enacom y desde abril se cerrarán todas las delegaciones
El Gobierno Nacional buscaría desvincular al 20% del personal. En paralelo, se prepara un decreto para que el Estado no intervenga en la fijación de las tarifas de telefonía, cable e internet.
La reestructuración del Estado impulsada por Javier Milei llegó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), un organismo que se creó en 2015 para ser el regulador de las telecomunicaciones en el país. En enero pasado, el gobierno intervino el ente por 180 días.
Las desvinculaciones comenzaron a comienzos de este mes con la salida de 50 empleados con contratos eventuales y titulares de las delegaciones del interior del organismo. Los despidos en las últimas horas habrían llegado a 300 empleados, con parte de los telegramas que fueron enviados hoy mismo, según publica Infobae.
La idea del Gobierno, según fuentes del sector, es reducir el 20% de una plantilla de casi 2.000. O sea, habrá más despidos. “Los despidos van a rondar los 500 en pocas semanas más”, estimó una fuente.
En paralelo, el presidente de la Nación prepara un decreto para que el Estado no interfiera en los precios de Internet, cable y celulares.
CIERRE DE LAS OFICINAS DEL ENACOM EN TODO EL PAÍS
Según se confirmó hoy, a partir de abril se cerrarán todas las delegaciones de Enacom en el interior del país.
La decisión fue argumentada a través de una resolución dada a conocer en las últimas horas. “Habiéndose efectuado un relevamiento de la actividad llevada a cabo en las Delegaciones Provinciales, pudo determinarse que la misma viene disminuyendo significativamente desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD)” y que “atento a la simplificación y automatización de los procesos, las Delegaciones han perdido relación de proporción entre las tareas llevadas a cabo y sus estructuras”, señalaron.
FIJACIÓN DE TARIFAS SIN CONTROL
En agosto de 2020, el por entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un decreto que declaró como servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, Internet y la TV por cable, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iba a dar en adelante.
La medida, fuertemente criticada por las empresas del sector, y llevada a la Justicia en muchos casos, está a punto de ser revertida por otro decreto.
La copia está a la firma de Milei y, básicamente, indica que la telefonía móvil, cable e Internet dejarán de ser servicio público y que el Estado ya no autorizará más los precios de los servicios.
Según el proyecto de derogación del DNU 690/2020, esa norma estableció “una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida a fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados, como se venía desarrollando”.
“La derogación de este decreto es imprescindible para revertir los efectos negativos en el mercado de las comunicaciones y conectividad. Estas malas decisiones han llevado a una disminución de las inversiones, necesarias para generar progreso, crecimiento y empleo, y generaron un aumento del intervencionismo estatal desproporcionado en el sector. Es urgente liberar el mercado y promover el desarrollo de servicios de calidad, garantizando la igualdad de trato para todos los usuarios”, concluyeron.
Por Sandra Loscar