RAWSON (ADNSUR) - Hay un paralelismo interesante para hacer de esta semana trascendente que acaba de terminar: antes que con los acreedores, el gobierno debió negociar el camino de su deuda con la clase política.  El resultado fue que después de varios meses –con un daño económico que quizás se pudo haber evitado-, logró un acuerdo del 96 %, número que surge de 25 votos sobre los 26 presentes.

Si de algo sirvió la experiencia de la Legislatura al equipo económico que conduce Oscar Antonena, es que así de difícil como fue convencer a los diputados que hasta hace dos semanas no estaban dispuestos a acompañar, va a ser ahora lograr que experimentados dueños de fondos de inversión a nivel mundial, entiendan que les conviene esperar algunos años para cobrar lo que hoy tienen asegurado.

Por eso la cautela mostrada por el gobernador Mariano Arcioni, quien declaró a esta columna que “todavía no lo tomo como un triunfo hasta que no logremos la reestructuración final; que nadie se confunda porque no nos sacamos la presión de encima, recién ahora comienzan las negociaciones formales que debimos haber empezado hace tres meses”.

El primer eslabón de la cadena fue obtener el acuerdo de los legisladores que representan en total el 90 % del caudal de votos de la provincia, número que surge de sumar el 41 % de Chubut al Frente, el 34 % del PJ y el 15 % de Cambiemos obtenido en 2019, reflejado hoy en tres bloques en la Legislatura.

Esa mayoría abrumadora es la que ahora permite a los representantes de Chubut ante los acreedores, decir que cuentan con el respaldo de casi todo el arco político para sentarse a renegociar.

Y para lograr ese resultado final, hubo actores silenciosos que fueron decisivos en los últimos días y que terminaron torciendo la balanza: uno de ellos, fue el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

Sin el apoyo del bloque del PJ, cuando aún el interbloque jugaba a las escondidas, hubiera sido imposible destrabar la votación.

REUNIONES PREVIAS

Por supuesto que en esto también jugaron un papel fundamental figuras de peso del gobierno nacional en una semana en la que se anunció con éxito la renegociación del ministro Guzmán.  

Pero lo que hasta aquí no trascendió públicamente, es que Luque apostó fuerte como nunca antes, y decidió viajar especialmente a Rawson el miércoles para mantener dos reuniones: la primera con el gobernador Mariano Arcioni en Casa de Gobierno, y después otra con 7 diputados del bloque del Frente de Todos, a la que no fue invitado Carlos Eliceche –nombre que quedó muy descolocado luego de su posicionamiento público a favor de Ricardo Sastre, en una interna del peronismo de cara a 2023 que da para otra columna de análisis-.

De la segunda reunión, participó también otro actor que terminó jugando un rol importante para que se levanten las manos a favor, y fue el trelewense Gustavo Mac Karthy. Entre ambos, Luque y Mac Karthy, lograron destrabar voluntades que mostraban resistencia y dieron a Arcioni un claro mensaje de sostenibilidad.

Con 7 votos propios, más 2 de Cambiemos y los votos peronistas, el gobierno ya tenía la mayoría mínima para la ley. La llegada de Javier Touriñán al gabinete y su diálogo con Ricardo Sastre y Carlos Eliceche, quienes asistieron a su jura en el Salón de los Constituyentes, terminó de redondear el número óptimo.

Luego de haber cuestionado duramente al gobierno durante 6 meses, el interbloque –que mostraba una fuerte resistencia hasta dos días antes- no quiso jugar el rol de patear en contra en una jugada tan importante.

Por eso el silencio en la sesión del jueves, que contrastó notoriamente con las intervenciones muy picantes por parte de Leila Lloyd Jones, Mariela Williams y Gabriela De Lucía en las sesiones anteriores.

Lo concreto es que hubo un trabajo político de armado, en el que los actores claves fueron Arcioni, Luque, Mac Karthy, Adriana Casanovas y Manuel Pagliaroni, y un trabajo legislativo luego muy fuerte de la comisión, con un tándem que trabajó hasta último momento en la redacción final artículo por artículo, formado por el arcionista Juan Pais y la macarthysta Belén Baskovc, con la intervención permanente de Oscar Antonena.

Ellos fueron los encargados de plasmar en el papel las voluntades políticas de los referentes. Así se destrabó la que hasta aquí es la ley más importante del actual período de gobierno. Pero ahora comienza otra tarea: la renegociación formal con los bonistas.

