COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Tras conocerse que el diputado Blas Meza Evans (FpV) hará un pedido de informes en torno al caso Ingentis, en la sesión de este jueves, el diputado Eduardo Conde (Cambiemos) anticipó que hará lo mismo porque “estamos en la antesala de una denuncia penal. Queremos saber el estado financiero” de Petrominera, porque “no han sido aprobados los balances y no hay documentación fehaciente”, remarcó el diputado a Actualidad 2.0. Dijo que "analizaremos ir a la justicia por incumplimiento del deber de funcionario público y delito contra la administración pública”.

Denunciarían a Petrominera por presunto "delito contra la administración pública"

Conde informó que "el traspaso (del yacimiento Pampa del Castillo de ENAP) a la empresa Capsa también nos pone en este análisis. "No sabemos por qué la empresa estatal se retrae en su participación y esto amerita un análisis consensuasudo y esto puede indicar negligencia porque son funcionarios públicos y están alcanzados por la normativa sobre la responsabilidad de quienes ostentan esta labor”.

“El valor fijado de $6 millones 300 mil que Capex le abonará a Petrominera son valores que no sabemos de dónde salen y tenemos un número tentativo de que Petrominera para salir de este negocio pierde”, sostuvo.

Por tal motivo, planteó que “analizaremos ir a la justicia por incumplimiento del deber de funcionario público y delito contra la administración pública”.

Además, Conde sostuvo que “creo que hay que indagar en la administración de la empresa y qué está pasando con Petrominera que nació para el negocio petrolero pero se está retirando y no tiene lógica. Los argumentos expresados en la sesión pretenden darle justificación a esto, pero nadie pone en tela de juicio esos aspectos, sino cuál es el rol de la empresa en orden a su objeto”.

“En honor a la verdad, ante la falta de inversión de Enap que pareciera dar cobertura, el contrato no dice que dejan de invertir, sino que hay un Comité conjunto que no se formó nunca y debía ponderar las alternativas pero no se hizo; de manera que la situación de Enap tiene unos indicios de responsabilidad culposa que va más allá del contrato, y Petrominera también tiene responsabilidad porque tendría que haber dejado constancia de esto”; remarcó.

Y planteó que “hay una responsabilidad pública en cabeza de los administradores de la empresa y del Ministerio de Hidrocarburos que no tuvo control”, a su vez, aclaró que “primero se hará un pedido de información para corroborar que no hay balance aprobado durante todo este periodo de Petrominera, y a partir de ahí tendremos pruebas más sólidas para los cuestionamientos que estoy observando”.

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