Chubut se acerca a su primer Código Electoral: ¿cuál es el punto más complejo que obligará al oficialismo a jugar todas sus cartas?

Corren días decisivos para fijar las reglas del juego en la lucha por el poder que se disputará en todas las elecciones a futuro en Chubut: de acuerdo a lo previsto, este miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura trabajará el dictamen con la redacción final del primer Código Electoral Provincial, que incluye además reformas a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y otra ley con la creación de la Secretaría Electoral Permanente.

Según el cronograma anunciado, el objetivo de los diputados es que todo el paquete de leyes electorales se trate en la sesión del jueves 21 de noviembre, para lo cual se conformó con ese fin una “comisión redactora” -que trabaja en pulir el texto final- integrada por tres personas: el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada oficialista Andrea Aguilera y el diputado justicialista Emanuel Coliñir.

El trabajo contra reloj de estos tres protagonistas es clave, porque busca compilar en una sola redacción todo lo discutido y analizado a lo largo de 8 jornadas y de más de 50 exposiciones, en una convocatoria ejemplar realizada por la Legislatura para mostrar la magnitud y la importancia del tema, que puede marcar un hito en la historia de la única provincia en el país que no tiene legislación electoral.

Entre las destacadas figuras especializadas en el tema que llegaron hasta Rawson para exponer su visión a lo largo de dos meses, estuvieron Gastón Marra de Ficha Limpia, la diputada Graciela Ocaña, Alejandro Tulio, que fue durante 15 años titular de Dirección Nacional Electoral, representantes de Poder Ciudadano, así como de los observatorios electorales de las universidades de Rosario y de la UBA, autoridades de la UNPSJB, representantes de todos los partidos políticos, y varios intendentes.

Es una tarea ardua la que tiene por delante la comisión redactora, porque no sólo debe volcar en papel de la manera más precisa posible el marco legal de las disputas entre los partidos políticos, sino que en simultáneo, debe ir consultando con el resto de los miembros de la Cámara y con el Poder Ejecutivo.

Se trata de una enorme responsabilidad que consiste en evitar que posturas inflexibles hagan naufragar el proyecto, y que se logre el tan ansiado consenso de una mayoría ultra calificada, ya que la aprobación que exige la Constitución es de un mínimo de 21 votos sobre el total de 27 legisladores.

La “Leyenda Rosa” habla de trabajo mancomunado, de esfuerzo denodado, de buenas voluntades y de acuerdos democráticos. Y no es el objetivo de esta columna tirar abajo una tarea titánica que es destacable por donde se la mire, partiendo de la decisión política de un gobierno que -recién asumido- toma el riesgo de avanzar en un tema a pesar de quizás no sea de su conveniencia.

Sin embargo, mal haríamos en quedarnos con la brillante foto de tapa, sin darle al lector el detalle de todo lo que se está discutiendo en lo previo, que es mucho, es sensible, y en extremo complejo, porque lo atraviesa un entramado de intereses políticos de diferentes actores en los que no alcanzará con buenas intenciones y donde seguramente el gobierno de Ignacio Torres deberá salir a jugar todas sus cartas si pretende imponer ciertas condiciones que -al día de hoy- no están cerradas.

El gran cambio

Sin dudas el gran cambio que se aplicará con la sanción de esta norma -además de que Chubut dejará de estar atada a legislación foránea y fijará sus propias reglas- será la nueva boleta única de papel, en sintonía con lo aprobado días atrás por el Congreso Nacional, que dejará atrás al viejo sistema de boletas de candidatos por partido o alianza.

Entre los más de 200 artículos que tendrá la ley final, lo que va a cambiar considerablemente las reglas para los partidos y para los electores, que estarán obligados a modificar el chip de toda la vida, será que en una sola boleta tamaño grande, estarán incluidos todos los candidatos de todos los partidos en todas las categorías: gobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, y el resto de categorías como puede ser representantes al Consejo de la Magistratura o vocales al tribunal de cuentas.

El detalle fino de cómo será el diseño final de esa boleta -el orden de aparición, las fotos, los casilleros- se está terminando de pulir en estos días: sólo se sabe que será al estilo mendocino y no cordobés, tal como se aprobó a nivel nacional. Esto significa que se extiende hacia el costado y no hacia abajo, lo que permite más capacidad de carga.

