CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La iniciativa, aprobada con 246 votos a favor y 2 en contra (de los diputados de izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá), busca reemplazar a la ley 27.506 aprobada y reglamentada durante el fin de la gestión de Mauricio Macri y suspendida por el gobierno de Alberto Fernández en enero pasado.

Entre los principales cambios, la nueva versión adecua los beneficios impositivos de acuerdo con el tamaño de la empresa, excluye al autodesarrollo como actividad promovida y no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por 10 años para las empresas, sino que se garantiza solo por el cumplimiento de las exigencias mientras dure la promoción.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones, el diputado oficialista Pablo Carro , sostuvo que esta ley "va a definir una política de Estado para los próximos 10 años" y señaló que el sector se ubica como el tercero en lugar de exportaciones, con el 8%, lo que permite "un ingreso de 6 mil millones de dólares al año". Además, destacó que "casi todos los dólares que ingresan al país, son dólares que se quedan".

"Lo que estamos buscando con este régimen de promoción es que en 10 años dupliquemos los puestos de trabajo. Hoy, entre empleos directos e indirectos estamos hablando de 500 mil", indicó Carro, quien destacó que el proyecto tiene "una impronta inclusiva, federal, con perspectiva de género" y es "de carácter progresista y progresivo".

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Karina Banfi enfatizó que "el potencial que tiene este sector es incomparable" y destacó el consenso alcanzado entre el oficialismo y la oposición en torno al proyecto. "El Gobierno tuvo una buena visión: no tenía sentido sacar esta ley solos". Recordó entonces que el proyecto enviado en febrero pasado "era insuficiente".

"Necesitamos potenciar dos industrias, la del agro y la de la industria del conocimiento. Ahí está la llave de nuestro éxito para crecer", expresó, y advirtió que en el país se necesita "un plan económico, certeza jurídica y no asustar a los inversores".

Por el Interbloque Federal, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) enfatizó: "No le tenemos que tener miedo a la iniciativa privada en nuestro país, tenemos que alejarnos de debates que atrasan, llenos de prejuicios. Necesitamos de un capitalismo nacional, progresista".

Para el santafesino, "el desarrollo económico necesita de dos patas fundamentales: un Estado inteligente, probo, y una iniciativa privada vigorosa". "Esta ley nos da una oportunidad de encontrar una herramienta fundamental para el desarrollo", añadió. 

Por su parte, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón , consideró que la iniciativa tiene "gato encerrado" porque "los dueños de las empresas que facturan por encima de los 20 mil millones de pesos" será "muy beneficiados con esta ley".

PUNTOS SALIENTES

- Para inscribirse en el régimen deberán acreditar el 70% de su facturación total en actividades promovidas de manera intensiva y generar valor de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación.

- Además, deberán cumplir dos de los tres requisitos exigidos, a saber: mejoras en la calidad de sus productos, servicios; acreditar actividades de capacitación; realizar investigación y desarrollo.

- Para mantener los beneficios que otorga el régimen las empresas deberán acreditar cada dos años que continúan cumpliendo con las exigencias de las actividades promovidas.

- El autodesarrollo queda excluido como actividad promovida. Se entiende por autodesarrollo el realizado por una persona jurídica para uso propio o para empresas vinculadas, societaria y/o económicamente, y en todos los casos revistiendo el carácter de usuario final.

- Las microempresas de menos de tres años que no acreditan la facturación pertinente para acceder al régimen deben cumplir con al menos dos de los tres requisitos exigidos para ingresar a él.

- A partir del segundo año de vigencia del régimen y en relación con el otorgamiento de los bonos de crédito fiscal se podrá fijar un cupo fiscal cuyos criterios los establecerá la autoridad de aplicación

- En cuanto a las contribuciones patronales los beneficiarios podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible por única vez el 70% de las contribuciones patronales que hayan pagado a los sistemas de seguridad social.
 

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