COMODORO RIVADAVIA (Especial ADNSUR / Por Raúl Figueroa) - En una agenda marcada por la perspectiva de nuevos ajustes de cara al 2019 o aun en lo que quede de este año, el Gobierno provincial apunta a consolidar una meta que bien podría darse a partir de las sucesivas mejoras en los indicadores de sus ingresos: ahora estudia la posibilidad de reducir el pago escalonado a dos tramos en septiembre, nucleando al 85% de los haberes en el primer rango, eliminando la modalidad en forma definitiva desde octubre. Los “nuevos” conflictos se le abren en dos frentes: con Nación, por los recortes acordados con el FMI. Y con Comodoro, cuyo intendente confirmó la decisión de demandar judicialmente a la provincia por la retención del fondo sojero, que tiene una proyección de 24 millones de pesos anuales.

El gobernador Mariano Arcioni encontró en el frente de tormenta abierto por los posibles recortes, a partir del acuerdo con el FMI, una posibilidad de aglutinar una resistencia que lo proyecte con perspectivas de liderazgo de cara a 2019. No le será sencillo ir desde una postura alineada en un primer momento con el Gobierno nacional, a un plano opositor para marcar diferencias frente a un ajuste cuya magnitud se conoce hasta aquí por trascendidos, pero que de cumplirse en la mitad de lo que se teme sería de consecuencias graves para la Patagonia.

El recorte al beneficio del gas, por caso, que podría derivar en un aumento tarifario del 60% en caso de eliminarse el fondo fiduciario que hoy compensa a las provincias patagónicas, o la eliminación del coeficiente zonal para jubilados nacionales, por ejemplo, son algunos de los elementos que aparecen mencionados por los funcionarios del área económica provincial que se reunieron (aunque sólo “5 minutos”, como ellos admitieron) con el ministro Frigerio.

“No es lo mismo discutir un recorte a un paquete de obras, que un beneficio directo que impacta en el bolsillo de la gente, como es el tema del gas”, evalúan cerca del gobernador, dejando entrever las prioridades que se buscarán establecer en la ronda de negociaciones que se intentará impulsar desde el bloque patagónico. Para eso, el chubutense ya inició contactos con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, para plantear una primera reunión entre mandatarios, que luego delegarían la tarea en los ministros coordinadores. Acaso la perspectiva de plantear una disputa judicial seria contra la dolarización de tarifas del transporte de gas y su incidencia en otros servicios sea la ventana de acción concreta que los patagónicos puedan aprovechar para exponer argumentos profundos, en un debate en el que el desconocimiento puede jugar en contra a más de un desprevenido.

Al mismo tiempo, los gobernadores patagónicos buscarán no sólo evitar la poda, sino discutir la llegada de fondos que habían sido comprometidos por el Gobierno nacional a partir de la firma del consenso fiscal, pero que no reportaron hasta ahora mayores beneficios.

DEMANDA DE COMODORO

Los intentos del gobernador por mostrarse en rol de liderazgo de la resistencia, chocan contra la desconfianza expresada por sectores del peronismo que atribuyen al mandatario una línea política idéntica a la del macrismo. Así lo expresó el presidente del PJ, Ricardo Mutio, quien salió a rechazar la convocatoria a una “concertación” para discutir la nueva matriz productiva de la provincia, según reflejaron medios del valle.

Por su parte, el intendente Carlos Linares confirmó en las últimas horas su decisión de avanzar judicialmente, a través de la asesoría letrada municipal, contra la provincia para reclamarle la retención indebida del fondo sojero, que según confiaron fuentes cercanas al jefe comunal a esta columna, representa alrededor de 21 millones de pesos en el primer semestre y una proyección anual de 45 millones de pesos.

Desde Provincia se rechaza el reclamo y no se admite que haya una retención indebida, pero el conflicto está planteado y servirá para reflejar las distancias y recelos que ambos mandatarios se prodigan.

¿HASTA CUÁNDO EL PAGO ESCALONADO?

Los 45 millones de dólares adicionales que la provincia recaudó en el primer semestre del año por regalías petroleras, marcando un 37% de aumento en dólares respecto del año pasado y proyectando un ingreso adicional superior a los 100 millones de dólares en todo el año, además de la suba en coparticipación federal, llevan a preguntar si el Gobierno provincial mantendrá el esquema de pago escalonado por mucho tiempo más.

Por ahora, en el área económica evalúan cumplir la meta de dejarlo de lado en octubre o noviembre de este año, aunque estudian la posibilidad de adelantar al menos una mejora en septiembre: la de liquidar los salarios en el primer rango de fechas para los haberes de hasta 50.000 pesos, es decir incluyendo los dos primeros escalones (85% del total), dejando a los salarios más altos para el segundo período.

Habrá que ver si ese esfuerzo es suficiente, considerando que en agosto los docentes y demás estatales podrían incurrir otra vez en retenciones de servicios: si de algo pudiera servir el tiempo ya perdido, nada menos que la mitad del año transcurrida, debería ser para evitar que los problemas se repitan como un hámster girando en su propia rueda.

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