La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento del diputado nacional Santiago Igón, en el marco de una investigación abierta luego de que en febrero de 2021, el legislador camporista fuera uno de los primeros en vacunarse contra el coronavirus, en el hospital de Esquel. El tema había sido advertido en su momento por ADNSUR, cuando el propio involucrado reconoció el hecho y pretendió restarle trascendencia.

Igón deberá responder por el delito de admisión de dádivas, conocido popularmente como coima, según el procesamiento que había dictado el juez federal de Esquel, Guido Otranto, en una resolución que ahora fue confirmada por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

La acusación se basa en que al momento de aplicarse la primera dosis de la vacuna Sputnik, en el hospital zonal de Esquel, estaba vigente el llamado ‘Plan Estratégico de Vacunación Nacional’, que establecía un orden prioritario para personal de salud y adultos mayores.

Sobre el tema, el propio Igón reconoció ante la consulta de periodistas de ADNSUR, el 8 de marzo de 2021, que había accedido al esquema de vacunación, pero justificó el hecho en que, a su entender, no había ninguna irregularidad ni privilegio por ser un legislador nacional:

“Ese día me convocaron al hospital porque habían fallado algunos turnos y cuando esto pasa, para aprovechar las vacunas que ya están descongeladas, se llama a quienes siguen en la lista –argumentó-. “No existe un listado paralelo para diputados ni el poder político –dijo por entonces, cuando el tema era de alta sensibilidad y toda la población estaba en la incertidumbre sobre si habría vacunas suficientes-. Me dijeron que fallaron otras personas porque estaban con síntomas y entonces me llamaron y me vacuné, junto con otros vecinos comunes”.

Luego de que trascendiera el hecho, el doctor Fernando Urbano, como presidente de la Fundación FUSO, formuló una denuncia penal:

“Nosotros hicimos la denuncia el 10 de marzo, por la vacunación del diputado Igón, con sólo 44 años de edad y quisimos saber en qué condiciones lo hizo y quién lo autorizó. Es un delito, porque él se vacunó y se salvó, pero le quitó la oportunidad a otra persona que corre más riesgo que él y además no estaba establecido por disposiciones de ese momento”, argumentaba, en mayo de aquel año, el ex diputado provincial, en declaraciones a esta agencia de noticias.

Según trascendió en las últimas horas, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó los argumentos planteados por la defensa de Igón, al indicar que las autoridades sanitarias habían habilitado su vacunación por tratarse de personal esencial.

 “La referencia a funcionarios del Estado, debía circunscribirse a aquellos que cumplían actividades de gestión, esenciales para asegurar los servicios imprescindibles”, sostuvo la Cámara de Comodoro Rivadavia al confirmar el procesamiento, de acuerdo a lo publicado por Infobae.

Y mencionaron como ejemplo el hecho de que Igón había participado de una sesión en forma remota, a través del sistema de streaming que comenzó a utilizarse en aquellos días, lo que refleja que la tarea a realizar no requería de su circulación pública:

 “No desconocemos que la actividad de un Diputado no se limita a las sesiones, pero, si tal acto, el de mayor trascendencia en esa función, ofrecía la alternativa remota, el resto de las tareas era posible instrumentarla de igual modo, máxime si el congresal presentaba patologías de riesgo para COVID”, argumentan los jueces.

En la causa quedó procesado también el médico Carlos Emiliano Biondo, jefe del Area Programática de Esquel, por el delito de ‘ofrecimiento de dádivas’, ya que fue quien incluyó al diputado en lista de espera para acceder a las primeras 60 vacunas que habían llegado a esa ciudad.

Entre los elementos probatorios, en la causa se incorporó el intercambio de mensajes de texto entre Igón y el médico, a quien le pidió, el 12 de febrero de 2021: “Necesito viajar a Bs. As. en los próximos días y me quiero vacunar por mi diabetes. Empiezo una etapa de estar muy expuesto”.

En respuesta, Biondo dijo que había pocas dosis: “Ya pregunto si quedo alguna dosis disponible de las 60 que destinamos a Esquel la semana pasada”, para agregar una hora después: “Te pusimos en lista de espera por si alguien no concurre de los que faltan vacunar. Porque están todas asignadas con nombre y apellido”.

Finalmente, la vacunación se concretó el 17 de febrero de aquel año, con la denuncia y la resolución judicial que ahora adquiere otro peso específico, tras la confirmación en segunda instancia.

“Como surge de estos mensajes –dijo el juez-, el proceder de Igon distó, por mucho, de solo anotarse en el sitio web y esperar a que lo llamen: solicitó varias veces su vacunación e incluso, paralelamente, se ofreció para interceder en gestiones ante el intendente de esta ciudad (Esquel)”.

El delito de admisión de dádivas prevé una pena de entre 1 y 2 años de prisión, por lo que también podría darse el caso de que la defensa plantee la prescripción de los hechos, ante el tiempo trascurrido desde la irregularidad cometida.

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