BUENOS AIRES (ADNSUR) - En tres días, la cúpula de La Cámpora deberá declarar en indagatoria en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Varios de sus dirigentes están comprometidos en el caso por acusaciones y registros probatorios que indicarían que manejaron millones de pesos, originados del pago de sobornos. Esto último fue confirmado por los propios pagadores y por algunos de los cobradores.

Según confirmó Clarín,  en el expediente se acumularon pruebas variables que complicaron la situación judicial del diputado Andrés “El Cuervo” Larroque; el diputado Eduardo “Wado” De Pedro; y el legislador bonaerense José Ottavis, quienes serán los primeros integrantes de esa agrupación que tendrán que darle explicaciones a la Justicia en este caso.

El miércoles, el juez de la causa Claudio Bonadio escuchará en indagatoria a De Pedro y Ottavis, y un día después, fue citado Larroque. La defensa de los “camporistas” podría estar ya coordinada.

El viernes 28, además, deberá presentarse ante Bonadio el ex empresario K, de múltiples negocios fallidos que desaparecieron tras el fin del poder K, Sergio Szpolski.

Además de ellos, Bonadio y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, analizan si imputarán al último ex ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof. Lo mismo le podría ocurrir al ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa. En una situación similar estaría el ex director de Comunicación Institucional de la Presidencia, Hernán Reibel Maier, y el actual diputado aforado Rodrigo “Rodra” Rodríguez.

Las pruebas que complican a este grupo de viejos amigos son relevantes para los investigadores. Las primeras de ellas, sin embargo, cabían en un Pen Drive secuestrado en un allanamiento a un secretario privado de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu.

El ex funcionario grabó allí lo que, según le explicó a la Justicia, fue cómo se habría repartido parte de los millones de pesos que recibió del valijero con chofer del secretario de coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

Su jefe de entonces, Juan Manuel Abal Medina, fue el primer ex funcionario K de importancia que confirmó que Baratta le entregó “fondos” para usar en la campaña electoral del 2013. Esa entrega se habría realizado en la propia Casa Rosada. En su declaración ante Bonadio, presentada por un escrito, Abal Medina juró que desconocía que esa plata tenía un origen ilegal.

Abal Medina rompió así un primer cerco que abrió otros en este expediente en el que Cristina Fernández ya fue procesada con prisión preventiva por haber liderado una asociación ilícita que usó medios del Estado para quedarse con plata de la corrupción.

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