El Gobierno evalúa derogar el decreto de Macri para expulsar a extranjeros que cometen delitos
La gestión de Alberto Fernández evalúa alternativas para canelar la deportación de inmigrantes. Se trata de un reclamo que organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron al Gobierno a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo. Mientras tanto, la Corte Suprema debe pronunciarse sobre la legalidad de la normativa.
CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El gobierno nacional evalúa cambios en la política migratoria y, en ese marco, está en análisis la posible derogación del decreto 70 de necesidad y urgencia que en 2017 firmó el ex presidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen en el país. Se trata de un reclamo que organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron al Gobierno a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.
El documento, que fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones, reclama que se derogue el decreto "de forma urgente", entre otras medidas "para preservar los derechos de las personas migrantes".
Según publica diario Clarín, bajo el título "Agenda Migrante para 2020", piden que se garantice el derecho a migrar, la "igualdad de derechos entre nacionales y migrantes", como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
El endurecimiento de los controles migratorios de la gestión macrista, que otras medidas adicionales, desató la polémica y fuertes críticas al ex presidente, mientras que en la práctica se produjo un incremento sostenido en la cantidad de inmigrantes deportados de la Argentina. Según un informe de la gestión anterior, entre 2016 y 2019 hubo 3 mil expulsiones, un 100 por ciento más en relación al período 2011-2015.
Entre otros puntos, el decreto establece un "Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo" que agiliza la expulsión de extranjeros que delinquen, acotando los plazos de la vía administrativa; y prohíbe el ingreso de inmigrantes con antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".
Tras el pedido de inconstitucionalidad que hicieron el CELS, la Comisión Argentina para Refugiados e Migrantes, y el Colectivo por la Diversidad; el decreto fue avalado en primera instancia por el juez Ernesto Marinelli, pero objetado en marzo de 2018 por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Y desde abril de 2018, tras el recurso que presentó la gestión de Macri, es un tema que debe resolver la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, fuentes oficiales confirmaron al mismo diario que el Gobierno analiza derogar el DNU. "Estamos revisando el decreto, evaluando la posibilidad de derogarlo", dijeron, aunque aclararon que todavía no hay una decisión tomada.
El tema está a cargo del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional de Migraciones, que conduce Florencia Carignano.
Las razones son similares a las que planteó el kirchnerismo en su momento desde la oposición, cuando cuestionó a la iniciativa por considerar que tenía ribetes xenófobos, vulneraba el derecho de los extranjeros; e implicaba un avance en la potestad del Ejecutivo al legislar en materia penal, algo prohibido por la Constitución Nacional.
