CAPITAL FEDERAL - El Gobierno del presidente Mauricio Macri firmará en los próximos días un decreto por el cual transferirá $ 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires, que gobierna María Eugenia Vidal. De ese monto, $15.000 millones cubrirán parte del déficit provincial de 2016 y $ 10.000 millones serán para condonar deudas con la Nación.

"El decreto es inminente, no se sabe el día, pero será esta semana o la otra", anticiparon a LA NACION altas fuentes del Gobierno y de la provincia. Aseguraron, además, que ello forma parte de un acuerdo con los gobernadores. Esto es así porque los recursos saldrán del Tesoro nacional, como parte del presupuesto, y no de la masa coparticipable con las provincias.

Esta transferencia de la administración de Macri a Vidal busca compensar la mitad de lo que pierde cada año el distrito bonaerense por el congelamiento, en 1996, de su cuota en el histórico Fondo del Conurbano Bonaerense, una pérdida valuada en $ 50.000 millones.

Fuentes cercanas a la gobernadora Vidal indicaron que los $ 15.000 millones en efectivo serán destinados a cubrir pagos y erogaciones que forman parte del déficit fiscal provincial del año pasado, que es de $ 28.000 millones. En 2016, Macri auxilió a la provincia con $ 1500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entre otros fondos. Asistió a la provincia, en total, con $ 10.000 millones.

Por ende, la inminente transferencia de $ 25.000 millones completaría un auxilio anual, por todo concepto, de 35.000 millones para cubrir gastos corrientes (sueldos e insumos) e inversiones de capital.

Si la provincia pudiera recuperar el total del Fondo del Conurbano Bonaerense, de $ 50.000 millones, como plantea Vidal, podría financiarse sin ayuda nacional y tener un superávit en su favor. Es por ello que la gobernadora hizo un reclamo judicial ante la Corte Suprema para que le restituya el total del FCB hacia el futuro y hacia atrás. Y al mismo tiempo su gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley para recuperar esos fondos.

El resto de los gobernadores conversaron durante 2016 sobre este conflicto con Vidal y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Los mandatarios provinciales entienden que el reclamo es legítimo, pero no están dispuestos a ceder lo que embolsan por el FCB y que pasó a formar parte, o casi, del conjunto de recursos coparticipables.

No se oponen a que el gobierno nacional compense la pérdida de la provincia. Pero sólo si lo hace con recursos nacionales y no provincialeas. "Está hablado con los gobernadores: todos están de acuerdo con el reclamo, pero nadie quiere ceder; el FCB es parte de su coparticipación", dijo un allegado a Frigerio.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, reveló que el lunes último el Tesoro le transfirió los $ 650 millones del FCB y que eso es todo lo que recibirá su distrito por ese fondo. En cambio, el resto de las provincias percibirán recursos del FCB durante todo el año.

"La provincia recibe $ 40 por habitante por año del FCB; el resto $ 4000 en promedio, cien veces más", agregó. "Santa Fe tiene 6000 millones por año de un fondo que es bonaerense y del cual la provincia percibe 650 millones", ironizó Lacunza. El comentario, aclaró, no es en detrimento de las demás provincias, sino en defensa de los recursos propios. De hecho, todas las provincias, incluso Tierra del Fuego, reciben hoy más dinero que Buenos Aires. "Este reclamo no afecta ni debe afectar los recursos de otras provincias", aclaró el ministro.

La inminente transferencia de la Nación de $ 25.000 millones implicaría un esfuerzo compartido en partes iguales entre la Casa Rosada y la provincia por afrontar la virtual pérdida anual de 50.000 millones. La parte que cubrirá la provincia se financiará con déficit y deuda.

En el Ministerio del Interior, fuentes cercanas a Frigerio, confirmaron que el decreto está en etapa de elaboración y que sería firmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Además, informaron que los recursos que se girarán a la provincia estaban previstos en el presupuesto 2016, por lo cual no será una ampliación del gasto.

Funcionarios de la provincia aseguraron que existen antecedentes de giros de recursos nacionales, por fuera de la coparticipación automática. Esto ocurría durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli que debía reclamar al gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner los fondos para pagar incluso los aguinaldos.

El conflicto por el FCB no comenzó ahora. En 1992, el entonces presidente Carlos Menem creó el Fondo del Conurbano por la ley 24.073 y se financiaba con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Eran $ 650 millones para atender programas sociales y obras en la provincia de Buenos Aires.

Eran tiempos de un acuerdo político entre Menem y el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, que sirvió para compensar 8 puntos de coparticipación que la provincia había cedido a la Nación y para apuntalar la carrera presidencial de Duhalde. Pero en 1996, Menem se enfrentó con Duhalde porque tenía aspiraciones a una segunda reelección y congeló en $ 650 millones la cuota para la provincia.

El excedente del 10% de Ganancias se repartiría entre las provincias por el índice de coparticipación. Desde 2002 la inflación fue licuando la cuota y desde el rebrote inflacionario de 2006 la recaudación de Ganancias trepó de manera exponencial, pero la provincia mantuvo sus 650 millones hasta hoy, el 1,3% del FCB que es de $ 50.000 millones.

En la gobernación de Vidal argumentan que la provincia concentra el 39% de la población del país, aporta el 37,4% de los recursos nacionales y recibe sólo el 18,1%. Décadas atrás recuperaba hasta 25%.

Los funcionarios bonaerenses hacen valer el antecedente de que Macri, tal como indicó un fallo de la Corte Suprema, restituyó en 2016 a las provincias el 15% de la coparticipación que les retenía la Anses desde 1991, en un plan hasta 2019. Por eso, Vidal logró a que, mientras madure la solución en la Corte y en el Congreso por su reclamo de 50.000 millones, Macri haya decidido la transferencia de 25.000 millones, que incluyen la condonación de deudas con el gobierno federal por $ 10.000 millones.

Fuente: La Nación

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