EL INICIO

A partir de ahora, ya promulgada la ley, empieza a jugar la ansiedad de saber cuándo se cerrará un acuerdo, que en realidad no está garantizado en lo absoluto. Si bien tiene mucho de técnico financiero, la negociación que viene sigue siendo también muy política.

Todo pasa por la voluntad que tengan los acreedores de Chubut de sentarse a negociar, en un sistema que, de acuerdo a los bonos Bocade y Bopro, les asegura el cobro automático de lo que se recauda por regalías, ya que los fondos van a parar a un fideicomiso que maneja el banco Comafi.

Los tenedores de bonos deberán ser persuadidos, tal como hizo el equipo económico del gobierno nacional con sus acreedores, de que la propuesta de la provincia de achicar su gasto y mejorar sus ingresos, sumado a la reconversión de su matriz productiva, permiten augurar un futuro a mediano plazo más previsible.

“Tenemos que mostrar un plan que de mayor previsibilidad y un sendero fiscal acorde a los ingresos de la provincia”, dijo a esta columna uno de los actores que participará de estas negociaciones.

La palabra clave es la confianza, porque Chubut pondrá en juego su imagen de estado creíble para invertir, ante quienes apostaron a los bonos provinciales con una tasa del 7,75 %, un altísimo margen de ganancia que no obtienen en otras partes del mundo.

Pero el problema es que si la provincia no muestra garantías confiables de que puede cumplir sus compromisos, le costará muchísimo tomar más deuda en el futuro. La pregunta que los chubutenses deben hacerse hacia adentro, es quienes fueron los responsables de tomar ese dinero y qué se hizo con él, en una provincia que con un déficit anual de $ 30 mil millones y donde no se ven la mayoría de las grandes obras que se iban a realizar con aquellos fondos.

Y a propósito del pasado reciente y las responsabilidades del estado actual de la provincia, otra cuestión a evaluar, es cuál es el costo que se paga en comisiones por este tipo de operaciones.

Cuando se consulta a los voceros de este gobierno, dicen que es justamente el punto más fuerte para mostrar de la gestión Arcioni, porque la comparación con los endeudamientos anteriores, muestra un costo hasta 5 veces menor.

En primer lugar, hay que decir que lo acordado con los diputados en esta oportunidad para el reperfilamiento, es que el costo total de emisión será exactamente igual a lo que pagará la Nación a sus intermediarios, es decir que en todo concepto no puede superar el 0,38 % del total del monto final negociado.

Mirando hacia atrás, según los números oficiales que maneja el Ministerio de Economía, el Fideicomiso Chubut, tomado en 2010 por la gestión Das Neves-Cisterna y que se acaba de terminar de pagar este mes, tuvo un costo total de 2,14 %; el Bodic 1 (Buzzi-Dufour) tuvo un costo del 1,27 %; el Bodic 2 (Buzzi-Bestene) fue del 1,50 %; y el Bopro (Das Neves-Oca), del 1,69 %.

EL PROCESO

Yendo a lo estrictamente técnico del proceso que tiene pasos formales y un cronograma etapa por etapa, el trabajo más inmediato en el que ya se está trabajando es la elaboración de las Cartas Mandato, que previamente deberá tener el aval de la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, organismos que según marca la ley que exigieron los diputados de la oposición, supervisarán cada uno de los pasos.

Se trata de los contratos que se van a firmar en un caso con el banco que va a ser estructurador y coordinador de la operación, que es UBS donde constan las pautas de trabajo; en otro con los asesores legales, que será el estudio DLA Piper; y el restante con los asesores financieros, que será la firma Proficio Investments.

Todos serán conducidos por el ministro Oscar Antonena, y armarán la convocatoria formal donde constan las razones por las cuales Chubut quiere iniciar la negociación de un total aproximado de 900 millones de dólares, que es el monto que surge del capital pendiente sumado a los intereses de ambos bonos.

La firma de estos contratos integra la primera etapa que recibe el nombre de la “debida diligencia legal”, es decir, realizar todos los trámites legales para generar las condiciones de una mesa de negociación.

Generado este ámbito, allí solicitarán sentarse lo que se conoce como los “portfolio managers”, es decir, aquellos que deberán acreditar que representan a determinados grupos de inversión que poseen bonos chubutenses. Se trata de una serie de pasos legales que llevarán una cantidad de días o semanas que es imprecisa. Por ello, los responsables de la negociación prefieren no acotar la expectativa a un mes en particular.

