En la abultada carpeta con documentos y antecedentes que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura postulando a Javier Raidan como ministro del Superior Tribunal de Justicia, figuran un elevado número de notas de respaldo con firmas de figuras del derecho, tanto del ámbito académico como judicial y privado, pero también varias notas de entidades nacionales y provinciales de abogados y magistrados que se oponen.

Entre los antecedentes que menciona Raidan en su currículum, figura que en 1994 se recibió con el Título de grado de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA); con orientación en Derecho Penal.

Como experiencia profesional, afirma que es abogado en ejercicio de la profesión liberal ininterrumpidamente desde el año 1994, matriculado en Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; en el Colegio de Abogados Avellaneda-Lanús, en el Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial de Trelew (Chubut) y en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Se define como especializado en derecho penal, con vasta experiencia tanto ejerciendo el rol de defensor como el de acusador particular, en etapa instructoria y en debates orales, así como en la etapa recursiva ante los correspondientes Tribunales revisores y la CSJN.

En lo laboral, informa que es abogado titular de la firma Raidan & Asociados desde el año 1996, y que además, fue asesor del Ministerio de Justicia de la Nación (periodo 2014-2015); asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. (periodo 2014 – 2016); Director de la Caja de Previsión Social de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Periodo 2014-2018); Presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas; Miembro Fundador y Miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio Abogados de Avellaneda- Lanús (periodo 2018-2022).

Luego menciona participación en Cursos y Congresos: “Primer Congreso Nacional de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología”, del Instituto para la Praxis Penal, 7 de julio de 1999; “XV Congreso Panamericano de Derecho Procesal”, C.A.L.Z., 28 de marzo de 2001; “Nuevo Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires”, IPEC, 23 de Junio de 1999; “Responsabilidad de los Directores y Administradores en las Sociedades Comerciales”, P.S., División Capacitación, 7 de noviembre de 2000.

ADHESIÓN

El ministro de Gobierno eleva a la Legislatura una carpeta que incluye más de 50 notas de adhesión dirigidas a su persona aludiendo a Raidan. Entre ellas, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, destaca su carrera judicial, su respeto por la actividad de los profesionales independientes y sólida formación académica.

Por otra parte, el juez federal propuesto para la Corte Suprema, Ariel Lijo, firmó una nota que tiene un formato que se repite en la mayoría, en la que refiere a las cualidades personales de Raidan, su actuación en diferentes áreas de conocimiento vinculadas con el derecho penal, su convicción democrática, y su compromiso con el respeto de los derechos humanos, u lo define como “adecuado para su designación ya que reúne las condiciones necesarias para el desempeño de la función”.

Entre otras firmas, se observan las Victoria Lorences, presidenta del colegio de abogados de Lomas de Zamora; María Fernanda Vázquez, Decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora; Diego Molea, Rector de la misma universidad; Francisco Fernández, auditor general de la Nación, así como Cristian González Palazzo, vocal del tribunal fiscal de la Nación.

Otras firmas de apoyo a Raidan son las de Tomás Hutchinson, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UBA, Juan Manuel Rega, delegado pastoral de la pastoral social de la diócesis de Avellaneda; Diego Velasco, fiscal general ante los TOF de CABA y titular de Procelac, así como el fiscal federal Diego Iiglesias.

Varios jueces se suman al respaldo, como Jorge Odorisio, juez penal de Comodoro; Javier López Biscayart, juez nacional en lo penal económico N° 9; Jorge Pablo Vieiro, juez del tribunal oral en lo criminal N° 1 de Mercedes; Jorge Di Lorenzo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, así como otros jueces federales de Santa Cruz y CABA.

OBJECIONES

Por el lado de quienes se oponen a la figura de Raidan, hay varias entidades y la mayoría coincide en motivos de capacitación, procedencia y especialmente género, y algunas cuestionan incumplimiento del procedimiento.

Por ejemplo, María Eugenia Chapero, presidenta de Red de Mujeres para la Justicia, envía una nota en la que cuestiona la postulación de un varón porque “vulnera la manda constitucional y convencional de igualdad”, ya que de los 8 principales cargos de la Justicia de Chubut, “dos son ocupados por mujeres, lo que habla de discriminación y nula capacitación en derechos humanos y género”.

Por el lado de la FAM, Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, se plantea que la propuesta “no respeta la paridad de género y diversidad regional”, ya que “se debería descartar la postulación de varones, que no sean de la provincia y sin capacitación en derechos humanos”.

También se adjunta la impugnación del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, quienes afirman que el gobierno incumplió los pasos que marca la ley en las publicaciones de información previa, y cuestiona la formación académica y la especialización penal, mas aún en materia constitucional, agregando que “no cumplió con la capacitación obligatoria en materia de género”, según la nota firmada por el Presidente Ricardo Gabilondo

Por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut, el presidente Claudio Petris, argumenta que falta de información de los antecedentes, que la idoneidad no está acreditada, que hay discriminación de género, y directamente plantean la nulidad del procedimiento.

En el mismo sentido se expresa la Unión de Colegios de Abogados, con las firmas de Guillermo Zamora (Trelew), Cecilia Sarasate (Comodoro), Karina Aizpitarte (Sarmiento), Juan Pablo Sarquis (Esquel) y Ricardo Gabilondo (Madryn).

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