Concretamente, aparecerán en el eje vertical las categorías en disputa y en el eje horizontal, los partidos que compiten con sus candidatos, que el votante deberá dejar marcados en base a su preferencia, lo que iguala a todos en un mismo punto, al desaparecer el problema de que falten boletas de alguna fuerza política.

En la primera fila estará el logo del frente y se tiene que terminar de definir cómo aparecerá la foto del candidato de cada cargo ejecutivo, es decir a gobernador y a intendente. Ya se hizo una simulación y se accedió al planteo de la oposición, y se aclaró uno de los puntos discutidos, ya que estarán los 16 nombres de los candidatos titulares a diputados provinciales.

El orden en el que aparecerán los frentes en la boleta se determinará por un sorteo que llevará adelante el Tribunal Electoral Provincial, organismo sobre el que también se harán algunas aclaraciones respecto al funcionamiento interno.

Como se sabe -porque su integración la fija la Constitución- el TEP tiene cinco miembros y es algo que no puede variar por el momento. Pero sí se harán agregados: el quórum será con tres miembros, pero la mayoría no pueden ser 2 de esos 3, sino que todas las decisiones se decidirán con un mínimo de 3 votos. Incluso será requerida una mayoría calificada de 4 votos en todos los asuntos que pongan en juego la no participación, como las impugnaciones.

Otro punto importante que cambiará las reglas del juego a futuro, es que por más que las elecciones se llegaran a convocar en simultáneo con las nacionales, desaparece para siempre el efecto “arrastre” de ir pegadas las categorías locales con una boleta fuerte nacional.

De aquí en adelante, las categorías nacionales -Presidente, legisladores nacionales, Parlasur- irán en una boleta única por un lado, y las categorías provinciales en otra boleta única aparte. Sin dudas, hablamos de nuevas reglas del juego para las fuerzas políticas que deberán resetear lo aprendido a lo largo de los últimos 40 años, desde el regreso de la democracia en 1983.

Secretaría electoral

Uno de los grandes cambios sobre los que hay consenso es la creación de una Secretaría Electoral Permanente, algo que surgió como una necesidad de parte del actual oficialismo en los últimos comicios del 30 de julio de 2023.

Hasta aquí, cada secretario electoral era decidido a dedo dentro del sistema judicial, con una secretaria dentro del STJ a la que se le adosaban esas tareas. Durante 20 años, la tarea estuvo en manos de Jean Loup Gerber, respetado en el ambiente y nunca cuestionado. 

Pero luego de su jubilación fue reemplazado por otras funcionarias, y en el último comicio, había recaído la responsabilidad en Adriana Villani, a quien en el sector de Ignacio Torres criticaron con dureza por cuestiones de idoneidad y falta de imparcialidad.

Por lo tanto, se busca que esto no se repita y que ahora ese cargo sea especializado y profesional. De este modo, la nueva ley que se va a tratar, establecerá que ahora la designación la hará la Legislatura por mayoría absoluta, el cargo será permanente e inamovible, tendrá inmunidad, y un sueldo equivalente al de un juez de Cámara.

El proyecto dispone “créase una Secretaría Electoral Permanente en la órbita del Tribunal Electoral Provincial, la que funcionará en la sede del Superior Tribunal de Justicia en Rawson” y “para la designación en dicho cargo se requiere ser mayor de edad, estar en ejercicio de la ciudadanía argentina, tener título en abogacía, demostrar idoneidad y experiencia en materia electoral, y acreditar ocho (8) años de ejercicio liberal o desempeño de Magistratura o Funcionariado Judicial”.

“La designación en el cargo -agrega el texto- la realizará la Legislatura Provincial, por mayoría absoluta de los presentes, a propuesta del Poder Ejecutivo, y tendrá garantizada su inamovilidad en las condiciones prescriptas por el artículo 165 de la Constitución Provincial, mientras dure su aptitud y buena conducta”.

