En el marco de la reglamentación de la Ley de Bases, el Gobierno avanza con el "silencio positivo administrativo". El documento fue publicado en la Decisión Administrativa 836/2024 este lunes en el Boletín Oficial. Además, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la Canciller, Diana Mondino.

El silencio positivo administrativo se trata de un mecanismo que pretende reducir la burocracia y mejorar la eficiencia administrativa, permitiendo que los derechos y solicitudes de los ciudadanos no se vean obstaculizados por la inacción del Estado. 

Cabe recordar que anteriormente, la falta de respuesta por parte del Estado se consideraba como un rechazo tácito a la solicitud presentada. Sin embargo, a partir de la nueva normativa, esta inacción se interpretará como una autorización automática. Es decir, si una solicitud no recibe respuesta dentro del plazo estipulado, se asumirá que ha sido aprobada por el Estado.

Se trata de un mecanismo que pretende reducir la burocracia y mejorar la eficiencia administrativa Foto: Ilustrativa

Además, se aplicará a todos los procedimientos administrativos relacionados con el otorgamiento de autorizaciones dentro de la Administración Pública Central, incluyendo organismos desconcentrados. Las solicitudes podrán ser gestionadas a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o mediante el sistema que cada repartición correspondiente utilice. Según se supo, el silencio positivo administrativo comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2024

No obstante, existen excepciones. El mecanismo no se aplicará en áreas críticas como salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público. 

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