Durante las tres últimas semanas, el ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena, mantuvo una serie de reuniones con funcionarios nacionales, en las que se cotejaron los datos del cumplimiento de las pautas fiscales de ordenamiento de las cuentas provinciales, un compromiso que se había asumido el año pasado previo a anteriores asistencias financieras. A raíz de estas gestiones y de la aprobación de lo actuado, ya está en marcha el acuerdo para un nuevo préstamo del Fondo Fiduciario Federal por $ 5.000 millones que, según pudo saber ADNSUR, ya tiene el aval técnico y político, y sólo resta en los próximos días la firma del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

La nueva asistencia financiera autorizada por Nación es tomada en los despachos de Fontana 50 como un nuevo respaldo a lo realizado en el último año para ordenar los números de la provincia, y aseguran que esta vez no es un salvataje urgente –como fue evidente en junio y en octubre pasado-, porque ya están los fondos garantizados para el pago del aguinaldo; pero sí un “oxigeno” que lleva tranquilidad a lo que resta del año, para saldar los haberes de los jubilados con montos mensuales superiores a $ 65 mil, así como las cuotas acordadas con cada uno de los gremios estatales.

Según pudimos reconstruir desde esta columna, los encuentros de Antonena con Raúl Rigo, Secretario de Hacienda del ministro Guzmán, y con Silvina Batakis, Secretaria para las Provincias del Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” De Pedro, fueron arduos, pero arrojaron sus frutos. En el ida y vuelta de planillas y datos, el objetivo del ministro fue mostrar el achique de gastos superfluos, la mejora en la recaudación propia, sumado a la refinanciación de los vencimientos en dólares y el no aumento del costo salarial. Cumplido ese cometido, el funcionario logró el aval para una nueva asistencia financiera que, al ser con el Estado Nacional, se estima que sería en condiciones más beneficiosas que lo que implica un endeudamiento en Letras a corto plazo en el sector privado.

El ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena

Hay que marcar dentro del análisis que, luego de los lamentables sucesos que se vivieron a mediados de marzo con los atentados ocurridos en la visita del Presidente Alberto Fernández a Lago Puelo, hubo temor de que se produjera una ruptura de las relaciones con el gobierno nacional. En medio de aquella catástrofe que fueron los incendios, hubo una fuerte polémica respecto a los responsables del operativo de seguridad. Sin embargo, más allá del tenso clima político de aquellos días, se logró conservar la relación entre los funcionarios “técnicos”, y nunca se rompió el diálogo, al punto que llegaron los ATN para la ayuda a la cordillera y luego hubo autorizaciones para “roleos” de Letras.

Ahora, transcurridos tres meses de aquel episodio, se aplacaron las internas que tenían como protagonistas a varios actores de un lado y del otro que incentivaban el conflicto. Hubo ministros que se mantuvieron al margen de la polémica, como el mismo Antonena, José Grazzini y Fabián Puratich, quienes ante el pedido del gobernador Mariano Arcioni, se dedicaron en silencio a mantener el vínculo con sus pares del gabinete nacional. De este modo, a 90 días de la tensión originada en la cordillera, es inminente un nuevo préstamo que por aquellos días hubiera sido impensado.

Incidentes contra combi que trasladaba al presidente Alberto Fernández en Lago Puelo, el pasado 13 de marzo.

DEBATE LEGISLATIVO

Una vez que este instrumento financiero se protocolice y llegue a Chubut en los próximos días, será remitido inmediatamente a la Legislatura, porque obviamente necesita la aprobación de los diputados para entrar en vigencia, como ya ocurrió con estos mismos préstamos autorizados en junio pasado y en octubre.

Hay que recordar que en aquellos casos, también fueron autorizaciones de $ 5 mil millones, mientras que hace tres meses en el mes de marzo, la asistencia de Nación para pagar a docentes y asegurar el inicio de clases fue de $ 4100 millones pero sin pasar por Diputados, porque fue a través de un préstamo de Anses dentro del Programa de Letras.