Se aclara que “sólo podrá procederse a su remoción por mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física, o la comisión de delitos dolosos” y que “puede formulársele acusación ante el Tribunal de Enjuiciamiento por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, en la forma y bajo el procedimiento previsto en la Constitución, con aplicación de los artículos 212, 213 y 214”.

En la propuesta, que tiene amplio consenso, se indica que quien acceda a este cargo “percibirá una remuneración mensual equivalente a la Jueza o Juez de Cámara, garantizada en su intangibilidad conforme a los términos previstos en el artículo 170 de la Constitución”. Será uno de los grandes cambios a futuro seguramente y dicen que el oficialismo ya tiene un candidato en carpeta.

El punto más difícil

En el contexto general, dentro de la gran mayoría de los artículos, habrá algunas trabas que serán más sencillas de resolver que otras. Por ejemplo, hay un aspecto que parece menor pero no lo es tanto, y es la pretensión del oficialismo -resistida en ciertos sectores de la oposición- de agregar en la boleta una opción de votar la lista completa, sin tener que hacerlo de manera discriminada por categoría.

Pero sin lugar a dudas, el punto más complejo para lograr un acuerdo, el más discutido en la previa y sobre el que aún se está lejos de llegar a un consenso, es el que refiere a la fecha de convocatoria, un aspecto en el que el gobernador Ignacio Torres tiene una idea muy concreta que no quiere ceder.

La mirada de Torres es que no debe cambiarse lo que se hizo históricamente, y que el llamado a elecciones siga siendo discrecional, a criterio del titular del Gobernador de turno, que convoca por decreto. Esto chocaría con la idea que había plasmado el anteproyecto trabajado años atrás que proponía fijar un domingo de septiembre separado de las elecciones nacionales.

Ocurre que los analistas en estos meses advirtieron que un artículo así -con fecha fija- podría ir en contra de la Constitución Provincial, que en el artículo 256 inciso 4 estipula que “las elecciones pueden ser simultáneas con las nacionales y bajo las mismas autoridades. Duran ocho horas como mínimo, terminan en el día y no pueden ser suspendidas”.

La cuestión aquí es la interpretación del verbo “pueden”: hay quienes entienden que poner fecha fija inhabilita la opción de adherir a las nacionales que garantiza la carta magna, y que eso no es correcto; otros opinan que la redacción no habla de algo obligatorio, porque si no estaría escrito “deberán”. 

Entre el criterio de Torres de mantener la discrecionalidad total sin margen de tiempo, y la contraparte que es fijar una fecha fija (tiene muy pocos adeptos) se abriría un margen de negociación que se está analizando, que es poner una “banda de tiempo”.

Consiste en poner un plazo mínimo y un máximo, lo que significa que la potestad de poner la fecha la seguiría teniendo el Gobernador, pero no de manera caprichosa, sino con un margen que algunos proponen sea de dos meses, de septiembre a noviembre, y otros opinan que debería ser mayor aún. Esto no cortaría la chance de que se convoque en simultáneo con Nación.

Es un tema muy importante que no sólo obedece a una cuestión de estrategia, sino que cambia todo el esquema, porque la fecha de la elección corre el resto de los plazos, partiendo de la elaboración del padrón provisorio y el definitivo, que necesita 180 días previos.

Negociaciones

Aquí llegamos al punto central de nuestro informe de hoy, con toda una explicación previa para marcar que hay en marcha un proceso de elaboración de la legislación electoral que es destacable y que todo se encamina a una redacción del 95 % de los puntos con acuerdo general, pero que hay un margen muy menor -pero fundamental- en la discusión que va a obligar al oficialismo a jugar todas sus cartas.

Ya dijimos que no se trata de una ley más, sino que la Constitución requiere una mayoría ultra calificada de tres cuartas partes del total de la Cámara, es decir, 21 votos. De entrada, digamos que el gobierno tiene asegurados 17, con su bloque propio de los 16 de Despierta Chubut más el diputado Daniel Casal, un oficialista satélite -escisión del Pich- con su bloque unipersonal que se llama Familia Chubutense.

