Empleados de la Legislatura de Chubut piden cobrar el sueldo de marzo para que diputados puedan sesionar

RAWSON (ADNSUR) - El gobierno provincial sigue sin haber depositados  los salarios del cuarto rango a trabajadores estatales de Chubut, entre los que se encuentran los empleados de la Legislatura, quienes advirtieron que seguirán con las medidas de fuerza.

Desde la Asociación del Personal Legislativo (Apel) de Chubut, se reclama por la falta de pago salarios superiores a 150 mil pesos, se trata de haberes correspondientes a marzo. "Estamos en el mes seis del año y cobramos completos sólo dos meses, enero y febrero, porque marzo todavía se debe", dijo a Télam el secretario de APEL, Ángel Sierra.

Asimismo, destacó que Nación acordó con Chubut el envio de 5.000 millones de pesos, pagaderos en dos cuotas, una en junio y la otra en julio, con lo cual se espera se cancelan los salarios. El gremio deberá levantar el paro de actividades que mantiene por tiempo indeterminado, para que se pueda desarrollar la sesión en la Legislatura que permita avalar el acuerdo firmado.  "Nosotros somos trabajadores y necesitamos cobrar, estamos de paro por eso, no porque no queremos que funcione la legislatura", indicó Sierra.

“Por qué no nos pagan ellos para que nosotros levantemos la medida y puedan cobrar”, cuestionó, y manifestó que “Es muy fácil tirar la pelota fuera de la cancha como hacen ellos. No somos nosotros los responsables de haber caído en esto”. Además, afirmó que “Nosotros estamos pidiendo que nos paguen marzo y abril y en pocos días más estamos en condiciones de pedir que se nos pague mayo. Como gesto pedimos que nos paguen el mes de marzo para poder sesionar”, dijo a Radio Chubut.

Y por último, Sierra advirtió que “Nosotros también estamos en condiciones de pedir el juicio político del ministro de economía (Oscar Antonena), por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Cabe recordar que al ministro ya lo denunció la Asociación  de Magistrados, por haber ordenado el pago de sueldos exclusivamente a empleados legislativos en los primeros días de marzo, en lo que entienden fue un perjuicio contra el resto de los empleados públicos de los rangos 3 y 4.