Se trata de un proyecto de ley que dispone la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares y si bien fue enviado por el oficialismo, obtuvo el acompañamiento de la casi totalidad de la Cámara Baja, ya que la norma había sido originalmente impulsada por Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich cuestionó a los legisladores de su partido, por apoyar la iniciativa que suspende por 10 años los desalojos en tierras ocupadas.

A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley, según informó el sitio especializado El Parlamentario.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

Por su parte, la reacción de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, no se hizo esperar, al reflejar su enojo incluso hacia sus propios legisladores, que acompañaron la iniciativa:

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, planteó la líder del PRO en su cuenta de Twitter.

La titular del Pro consideró que hay que “explicar” haber votado a favor de la suspensión de los desalojos en barrios populares por 10 años. Aunque no lo hizo abiertamente, el planteo va no sólo contra los representantes del Frente de Todos que acompañaron la iniciativa, sino también contra legisladores de su propio espacio político, que defendieron el proyecto.

Los legisladores de Juntos por el Cambio valoraron como una “política de Estado” y defendieron su prórroga dado que había sido una ley sancionada por unanimidad en 2018, e impulsada por quienes era entonces los jefes de los tres bloques principales del otrora oficialismo: Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC-ARI).

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