Seguramente, el debate que se instalará entre el oficialismo y la oposición legislativa en la comisión de Hacienda y luego en el pleno, será entre votar en contra para que no se siga endeudando la provincia, o a favor para que se pueda pagar el sueldo a los empleados públicos. Desde los bloques del PJ y la UCR, cuestionan que sigue faltando transparencia en la difusión de los números de las cuentas del Estado, y que nunca les termina de quedar claro cuánto se debe, y cómo se reparten los fondos. Pero en el Frente de Todos admiten por lo bajo que, como peronistas, es difícil votar en contra del arribo de dinero destinado al bolsillo de los asalariados.

Ante las objeciones, la respuesta desde el oficialismo es que no se trata de un salvataje y de una toma de fondos a mansalva, sino que todo forma parte de un plan diseñado desde Economía para salir de manera paulatina de la crisis, con una serie de puntos monitoreados por la Nación: congelamiento de ingresos al Estado, paritarias “freezadas” hasta nuevo aviso, y la renegociación de la deuda en moneda extranjera, que trajo un alivio de 160 millones de dólares en los dos primeros años, ya que los vencimientos trimestrales que eran de U$S 40 millones ahora son de U$S 14 millones.

En el gobierno expresan que todo lo anterior, se suma a la notable mejora en los ingresos respecto a un 2020 que estuvo paralizado por la pandemia: ahora el barril de petróleo ronda los U$S 65, lo que triplica las regalías en comparación a un año atrás; más el aumento de la recaudación de impuestos locales, sumado al aumento del doble de recaudación en la Coparticipación Federal.

SANEAMIENTO

De acuerdo a la explicación del Ejecutivo, este repaso anterior de medidas que combinan el ahorro, con más eficiencia en el gasto, y una mayor recaudación, permiten destinar 700 millones de pesos más todos los meses para pagar la deuda salarial a los empleados estatales, así como también, terminar de afrontar la última cuota pendiente del Ticadep a los proveedores. Entre las deudas afrontadas, en Fontana 50 se comenta como dato increíble que en 2017 se habían dejado de pagar a las ART, es decir, todo lo relacionado a los seguros laborales de los empleados, algo que ahora se está encarando también. Y que además se está al día con la obra pública y la obra social Seros.

Claro está que desde la oposición no se va a permitir que se quiera mostrar como un logro el solucionar un descalabro en las cuentas que fue generado por la misma gestión. Seguramente el debate volverá a instalarse también en un año electoral, donde los referentes opositores del PJ y Cambiemos, van a insistir en remarcar que hay un “endeudamiento serial” del que Chubut no puede salir, y que sus cuentas siguen en rojo.

Del otro lado, se espera probablemente la respuesta desde el arcionismo: “¿Cuál es el problema de endeudarnos cuando no tenemos la plata y además el acreedor es la Nación?”, se preguntan en los despachos de Economía. Ya en más de una oportunidad se lo ha escuchado a Oscar Antonena sostener que el Estado Nacional “es una entelequia que se sostiene gracias a las provincias, por lo que debe ser equitativo y devolver lo que le damos los estados provinciales”. Para el ministro chubutense, la asistencia financiera a tasa subsidiada y en cómodas cuotas corresponde, porque es una manera de retribuir los ingresos derivados desde el interior, que sostienen al erario público.

Legislatura de Chubut, en Rawson.

CAMBIO DE ACREEDOR

La polémica gira en torno al temor al desequilibrio de las cuentas provinciales. ¿Hasta cuándo se va a seguir endeudando Chubut para gastos corrientes? Esa pregunta a modo de reproche se oye de referentes opositores y varios dirigentes sindicales, aunque en este caso cada vez menos. Entre las explicaciones que se oyen desde Economía, hay una que consiste en un razonamiento polémico, que puede convencer a algunos y no a otros. Se expresa en estos términos: según la mirada financiera, no se trata de deuda nueva, sino que se cambia el nombre del acreedor. Es decir, se deja de deber a unos para pasar a deber a otros.

Así se lo explicó días atrás el mismo Antonena cuando se acordó un préstamo con Anses: se canceló la deuda a docentes, para pasar a deber a la Nación. Lógicamente, se trata de un dinero a devolver con un costo extra, y ahí radican muchos cuestionamientos de la oposición: cuánta plata se va en comisiones –cuando es con un colocador privado- y en intereses, en un mercado dominado por la inflación.

