RAWSON (ADNSUR) - Hace 5 años, más de 3000 efectivos de la Policía del Chubut iniciaron demandas para que sus sueldos no sean inferiores al 88% de lo que perciben sus pares de la Policía Federal de igual cargo y rango, basando su reclamo en el cumplimiento de una Ley orgánica que data de la dictadura, pero que -a pesar de haber sido derogada- fue incluida en el Digesto Jurídico de 2010. Si bien estas presentaciones judiciales tuvieron un fallo negativo del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en 2014, las causas podrían reactivarse si prospera la recusación de los jueces que solicitan los abogados de los policías. Es que éstos sostienen que los jueces fallaron “ignorando” una ley vigente y publicada -erróneamente o no- en el Digesto, cuando su función es “juzgar a partir de las leyes vigentes, y no decidir que leyes son las que están vigentes y cuales no, ya que eso corresponde a la Legislatura Provincial”.Cuando se reestablezca la actividad de los tribunales tras la feria judicial, las causas de unos 3000 policías pasarán a dirimirse en la Sala Civil, según se informó desde ese área a Enrique Maglione, abogado en unas 1600 de dichas demandas. Y es en esa Sala donde intentarán que se revalúen las sentencias desfavorables por considerarlas “cosa juzgada fraudulenta” o “cosa juzgada írrita”.

El planteo de los demandantes es sencillo: consideran que el Superior Tribunal de Justicia dictó sus sentencias ignorando conscientemente la vigencia de una ley publicada en el Digesto Jurídico. En contraposición, lo que sostiene la Justicia es que dicha ley fue incluida por error, ya que hubo una norma posterior que la derogaba.

En diálogo con ADNSUR, Maglione enfatizó que “los jueces tienen que juzgar y no legislar”, y sustentan este planteo en un informe solicitado a la Legislatura Provincial que asegura que el Digesto cuestionado está vigente, con lo cual la polémica ley también lo está.

Se trata de los artículos 147 y 149 de la Ley 1808 -que corresponde a la Ley Orgánica de Policía- “que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut nos dijo que están derogados y que fueron mal incluidos en el Digesto Jurídico”, aunque “la Legislatura Provincial nos dice que ese Digesto está vigente en su plenitud”, afirma Maglione.

A partir de esta discrepancia, el abogado menciona que en su momento se “advirtió a los jueces de la Sala Penal sobre esta situación para que en los nuevos juicios que se dictaran en este sentido se tomara en cuenta lo que decía la Legislatura” (que los artículos están vigentes porque así lo indica el digesto) y sin embargo los jueces “no contemplaron esta situación y siguieron arrogándose cuestiones del ámbito Legislativo, como decidir si una ley está vigente o no”, cuestionó.

“Los jueces de la Sala Penal en sus nuevos fallos siguieron el criterio del Superior Tribunal de Justicia para dictar sus sentencias”, sintetizó Maglione, y señala que es por esto que se hizo el pedido de recusación de los magistrados. Explicó que “cuando hicimos el planteo no estaban designados los nuevos jueces de la Sala Civil”, y que se “antes de la feria nos notificaron que ellos son los que van a actuar”.

Así, los abogados de 3000 efectivos de la Policía del Chubut esperan que se revean las sentencias negativas obtenidas de la Sala Penal y del Superior Tribunal de Justicia, y se falle a favor de la equiparación de salarios con el 88% de lo que perciben sus pares de la Policía Federal. Todo esto, basados en una ley derogada pero publicada en el Digesto Jurídico en 2010, y por lo tanto vigente a su criterio. De prosperar estos reclamos, significaría una erogación millonaria de las arcas provinciales en concepto de equiparación de salarios, con retroactivos a 5 años.

Maglione explicó que la causa fue tratada por el Superior tribunal porque Chubut “no tiene una estructura judicial del fuero contencioso administrativo” para tratar cuestiones relacionadas al empleo público, por lo cual se debe “recurrir a una instancia única de jurisdicción plena como es el Superior Tribunal de Justicia”. Conocido el fallo contrario de este Tribunal el 20 de febrero de 2014, los abogados patrocinantes de los agentes de policía iniciaron una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que no prospero ya que este organismo consideró que era competencia de la Provincia definir sobre estos temas.

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