Espías, futbolistas y gobernadores: la trama que va desde Arcioni hasta Messi

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  La trama de espionaje ilegal de la que habría sido objeto el gobernador Mariano Arcioni volvió a la luz pública tras la denuncia formulada por su vice, Ricardo Sastre, para que se investigue si también el número dos del gobierno provincial fue blanco de operaciones de inteligencia ilegal. En el primer caso, la investigación es llevada adelante por el juez Canicoba Corral, que busca establecer si el mandatario chubutense fue víctima de estas operaciones junto a un amplio listado de personalidades del país, que van desde Susana Giménez y Angelo Calcaterra, pasando por otros gobernadores y legisladores nacionales, jueces y fiscales federales, hasta Lionel Messi.  

La compleja situación tiene dos componentes. Una de alcance nacional, en la que se ha involucrado al gobernador como una de las personas públicas que fue objeto de seguimiento ilegal durante el ante año pasado. Fue en el marco de una investigación que se abrió cuando se supo que dos agentes de la AFIP, presuntamente vinculados a Elisa Carrió, ingresaron a una base de datos de Migraciones para verificar viajes al exterior, sin que hubiera una investigación judicial previa que autorizara esa búsqueda.

Lo curioso es que, según reconoció el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, las maniobras de seguimiento ilegal al gobernador se hicieron usando una clave que pertenece al Ministerio Público Fiscal del Chubut (que el propio Miquelarena encabeza), que permite el acceso a la base de datos de Migraciones. En efecto, según pudo reconstruir ADNSUR, dicha clave de acceso forma parte de un convenio firmado entre la Procuración y el organismo nacional, para investigaciones especiales.

En este punto, las aguas se dividen y la investigación encuentra el componente provincial. El propio procurador supo de las maniobras, según explicó, cuando el juez federal Canicoba Corral le envió un oficio a fines del año pasado, preguntándole en el marco de qué investigación se había ingresado a la base de datos de Migraciones, para conocer las entradas y salidas del país, por parte del gobernador Arcioni, en abril y diciembre del año 2018. “La clave era usada por varias personas del equipo multidisciplinario”, explicó el procurador a esta agencia, aludiendo a la unidad de investigación habilitada para casos especiales (que involucra delitos específicos), pero separó preventivamente al agente policial que tenía a su cargo la dirección IP desde la que se produjo el acceso.

Más llamativo aun, según advierten observadores que empezaron a prestar atención al caso, es que el agente policial que accedió a la base utilizando esa clave, sin que mediara una investigación judicial, está sospechado de haber cometido un delito (y no una mera falta administrativa),  pese a lo cual no se conoce el resultado del sumario iniciado y, además, sigue prestando servicio en las fuerzas policiales.

Una mala película de espías, pero con consecuencias reales

La curiosidad del caso se incrementa cuando se abona la sospecha, según trasciende de la investigación iniciada por el fiscal Daniel Báez en la provincia, de que el agente policial que informó al vicegobernador Sastre sobre un presunto “carpetazo” en su contra, sería hijo del policía que fue desplazado de la unidad multidisciplinaria por haber usado la clave de Migraciones de forma ilegal.

El resumen de una mala película de espías con bajo presupuesto sería más o menos así: un policía caído en desgracia, aunque no del todo, busca congraciarse con el vicegobernador, enfrentado políticamente a su ex compañero de fórmula, llevándole información sobre presuntas maniobras en su contra (¿por parte de su ex aliado político, hoy enfrentado?). Otra hipótesis: si hay tanta liviandad en el manejo de la clave para acceder al sistema de Migraciones, ¿cuántas personas más tienen ese libre acceso, para espiar a quiénes y con qué fines? Y los curiosos –y mal pensados, para qué negarlo-  van más allá: ¿fue sólo la inquietud de un policía indiscreto, o el seguimiento se hizo con conocimiento de otras áreas jerárquicas?

 Vale recordar que la ley de Inteligencia Nacional 25.520 establece penas severas para quienes vulneren las condiciones en las que se permite realizar este tipo de investigación, en determinadas circunstancias, en las que se habilita la recolección de datos e información ante hechos y conflictos que ponen en riesgo “la defensa nacional y la seguridad interior”, según estipula la norma. Pero además, el Código Penal penaliza lo que denomina delitos contra la libertad y violación de secretos y de la privacidad: se prevén penas de hasta seis meses de prisión para quien “a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido”. Y la pena puede llegar hasta un año de prisión, cuando el perjuicio se perpetra con un dato o sistema informático de un organismo público estatal. Por eso es llamativo que el agente policial en cuestión no haya sido objeto de una investigación penal en la provincia, independientemente de las actuaciones que sigue impulsando Canicoba Corral.  

El espionaje a personajes nacionales llega hasta Messi

El propio gobernador Arcioni restó trascendencia al presunto espionaje en su contra. “Yo no tengo ningún problema en que me investiguen absolutamente todo, aunque no quedó claro si venía de policías de la provincia o del gobierno nacional”, señaló en rueda de prensa, al parecer sin estar enterado de lo que el propio procurador general había reconocido públicamente.

Lo cierto es que la investigación de Canicoba Corral no arrojó todavía resultados concretos, más que el hecho de que se siguen sumando nombres de personalidades que supuestamente habrían sido objeto del presunto espionaje. El último de los nombres rutilantes se sumó esta semana, ya que nada menos que Lionel Messi también formaría parte del listado, según informaron medios nacionales, en este caso con el supuesto objeto de verificar su vínculo con una empresa mencionada en el caso de los “Panamá Papers”.

El listado se completa con un amplio número de jueces y fiscales federales, además de reconocidos empresarios del ámbito nacional y un grupo de 9 gobernadores, entre los que se encontraban, además de Arcioni, Alicia Kirchner.