El mismo argumento desde el oficialismo se está escuchando en esta oportunidad respecto a los jubilados. Es cierto que se tomará un nuevo préstamo, pero parte de ese dinero va a parar a las cuentas del ISSyS, para cancelar la deuda histórica con la caja de jubilaciones. Porque en el gobierno afirman que cuando se cancele a los jubilados de los rangos 3 y 4 los dos meses atrasados, se hará como siempre, con el total de aportes y contribuciones, “no como en otras épocas, cuando se depositaban sólo aportes y se bicicleteaba el resto, generando la deuda posterior”.

CAJA DE JUBILACIONES

En este punto, es preciso explicar que la deuda de anteriores gobiernos se originó al no transferir todo el dinero correspondiente a la caja de los jubilados provinciales. A lo que se sumó una situación en 2017, y es que se comenzó a generar un déficit cada vez mayor entre los ingresos y los egresos del instituto. Es decir, lo recaudado por los trabajadores en actividad, no alcanza para pagar a los integrantes del sector pasivo, que en el régimen provincial se jubilan a edades tempranas y con una movilidad que ubican sus ingresos entre los mejores a nivel nacional, con un promedio de $ 85 mil mensuales.

La sede central del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia.

El rojo de la caja de jubilaciones –más allá del agujero de $ 400 millones mensuales producto de los retirados de la policía que una antigua ley obliga a Rentas Generales a cubrir todos los meses-, se va haciendo cada vez mayor con el tiempo, y en el último balance del ISSyS, ya ronda los 2 mil millones de pesos al año. Esto quiere decir que hay una diferencia de 200 millones mensuales entre los que la caja recauda y lo que debe pagar de haberes jubilatorios, diferencia que es cubierta todos los meses desde el Ministerio de Economía.

De aquí surge la explicación de que el Estado –con esta cobertura constante del déficit todos los meses hace cuatro años- ya canceló a valores nominales la deuda histórica con los jubilados en el último mes de noviembre, según consta en los mismos balances oficiales del instituto publicados en la página web. Y el dato reciente marca que ahora se estaría por terminar de cancelar la deuda total, con las actualizaciones de intereses y de atraso inflacionario.

PUNTOS DE VISTA

En alguna columna anterior hace un año, hablábamos de la teoría de la “manta corta” que obligaba a terribles disputas entre trabajadores estatales que luchaban por ver quién era más imprescindible y debía cobrar primero, en la época de los rangos y el pago escalonado. En estos momentos, podríamos apelar a otra metáfora popular: la del vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, la situación actual de Chubut depende del cristal con la que se la mire.

Si se quiere ver el lado negativo, la provincia aún está lejos de llegar al equilibrio financiero entre ingresos y egresos, que sería lo más sano: volver a un presupuesto con superávit, donde la recaudación genuina supere a los gastos y permita pensar en grandes inversiones para dar servicios a la población, con un empleo público remunerado en tiempo y forma. Es probable que lograr esto lleve aún otro ejercicio más como mínimo, y eso con viento a favor y el barril de petróleo estable. Para salir del pozo definitivamente, será importante no repetir errores del pasado, y comprometerse a pagar lo que está al alcance.

En cambio, el que pretenda ver el lado positivo, observará que ya no existe la incertidumbre de hace 9 meses, cuando había reuniones para pedir dinero en Buenos Aires porque no había fecha de pago y se debía hasta tres meses de sueldo. Hoy el panorama al menos es previsible: desde noviembre se paga toda una masa salarial completa, y hay fechas estipuladas de depósito para ir cancelando los salarios adeudados hasta el mes de octubre. No hay cortes de la obra social ni interrupción de la obra pública, algo que era común hace doce meses.

La provincia del Chubut da muestras de querer salir de a poco del infierno. El año pasado, a todo el panorama económico, se sumaba una inestabilidad política que hacía flotar en el aire una sensación de desestabilización, que hacía sospechar de cambios inminentes. Por suerte, los actores de la política parecen haber aprendido, y dejado de lado aquellas disputas alejadas del interés general. La semana que comienza sumará este tema del nuevo endeudamiento anticipado por ADNSUR en la agenda legislativa. Veremos cuáles son las reacciones de cada uno de los protagonistas.

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