Lo que está claro, es que el mejor escenario consiste en que los bonistas estén en grupos lo más concentrados posibles.

Cuanto menos gente se siente a la mesa, es más fácil lograr un acuerdo general, en vez de tener que negociar de manera individual con muchos inversores por separado. Lo que se sabe es que de manera informal ya hubo contactos con algunos representantes, y que el principio de acuerdo logrado por la Nación con algunos acreedores da una buena expectativa para Chubut, porque aproximadamente la mitad de los tenedores de bonos provinciales son también quienes negocian con Martín Guzmán.

Junto con todo lo anterior, un punto clave en esta primera etapa, será el que corresponde a las Agencias de Rating, es decir, la contratación de una calificadora de riesgo a nivel internacional que juega un rol imparcial, y que tiene la tarea de dar una nota que le dice al inversor la capacidad de poder cumplir que tiene en este caso la provincia del Chubut.

Se trata, como en un boletín escolar, de una tabla de calificaciones plasmadas en letras, la mejor de las cuales es la A, y que hace un rating de riesgo basado en indicadores como el presupuesto ejecutado, las proyecciones y el déficit.

Recién después, cumplidos estos pasos, llegará otra etapa, como la distribución de un Memorándum de Intercambio, la revisión de las Opiniones Legales, y la etapa de Marketing, con el desarrollo de presentación para inversores, la identificación de los principales tenedores de deuda de la provincia, la discusión de estrategia con inversores a través de una agenda de videoconferencias.

Los pasos finales, serán la publicación de la Oferta de Intercambio, su lanzamiento, y las fechas límite para Participación Temprana y para suscribir la oferta, luego de lo cual, si todo marcha de manera auspiciosa, se hará el anuncio de la transacción.

REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

En el último apartado de este informe, es importante el repaso por cada una de los antecedentes de las tres firmas que van a ser contratadas por la provincia del Chubut en este reperfilamiento.

En primer lugar, como coordinador y estructurador de la renegociación, la firma UBS AG es una sociedad suiza de servicios financieros con sede en Zúrich, Suiza. Según la información oficial, es uno de los mayores gestores de activos del mundo que pertenece al grupo de los 29 principales bancos clasificados por el Consejo Internacional de Estabilidad Financiera (FSB) como instituciones financieras de importancia sistémica.

Los orígenes de UBS se remontan al año 1856, cuando seis bancos privados fundaron un consorcio que controlaba todos los bancos miembros, mientras que el nombre de la sociedad proviene de la abreviación de Unión de Bancos Suizos (UBS), acrónimo que dejó de tener sentido en 1998, cuando el banco se fusionó con la Sociedad de Bancos Suizos y UBS se convirtió en el nombre actual de la empresa.

Consta de 300 sucursales ubicadas en 50 países del mundo. El 34% de sus 66.888 empleados trabaja en Suiza, el 34% en América, el 18% en Europa, Oriente Medio y África y el 14% en la región Asia-Pacífico. Las oficinas centrales de la división UBS Wealth Management Américas están en Nueva Jersey.

Respecto al asesor financiero que será contratado por la provincia, se trata de la firma Proficio Investment, empresa de 20 años de historia en Argentina dedicada a inversiones, servicios financieros y asesoría económica. Según su página oficial, Proficio es un Agente de Liquidación y Compensación, Agente del Mercado de Futuros y Opciones, y Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión. Su directorio tiene como presidente a Eduardo Ganapolsky, y como directores a Rafael Di Giorno, Alejandro Henke, Silvia Triaca y Diego Saravia Tamayo.

Y respecto a la asesoría legal, estará a cargo de DLA Piper Global Law Firm, una firma de abogados multinacional con oficinas en más de 40 países. Según datos publicados en internet, en 2014, tuvo ingresos totales de 2,48 mil millones de dólares, y fue el tercer bufete de abogados más grande de los Estados Unidos medido por ingresos.

La empresa matriz fue fundada en 1764, pero la organización actual DLA Piper se formó en enero de 2005, por la fusión de tres bufetes de abogados de San Diego, Baltimore y Reino Unido. Sus áreas principales de práctica son: Arbitraje, Banca, Competencia y Comercio, Delitos Corporativos, Finanzas Corporativas, Empleo, Energía, Asuntos Gubernamentales, Hostelería y Ocio, Seguros, Propiedad Intelectual, Litigios, Fusiones y Adquisiciones, Pensiones, Capital Privado, Inmobiliario, Reestructuraciones, Valores, Impuestos, Tecnología.

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