Deuda de Chubut: tres claves para entender los cambios que se analizan para avanzar con la renegociación con acreedores

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tal como informó ADNSUR a comienzos de julio, el ex ministro de Economía de la Nación Hernán Lorenzino participó de las reuniones virtuales con diputados provinciales del PJ, para evaluar el proyecto de refinanciación de deuda que el gobierno de Chubut busca que se trate esta semana en Legislatura. Aquí, tres claves sobre los aportes realizados por la oposición, que además del ex funcionario nacional contó con aportes de Germán Issa Pfister, secretario de Hacienda de Comodoro Rivadavia y la ex ministros de Economía provinciales como Gabriela Dofour y Ricardo Bestene.

1) ‘Techo’ de 1 millón de dólares para intermediarios. Se sugirieron cambios a la redacción del proyecto, para clarificar que el 0,10% de comisión se abonará por todo concepto y no en cada etapa de la intermediación (ya que en el proyecto se menciona a colocadores, instrumentadores, etc). Sobre un monto global cercano a los 1.000 millones de dólares, considerando capital e intereses, ese costo de servicios financieros quedaría con un tope de 1 millón de dólares.  

Junto con ello, se avanza en la creación de una comisión de seguimiento en Legislatura, conformada por 9 integrantes, representantes de todos los bloques. Se apunta a generar responsabilidad de los legisladores sobre lo que resulte del proceso de refinanciación: “cuando se colocó el bono de 650 millones de dólares, en el año 2016, la mitad era para pagar la deuda anterior al 2015 y la otra mitad para hacer obras públicas –recordó uno de los partícipes de esas reuniones con asesores externos-. No se hizo ni una cosa ni la otra, hoy nadie sabe qué se hizo con esa plata y tampoco hay responsabilidades claras sobre el control de esos fondos”.

2) Preservar la coparticipación e impuestos propios. En la redacción original se prevé que la garantía para el pago, una vez obtenido el período de gracia hasta 2023, alcance a recursos de libre disponibilidad, que incluye coparticipación federal de impuestos y recaudación de impuestos propios. Las propuestas de la oposición apuntaron a excluir esos alcances. Se exige clarificar también la prohibición de tomar nueva deuda por parte del Ejecutivo provincial, ya que en la redacción inicial se habla de “nueva deuda” en referencia al cambio de un tipo de bono por otro, pero se añadió la aclaración necesaria para evitar interpretaciones que den cabida a la toma de nuevos créditos en el marco de esta refinanciación.

3) Mejorar el plazo, monto de deuda o tasa de interés. En la redacción original, se habla de que para aprobar la refinanciación debería verificarse una mejora en las condiciones que incluyen el plazo, una quita del monto adeudado “y/o la tasa de interés”. Esta última expresión permitiría una interpretación de que con sólo una de las condiciones obtenidas (por ejemplo, si los acreedores aceptan postergar los vencimientos hasta 2023) se estaría cumpliendo la condición para aprobar la negociación. Los cambios sugeridos en la redacción apuntan a que se cumplan al menos dos de las condiciones, tal como marca la jurisprudencia internacional en este tipo de negociaciones. El Estado nacional, por ejemplo, apunta a obtener mayor plazo de pago y además una quita importante en los intereses adeudados, en su discusión con acreedores privados.

En el caso de Chubut, uno de los aspectos a mejorar, además de la prórroga de vencimientos hasta 2023, es el de la tasa de interés. La colocación del BOCADE a una tasa del 7,75% ha sido cuestionada fuertemente por la oposición, debido a que la garantía de regalías petroleras es un activo suficiente para obtener una condición financiera mucho más favorable a la provincia. El BODIC se colocó a una tasa del 4% en 2013, mientras que al momento en que Chubut salió nuevamente al mercado internacional, otras provincias como Santa Fe lograron una mejor tasa (inferior al 7%) sin contar con un respaldo firme como el de la producción petrolera.