El Gobierno llegó a un acuerdo con Apoc y no renovará el DNU por las demandas salariales

CHUBUT (ADNSUR) - En la jornada de este jueves cerraron las negociaciones entre el Gobierno del Chubut y la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), y se cancelará la deuda de atraso salarial a lo largo de los próximos seis meses. De esta manera, no será necesario renovar el Decreto de Necesidad de Urgencia que suspendía los pagos de demandas salariales.

Hace un mes atrás, la APOC -gremio que representa a los trabajadores de los organismos de contralor como el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado- obtuvo la medida cautelar de la jueza Agustina Barone que ordenaba al Gobierno el pago inmediato de toda la deuda salarial.

Tal como informó en exclusiva ADNSUR, a raíz de esto el Ejecutivo creó un DNU que frenaba este tipo de embargos de las cuentas provinciales. El decreto tenía vigencia de 30 días pero nunca fue tratado por la Legislatura y se vencía en las próximas horas.

Con estas negociaciones que se llevaron adelante y que estuvieron a cargo del Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, se llegó un acuerdo para el pago y de esta manera no está previsto que se vuelva a renovar el Decreto de Necesidad y Urgencia. No obstante, queda abierta la posibilidad que la Legislatura trate algún tipo de ley al respecto en los próximos meses.

"Hoy nos reunimos con la gente de la APOC y –en el marco del proceso judicial- iniciamos una serie de negociaciones que culminaron hoy al mediodía. Se llegó a un ‘acuerdo’ para la modalidad de pago de las 2 masas salariales que era objeto del proceso”, indicó Giacomone en diálogo con esta agencia de noticias.

“En el acuerdo se planteó el pago de una masa salarial dividida en los próximos 2 meses junto con el pago de las remuneraciones ordinarias. La restante masa salarial se pagará mes a mes en los próximos 4 meses. A lo largo de 6 meses, se cancelaría la deuda con todos los organismos de contralor –principalmente- con Contaduría, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno”, precisó.

“Esto da una seguridad a los trabajadores de estos organismos y se entendió que –mediante el diálogo- se pudo llegar a una solución y a un entendimiento como ocurrió con otros sectores. Hoy tenemos una ‘ley de emergencia’ que fija algunos parámetros -en términos procesales- y estos procesos se desarrollan en esos marcos. Desconozco si el Poder Ejecutivo va a remitir a algún proyecto específico a la Legislatura”, concluyó.