Dos miembros de la PROCELAC investigarán presunto lavado en Comodoro

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Según pudo saber ADNSUR en ámbitos judiciales, la investigación del juzgado federal de Comodoro Rivadavia sobre presuntas maniobras de lavado de activos con participación de empresarios y ex funcionarios tendrá un importante impulso para definir las responsabilidades en torno a los delitos que comenzaron a investigarse en el año 2014: la Procuración General de la Nación designó días atrás a dos fiscales coadyuvantes para terminar de resolver la investigación que lleva adelante la jueza Eva Parcio.

La investigación se reactiva y podría contar  viento de cola a partir de lo ocurrido en la última semana con los cuadernos de la corrupción, la causa que investiga una red de corrupción que involucra a exfuncionarios kirchneristas y empresarios.

En cuanto a la causa abierta en el juzgado de esta ciudad, dos miembros de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) comenzaron a participar de la investigación que en su momento, en enero del año 2015, motivó allanamientos a la Municipalidad y a empresas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, pero que no tuvieron hasta aquí una definición concreta en cuanto a imputaciones ni citación a prestar declaración indagatoria a los presuntos implicados.

Se trata de los Dres. María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, quienes actualmente se desempeñan como cotitulares de la PROCELAC, lo que fue interpretado en ámbitos judiciales como un fuerte impulso de la Procuración para dilucidar el alcance concreto de los hechos bajo investigación, que mantienen en estado de sospecha a ex funcionarios y empresarios de la ciudad.

“Este tipo de investigaciones suele llevar más tiempo de lo común –hacía dicho la jueza Parcio en mayo de este año, en una entrevista con el programa Actualidad 2.0-. Tuvimos que hacer exhortos internacionales porque teníamos la evidencia de que habían cuentas en el exterior”, recordando además que el lavado de activos admite diversas formas, que en este caso se conocieron por la compra venta de terrenos municipales, aunque no sería la única modalidad.

Según un dictamen de la Procuración General de la Nación, al que esta agencia tuvo acceso, el expediente tiene como origen “la investigación por evasión de tributos y blanqueo de capitales” que lleva adelante “un grupo de personas que se dedicarían al cambio de cheques con descuento, actividad por la cual harían circular grandes cantidades de dinero por fuera del sistema bancario, sin respaldo contable y sin pagar los tributos correspondientes.

Al mismo tiempo –sigue el dictamen de la Procuración-, parte de ese dinero sería ‘blanqueado’ a través de la emisión de facturas y otros documentos comerciales que no reflejarían la realidad económica”.

SIN IMPUTADOS NI INDAGATORIAS

Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la causa, 4 años atrás, la investigación no derivó aún en citación a declaración indagatoria de los presuntos involucrados, si bien hubo procedimientos vinculados a la complejidad de la investigación, que necesariamente tuvo que involucrar también a sectores de la AFIP para verificar aspectos contables a partir del tipo de hechos bajo análisis.

“Estamos todavía en tiempos propios de la investigación, las prescripciones tendrán que ver en el momento de alguna imputación –dijo Parcio en aquella entrevista por radio Del Mar-. Son muchas personas y muchas empresas, no podemos avanzar en un tramo sin tener la visión global. No tengo ningún tipo de presiones, la causa avanza”.

LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMUNES IRÁ A ARCHIVO

De esta investigación judicial hubo un desprendimiento para ser investigado por la justicia provincial, a fin de determinar los presuntos hechos ilícitos que habrían originado el dinero cuyo lavado debe investigar la justicia federal.

La discusión sobre las competencias fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó una parte de la investigación hacia los tribunales ordinarios, ya que “en el curso del proceso surgieron elementos que abonarían la sospecha de que los imputados –dice el dictamen que tuvo a su visa la Corte-, además de los delitos federales bajo investigación, también utilizaban las fluidas relaciones que mantenían con funcionarios del gobierno municipal de Comodoro Rivadavia, para gestionar trámites, permisos, habilitaciones, etc, por fuera de los cauces legales, y que tales actividades podrían constituir o ser parte del proceso ejecutivo de diversos delitos contra la administración pública local, ajenos a la competencia federal”.

Se trata de la causa que incluye escuchas telefónicas en la que participan empresarios y funcionarios en las que detallan pagos en negro y contrataciones con sobreprecios, en algunos casos entre personas actualmente imputadas en los expedientes abiertos a nivel provincial conocidos como "El Embrujo" y "Revelación".

ADNSUR pudo saber, a través de fuentes vinculadas al ámbito de la justicia provincial, que esa parte de la investigación, que está a cargo del fiscal Adrián Cabral, estaría a punto de archivarse, ya que no se detectaron hasta ahora elementos que hagan presumir la posible comisión de delitos. Sin embargo, aun cuando quede sin dilucidar el tipo de delitos que dio origen al dinero en negro, la investigación por lavado podrá seguir adelante, sobre todo a partir del “viento de cola” que se pretende insuflar desde el ámbito de la nación.