Luego el oficialismo, si no llega a lograr consenso por las buenas en la redacción (el objetivo ideal es una ley con inmensa mayoría de 24 o 26 votos), deberá salir a buscar al menos los 4 votos que le faltan en otros bloques: considera casi imposible negociar con el diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, por lo que le quedan como opción los 7 diputados de Arriba Chubut y los 2 del Pich.

Respecto a Arriba Chubut, es muy difícil prever lo que hará este puzzle integrado por diputados justicialistas de diferentes facciones, con referentes como Juan Pablo Luque, pero también del kirchenrismo, del arcionismo-massismo, el sastrismo, e incluso de Camioneros. 

Para agregar un dato que puede empantanar más las cosas, la mayoría no ha participado demasiado hasta aquí y -a pesar de estar avisados- sólo algunos acercaron la redacción de alguna idea a Emanuel Coliñir, el representante dentro de la comisión redactora.

Hubo figuras claves en este bloque de la primera minoría, que estuvieron ausentes el último tiempo: algunos por temas de salud, otros por viajes al exterior, y se teme que haya quienes quieran “pincharla” a último momento con reclamos y posturas inflexibles que puedan hacer peligrar el acuerdo.

En el oficialismo confían en dos votos: el de la madrynense Mariela Williams (hay una relación política amigable entre Torres y los hermanos Gustavo y Ricardo Sastre y en el peor de los casos, una dependencia económica del municipio con la provincia) y el de la comodorense Tatiana Goic, quien suele ser crítica y no ha participado de ningún encuentro por el tema electoral; pero el arreglo político es “más arriba” con su referente que es Jorge Taboada, también de buen vínculo con el gobierno.

En este caso, el papel más difícil lo tendrá el diputado trelewense Emanuel Coliñir, quien viene discutiendo en excelentes términos de convivencia con Gustavo Menna, y que deberá buscar aunar un criterio en un bloque muy disperso: será quien lleve y traiga propuestas en la redacción, y en el caso de que sea imposible acordar, no se descarta que se elabore un dictamen en minoría.

Por otro lado, queda el bloque del Pich, que en el oficialismo dan por descontado que van a acompañar, pero los diputados Andrea Toro y Marcelo Rubia se encargan de advertir que no se equivoquen en festejar los goles antes de convertirlos. La mirada sobre la fecha y el armado de la boleta, a una semana del dictamen, está muy lejos de la pretensión oficial, por lo que el mensaje es que deberá haber mucho “musculo político” para lograr sus manos.

En ese sentido, en el gobierno deberán evaluar qué se puede ofrecer a cambio de estos dos votos, y -en un toma y daca lícito- aparecen como alternativa proyectos del Pich que están en comisiones como el cobro de un arancel a los extranjeros que utilicen hospitales de Chubut, o incluir a la Fibromialgia para que haya obligación de cobertura en las prestaciones, o también la idea de regular el pago de licencias de los abogados matriculados.

Para que esto se destrabe, deberá entrar a jugar toda la muñeca política de la Mesa de Enlace conformada por el gobierno con figuras como Andrés Meiszner, Guillermo Aranda y Andrés Giacomone. Habrá seguramente muchas reuniones, intentos de conciliación, y si la cosa se pone inflexible, deberán abrirse otros caminos.

“Los 21 votos van a estar” aseguran en el gobierno, y los observadores recuerdan cómo en el pasado reciente ciertos diputados han logrado ubicar a personas de confianza en cargos políticos, otros han logrado que les voten leyes, y otros han sufrido el rigor de alguna jugada fuerte de algún actor del gobierno.

La frase latina que puede representar esta negociación por las buenas es “quid pro quo”, aunque -en un tema tan importante y donde está en juego el reparto de poder- no puede descartarse en el peor de los casos aquella máxima de El Padrino, cabeza de caballo mediante, de “una oferta que sea imposible de rechazar”.

En este terreno todo vale, porque lo que está en juego es mucho: nada menos que las reglas con las que van a competir a futuro todos los candidatos para quedarse con el poder dentro de la provincia. Y noviembre será el mes de las definiciones, para estar atentos, y no perderse ningún detalle de lo que será una enorme prueba para la gestión Torres, algo que hasta aquí no ha logrado sortear en el pasado ningún otro gobierno.